¿Aprobar para reformar? El PC y el Frente Amplio tienen razón

El argumento del Socialismo Democrático es más o menos el siguiente: somos parte de la izquierda. Esa es nuestra historia, nuestra identidad, nuestro domicilio político. Por muchas imperfecciones que pueda tener el borrador que se nos ofrece, y las tiene, no se entendería que estuviésemos por el Rechazo, incluso en la perspectiva de una nueva Constitución. El texto constitucional no es perfecto, mas se acerca a lo que siempre soñamos. Ahí están el Estado Social y Democrático de Derecho, que es el entierro definitivo del principio de subsidiariedad de la Constitución de 1980. De hecho, es el funeral definitivo de esta última.

¿Cómo podríamos restarnos de una oportunidad histórica como esta? Ahí están los temas de género, pueblos indígenas, naturaleza y medio ambiente. ¿Vamos a votar con la derecha? Sería impensable. Eso es para Amarillos, y nosotros somos Rojos; bueno, en realidad, rojos y verdes (color turquesa, como se dice ahora). Este es nuestro Gobierno, nuestros aliados naturales son el PC y el Frente Amplio. Es cierto que cuando buscamos ir a una primaria con estos, y nos dieron un portazo en las narices, aquel fatídico día miércoles, cómo olvidarlo, nuestra candidata Paula Narváez dijo, ante todo el país, “el PC y el Frente Amplio no son garantía de gobernabilidad”. Pero así es la política, con sus vaivenes y veleidades, avances y retrocesos, luces y sombras. No vamos a arrugar ahora que somos Gobierno, con el Presidente Boric a la cabeza, ahora que la Convención Constitucional ha logrado un acuerdo con los dos tercios de sus miembros, los 103 votos exigidos por la reforma constitucional de diciembre de 2019.

Es cierto que el PC votó en contra de esa reforma y que se restó del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019; es cierto también que Convergencia Social dejó solo al entonces diputado Boric al momento de suscribir ese acuerdo, y que le quitó el piso, pero son ellos, no nosotros, los que tienen que dar las explicaciones del caso. Por lo demás, ¿quién no tiene contradicciones? Es demasiado lo que está en juego y no hay forma en que podamos eludir nuestra responsabilidad. El juicio de la historia sería lapidario, y no habría perdón ni olvido.

Ahora bien, es cierto que este texto constitucional no es perfecto, y tiene muchas imperfecciones que hay que corregir. Eso hay que dejarlo estampado antes del 4 de septiembre, en aras de la transparencia. Aunque inicialmente el Presidente Boric habló de hacerlo después de esa fecha, seguramente por presiones del PC, y del propio Frente Amplio, y como el Presidente es inteligente, se dio cuenta que no habría un después si ganaba el Rechazo, y nos “instó” a hacerlo antes de esa fecha. Nosotros no podemos fallarle al Presidente y tenemos que explicitar antes del 4 de septiembre aquellas reformas que vamos a impulsar después de esa fecha.

El PPD ya hizo su parte, con algunas reformas cosméticas, como cambiar el nombre de los sistemas de justicia por Poder Judicial y el de Cámara de las Regiones por Senado de las Regiones, y otras bastante sustantivas, como evitar la reelección presidencial, restablecer la iniciativa exclusiva en materia económica, reponer el Estado de Emergencia y la propiedad industrial, y definir un sistema electoral que asegure la gobernabilidad, entre otras. Ahora tenemos que explicitar públicamente nuestra postura como Socialismo Democrático, con o sin acuerdo de los compañeros del PC y el Frente Amplio. La razón es muy simple: si no lo hacemos antes del 4 de septiembre, existe la posibilidad de que gane el Rechazo, y ahí sí que se va todo a las pailas.

El argumento del PC y el Frente Amplio es más o menos el siguiente: la Convención Constitucional es la expresión de la soberanía popular. Ella es la respuesta al estallido social y las demandas del pueblo chileno largamente postergadas. Es cierto que entre nosotros tuvimos diferencias en octubre y noviembre de 2019, pero esa es historia. Es cierto también que en el debate nuestros convencionales constituyentes tuvieron algunas diferencias. También las tuvimos con el Colectivo Socialista, pero nadie puede negar que esa Convención fue generada democráticamente, de acuerdo a las reglas y que, más allá de las discusiones que tuvimos entre nosotros mismos por el tema de los quórums, lo cierto es que todas y cada una de las normas fueron aprobadas por dos tercios de sus miembros. La Convención tiene plena legitimidad democrática formal.

Como Apruebo Dignidad supimos lograr un amplio acuerdo con los Colectivos de izquierda y de los movimientos sociales, con los independientes y los pueblos indígenas. Hubo momentos en que hubo dudas de que seríamos capaces de ponernos de acuerdo, pero lo hicimos. Además, en materia de presidencialismo, supimos ponernos de acuerdo desde Marcos Barraza hasta Marcela Cubillos, desde el PC a la UDI, por lo que nadie podrá acusarnos de sectarios. En materia de sistema de gobierno participaron también Hernán Larraín Matte y Cristián Monckeberg. El resto de la historia es bien conocida. Esta Constitución es la lápida definitiva del modelo neoliberal y la Constitución de Pinochet. Lo que corresponde es cerrar filas y jugarnos por el Apruebo sin más, sin matices.

Por cierto, que todo es perfectible, pero eso lo veremos después del 5 de septiembre. Ahora bien, los compañeros de socialismo democrático hablan de Aprobar para reformar. Pero, ¿qué significa eso?, ¿que vamos a hacer todo este esfuerzo para empezar a reformar una vez que el texto sea aprobado el 4 de septiembre? ¿Vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano? ¿Vamos a volver a la “cocina” para que un sector de la elite política, incluso de los partidos de izquierda o del Socialismo Democrático, se pongan de espaldas a la soberanía popular? ¿Quién nos dio ese mandato? ¿Vamos a Aprobar para luego reponer el Senado, o eliminar el Estado Plurinacional o las Autonomías Territoriales Indígenas que tanto escozor causan en la derecha, o vamos a volver a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia económica, que ha sido una de las principales banderas del neoliberalismo?

Nosotros creemos que hay que Aprobar sin más (PC) o Aprobar para implementar (Frente Amplio), en el entendido que hay 61 leyes que dictar en los próximos meses y años y 73 adecuaciones normativas según un reciente informe de la Secretaría de la Cámara de Diputados. Ahí hay un trabajo descomunal que hacer y que debe emplear todas nuestras energías, y del actual Parlamento. Hay que arremangarse e implementar, más que andar anunciando reformas que lo único que hacen es confundir. Además, hay una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma de salud que están en nuestro programa y que son reformas estructurales que hemos comprometido con el pueblo chileno.

Entonces, entendiendo que toda obra es perfectible, y que ya habrá tiempo para hacer los mejoramientos que surjan en el camino, Aprobar para reformar nos parece que nos desvía de los objetivos que nos hemos trazado, confunde al pueblo, ralentiza el impulso reformador y tiende a poner un manto de duda sobre el trabajo de la propia Convención. Concentremos todas nuestras fuerzas en el triunfo del Apruebo y no entreguemos armas o argumentos a nuestros adversarios políticos, la derecha y sus compañeros de ruta como Amarillos por Chile, un sector de la DC y algunas voces de la centroizquierda por el Rechazo, que solo le hacen el juego a la derecha.

¿Cuál de las dos coaliciones –porque está claro que son dos coaliciones– tiene razón, la del Socialismo Democrático o Apruebo Dignidad, sin perjuicio de los matices que existen en uno u otro sector?

Me inclino por encontrarles la razón al PC y al Frente Amplio.

La euforia que seguiría al triunfo del Apruebo hace que sea una quimera intentar reformar la Constitución recién aprobada. Una vez que se aprueban, las constituciones tienden a quedarse, para bien o para mal. Salvo cambios cosméticos, en el margen, bajo la filosofía de que toda obra humana es perfectible, las normas y las instituciones del borrador propuesto, en el supuesto de que gane el Apruebo, estarían para quedarse. La longevidad de los textos constitucionales es una característica de la historia de Chile. No hablo solo de las constituciones de 1828, 1833 y 1925, sino de la misma Constitución de 1980, que, a pesar de su total carencia de legitimidad de origen, y de las 60 reformas habidas en los últimos 32 años –solo el 24% del texto actual corresponde al original de 1980–, incluyendo la de 2005, aún subsiste entre nosotros.

Si eso ocurre con un texto constitucional aprobado en dictadura, con cuánta mayor razón perviviría un texto aprobado en democracia, habiendo cumplido la Convención con todos los requisitos de legitimidad democrática formal: sus miembros fueron elegidos democráticamente, de acuerdo a las reglas, y todas y cada una de sus normas fueron aprobadas por dos tercios de sus miembros. Súmele a lo anterior una ratificación plebiscitaria, y nos encontraremos con una Constitución dotada de máxima legitimidad.

¿Para entonces empezar a reformarla? ¿Con qué título, con qué mandato popular, bajo qué reglas? El Presidente Boric y el Gobierno tienen razón: esta es una elección binaria, de Apruebo o Rechazo, no hay tercera vía. No existe la alternativa de Aprobar para reformar, que a todas luces es una tercera vía. Solo hay Plan A (Aprobar) o Plan B (Rechazar).

Se supone que el Socialismo Democrático explicitará su proyecto de reformas en los próximos días, con o sin el acuerdo de Apruebo Dignidad, según han dicho sus dirigentes. Y surge entonces la pregunta: ¿con cuántos votos del PC y el Frente Amplio cuentan los partidos del Socialismo Democrático para reformar?, ¿o van a decirnos que las reformas tendrán lugar con los votos del Socialismo Democrático y la derecha (porque la actual directiva de la DC se ha manifestado más cercana del PC y el Frente Amplio que del Socialismo Democrático)?

No está claro cuáles van a ser las reformas que van a impulsar los partidos del Socialismo Democrático –aparentemente lo sabremos en los próximos días– y menos claro aún está con cuántos votos cuentan, del PC o Frente Amplio, o de la DC.

Lo que está claro, entonces, es que la única forma de avanzar hacia una nueva Constitución que no sea el texto vigente, o exactamente el borrador que se propone –porque en eso consiste el Aprobar para reformar–, es a través del Rechazo; un Rechazo para una nueva y buena Constitución.

Casi me mataron cuando escribí un tuit el 04/02 en favor del Plan B (nunca he pensado en un Plan C): “Si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas comisiones de la Convención son ratificadas por los 2/3 del Pleno, habrá que ir pensando en un Plan B que reponga la sensatez y la cordura”. Pues bien, el Plan B consiste en dotar de contenido al Rechazo y eso se logra con los dos proyectos de reforma constitucional que han ingresado al trámite parlamentario los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, con Iván Flores (DC) y Pedro Araya (Independiente PPD) en un caso y Fidel Espinoza (PS) en el otro; es decir, que la Constitución puede ser reformada por 4/7 y que se reforme el artículo 142 para que, en caso de que triunfe el Rechazo, el Presidente de la República envíe un proyecto de reforma constitucional convocando al pueblo a continuar y concluir el proceso constituyente en marcha.

Me manifiesto desde ya partidario de una nueva Convención con un plazo de 6 meses (la verdad es que el debate constitucional está prácticamente concluido), con 70 miembros (como en la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991), un distrito nacional con listas cerradas (de tal forma que los partidos coloquen a la cabeza de las mismas a sus mejores constitucionalistas), sin “listas” de independientes, con escaños reservados en proporción a la participación electoral (y no como en la elección en que, con el 22% de participación, se proveyó el 100% de los escaños) y sin partir de cero (porque este es un trabajo acumulativo), sometiendo la propuesta final a un plebiscito de salida (no habría plebiscito de entrada).