Ente estatal, logística y pagos

Sobre la base de las declaraciones del ministro Mario Marcel, la propuesta previsional del Gobierno va a traer consigo la creación de un ente público para la administración de las cuentas de ahorro previsional.

La razón sería que generaría menores costos y sería más simple para los afiliados; en teoría un organismo autónomo y centralizado sería eficiente. Sin embargo, hay que ser enfáticos en que esto sería la teoría, debido a que no hay ningún estudio que compruebe lo anterior.

La experiencia chilena señala que las administradoras privadas han demostrado eficiencia. Es cuestión de recordar los retiros de fondos de pensiones, donde se transfirieron cerca de 52 mil millones de dólares a más de 11 millones de afiliados, utilizando diferentes canales de manera expedita y transparente.

Esto se contrapone con lo sucedido con la PGU. El pago de esta pensión básica está a cargo de Instituto de Previsión Social (IPS) de administración estatal, y en agosto se iba a ampliar el número de receptores para llegar al 90% de los mayores de 65 años. Sin embargo, esto no sucedió: el Estado no logró cumplir con los plazos, lo que retrasó el pago en un mes para una parte importante del universo. De esta manera, el 30% de los mayores de 65 años no recibirá los 190 mil pesos que le corresponderían en agosto.

Recientemente, Bolivia hizo una reforma que buscaba centralizar el sistema de pensiones en un organismo estatal. Esta se realizó en 2010 y ¿resultado? No lo sabemos. La entrada en acción de la gestora aplazó en el tiempo y, hasta el día de hoy, aún no administra dinero y solo ha generado pérdidas en su instalación.

¿Qué podemos concluir? No hay nada que garantice que la formación de un ente estatal para la administración de cuentas va a generar mejoras para los afiliados. La experiencia reciente señala que se estarían generando riesgos y no solucionando el problema de las bajas pensiones.