Opinión
Es muy complejo definir el equilibrio de un sistema político ante la valoración que regularmente realizan los ciudadanos tanto para la participación democrática como para la eficacia en la acción de las autoridades para resolver los problemas de esos mismos ciudadanos. Más complejo aún es el hecho de que se demanda participación, pero son muy pocos los que efectivamente participan, pues más bien esperan que alguien se haga cargo, pero que lo haga bien. El diseño del sistema político propuesto en la nueva Constitución pareciera poner un fuerte acento en el aumento de la participación ciudadana y en el mayor control sobre las autoridades, pero si no se cumple la tautología de que el poder pueda, estaríamos en una situación extraña.
La tautología de que el poder pueda es una exigencia básica de toda autoridad establecida. Un poder impotente es un contrasentido no solo lógico, sino también social. Al poder se le exige que actúe, que se imponga, que realice lo que se espera que realice, de manera que es habitual que el descontento ante ciertos problemas se exprese con indignación en la acusación de que las autoridades no hacen nada.
Pero a la exigencia de que el poder pueda se agrega en la política moderna el que no pueda tanto. Las complejidades de la democracia insistirán porfiadamente en controlar a las autoridades y limitar sus posibilidades de acción.
La propuesta de nueva Constitución, sobre la que ya se cruzan apuestas de aprobación o rechazo, es bastante generosa en la introducción normativa de nuevas orientaciones de valor cuyo respeto se exige como derecho, tal es el caso de la relevancia que adquieren la perspectiva de género, el reconocimiento a los pueblos originarios, la defensa de la naturaleza, la valoración de los animales y otros reconocimientos de valores emergentes. También recupera reivindicaciones clásicas en cuanto a garantizar derechos sociales como educación, salud, vivienda y previsión.
El tema es que la deriva de la pretensión democrática introduce en el sistema político regulaciones para que la autoridad cada vez pueda menos. No solo están los derechos ante el poder, sino además la división de poderes, los organismos autónomos, los controles del poder, los procedimientos de equilibrio, las limitaciones. El sistema político se hace cada vez más lento y pesado.
A la consideración de esos parámetros generales, que contribuyen a la definición de un sistema político, sus potencialidades y controles, se tiene que agregar una serie de disposiciones que profundizan su caracterización en términos del predominio de una autoridad menguante, como es el caso de las autonomías territoriales indígenas y la necesidad de contar con la aprobación de los pueblos originarios en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución, una profundización de la regionalización y de poder local, la generalización de instancias políticas de carácter colegiado, las audiencias públicas de las autoridades, consultas ciudadanas, referendos nacionales, regionales y locales, en la iniciativa popular de ley o para derogación de ley, en nuevos organismos autónomos.
Aunque no se puede negar que mayor participación ciudadana y distribución del poder pueden entenderse como mayor democratización, también es necesario considerar que un sistema político tiene que tener capacidad de decisión y de imponer esa decisión, o resulta ineficiente para enfrentar las tareas y problemas que precisamente justifican la existencia de autoridad.
Pero el problema no solo está en las dificultades de conciliar eficiencia con participación, sino que es necesario también considerar el contexto social en el cual se pretende aumentar la distribución y participación en el poder político. Se trata de un contexto social de fuerte y extendida apatía política en términos de participación institucional.
Todos los intentos que se han hecho para entusiasmar a los ciudadanos han fracasado: voto obligatorio, voto voluntario, sistema binominal, sistema proporcional, elección de autoridades regionales, paridad de género, cupos para pueblos originarios, promoción y facilidades para candidaturas independientes. Nada. La participación en la elección de convencionales constituyentes no superó el 40%
En todo caso es muy difícil que la tendencia consolidada a una despolitización sea revertida en el corto plazo. De manera que parece poco probable que las múltiples instancias de participación que establecería la nueva Constitución, si es aprobada, sean efectivamente utilizadas por la gran mayoría de la población. Por el contrario, más bien pueden ser copadas por minorías consistentes para imponer particulares intereses, lo que podría volver a restar legitimidad al sistema, generando nuevas posibilidades de fractura.
Es muy complejo definir el equilibrio de un sistema político ante la valoración que regularmente realizan los ciudadanos tanto para la participación democrática como para la eficacia en la acción de las autoridades para resolver los problemas de esos mismos ciudadanos. Más complejo aún es el hecho de que se demanda participación, pero son muy pocos los que efectivamente participan, pues más bien esperan que alguien se haga cargo, pero que lo haga bien.
El diseño del sistema político propuesto pareciera poner un fuerte acento en el aumento de la participación ciudadana y en el mayor control sobre las autoridades, pero si no se cumple la tautología de que el poder pueda, estaríamos en una situación extraña.
Lea acá el artículo en su versión extendida: Meditaciones sobre el sistema político
