Opinión
En septiembre próximo, toda ciudadana y todo ciudadano habilitado(a) para votar debe hacerlo. Esta obligatoriedad fortalece el acto democrático que significa el plebiscito de salida, anticipando no solo una alta concurrencia en las urnas, sino también interés de quienes buscan informarse y ser parte del ejercicio histórico de votar una Constitución. Sumado a esto, la propuesta constitucional se reparte en las calles, haciendo que el debate político no esté relegado a círculos de expertos, como en el pasado, sino a espacios estudiantiles, familiares, de trabajo, haciendo que la decisión final acerca del texto –por primera vez en nuestra historia– se discuta entre actores a quienes, hasta ahora, solo les tocaba ser espectadores de las normas que regían sus vidas por generaciones.
El plebiscito de salida del 4 de septiembre culmina un proceso que responde institucionalmente a demandas del estallido social. Pero es injusto acotar el debate solo al 18-O para comprender la importancia del plebiscito y la propuesta constitucional, pues este tiene un giro histórico sin precedentes, que marca un hito en la memoria chilena y que hace de esta votación una de las más importantes en la historia del país: una Constitución democrática, transparente e inclusiva.
Por primera vez, en Chile, sin importar las opciones e ideas políticas del electorado, se votará una Constitución dentro de un contexto de libre acceso a la información y elección. Algo que hoy parece una obviedad, es un hecho que con estas cualidades no se ha vivido anteriormente en el país, pues la redacción de anteriores constituciones se hizo de tal modo, que solo pequeños grupos de las elites del momento fueron quienes redactaron la Carta Fundamental. O bien, como la actualmente vigente, se votó en contexto represivo y de fuertes restricciones informativas y de libertades individuales.
Lo que actualmente tenemos es una propuesta constitucional elaborada por un organismo especialmente convocado para esa función, con un 100% de representantes popularmente elegidos, con mecanismos que atenuaron brechas y desigualdades sociales endémicas de nuestra sociedad, mediante escaños reservados para pueblos indígenas y paridad de género, que aseguraron la diversidad y pluralidad del poder constituyente y del texto de la nueva Constitución.
En septiembre próximo, toda ciudadana y todo ciudadano habilitado(a) para votar debe hacerlo. Esta obligatoriedad fortalece el acto democrático que significa el plebiscito de salida, anticipando no solo una alta concurrencia en las urnas, sino también interés de quienes buscan informarse y ser parte del ejercicio histórico de votar una Constitución. Sumado a esto, la propuesta constitucional se reparte en las calles, haciendo que el debate político no esté relegado a círculos de expertos, como en el pasado, sino a espacios estudiantiles, familiares, de trabajo, haciendo que la decisión final acerca del texto –por primera vez en nuestra historia– se discuta entre actores a quienes, hasta ahora, solo les tocaba ser espectadores de las normas que regían sus vidas por generaciones.
Comprender la histórica especificidad y unicidad de este plebiscito es constatar que Chile ha avanzado en una senda democratizadora, que se expresa no solo en el cuerpo de nuevos derechos que garantiza la nueva Carta Fundamental, sino en el proceso social de revisión y crítica del pasado reciente que lo ha instalado y legitimado por medio de una diversidad y pluralidad de actores involucrados en cada uno de los procesos que se han sucedido desde el 18-O hasta septiembre próximo.
