“Infraestructura crítica”: un proyecto problemático para Chile y su seguridad

Hace unas semanas fue derrotado el llamado proyecto de “infraestructura crítica”, presentado originalmente por legisladores de Evópoli y Renovación Nacional. Más allá de su atribulada historia legislativa, creo importante que se sopesen las profundas implicancias que tiene para la construcción de la Seguridad en nuestro país. Si bien ya ha habido críticas al proyecto, como por ejemplo en un editorial de El Mostrador y por parte del centro de estudios  “Athenalab”, estas en general giran en torno al impacto que puede tener en nuestras Fuerzas Armadas y en los peligros que implica el rol del Ejecutivo en el ejercicio de esta protección a la infraestructura  crítica. Si bien concuerdo en que esta es una dimensión importantísima, y con un impacto negativo, creo que el análisis debe ir aún más allá: hay un riesgo para el cómo se entiende la seguridad en general, y la Seguridad Interior en específico, con impactos negativos previsibles en, por ejemplo, nuestras instituciones policiales, como Carabineros.

Este proyecto le permite al Presidente de la República involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior, como sería la custodia de infraestructura crítica cuando esta esté ante un peligro grave o inminente. El primer problema de esto es que se pasa a utilizar a las FF.AA. en tareas distintas a la Defensa, por lo que se requerirá reentrenar a los efectivos involucrados en tareas distintas a la guerra, revisar normativas de enfrentamiento y el armamento a utilizar, a la vez que se tensiona la relación cívico-militar al aumentar los potenciales choques entre nuestra población y las Fuerzas Armadas.

No hay que olvidar lo vital que es este último punto, ya que la Defensa, así como la Seguridad Nacional, no son tareas exclusivas de las FF.AA., sino que son tareas de toda la sociedad, y que necesitan un adecuado apoyo  ciudadano. Sin este apoyo ciudadano irrestricto, es imposible que el factor Defensa lleve adelante sus tareas de manera óptima. Finalmente, todo esto se enmarca en un contexto internacional y regional cada vez más imprevisible, con problemas migratorios, con un alza del poder del crimen organizado transnacional, y la amenaza de la crisis climática aumentando sus efectos de manera transversal. ¿Podemos hoy en día darnos el lujo de distraer nuestra Defensa Nacional en tareas que no son de su competencia?

Con todo, los efectos relacionados con el factor Defensa no son los únicos que produce esta nueva política. Al hacer más borrosa la división entre Defensa y Seguridad Interior, se genera la  legitimidad para hacer responsables a las FF.AA. de más tareas de Seguridad Interior en el futuro. Esta situación puede llevar a que se deje de lado el fortalecimiento policial, que son las instituciones encargadas de la Seguridad Interior, dado el progresivo uso de las Fuerzas Armadas en las tareas complejas del ámbito interior. Así, ante la disyuntiva de fortalecer a las policías para retirar a los militares o mantener a estos últimos, ¿se profundizará este involucramiento o se reforzarán las policías? La decisión política de retirar a las FF.AA. de tareas que no les corresponden es compleja, ya que deben estar muy claros los objetivos a lograr, así como los costos políticos que su ingreso y su retiro implicarán ante la sociedad y ante el resto del mundo político.

En cuanto a Carabineros, que se le quiten tareas para entregárselas a otras instituciones solo puede ser algo negativo. Su reemplazo implica de manera explícita un cuestionamiento, y el  que se vuelva ley, lo convierte en algo permanente, no excepcional. Carabineros tiene unidades de operaciones especiales, así como organismos de inteligencia que deberían ser capaces tanto de detectar amenazas inminentes como de tomar las medidas necesarias para neutralizar las mismas. Si se estima que Carabineros no es capaz de realizar esta función, entonces lo que corresponde es reforzar, sistemática y planificadamente a la institución, con recursos humanos, organizacionales, infraestructurales y materiales, con tal de que pueda hacerse cargo de sus distintas funciones de manera óptima.

Hoy Carabineros es una institución policial de carácter militarizado. Esta característica no es extraña en el mundo, donde en numerosos países instituciones policiales civiles y militarizadas conviven de manera complementaria. Justamente este carácter militar está relacionado con funciones que requieran una mayor capacidad de despliegue y de fuego que el disponible para una policía civil. Por ende, por definición, Carabineros de Chile tiene la capacidad de hacerse cargo del tipo de situaciones como las descritas en el proyecto, es decir, proteger y adelantarse a las  amenazas graves a nuestra infraestructura.

Cruzar la línea que diferencia la Defensa de la Seguridad Interior es un riesgo altísimo, máxime cuando nuestro país no tiene definiciones claras en torno a los distintos tipos de seguridad utilizados, carece de una arquitectura de Seguridad Nacional que potencia la Interagencialidad, y la reforma a nuestro sistema de inteligencia del Estado avanza lentamente hace años. Estas situaciones combinadas pueden potenciar aún más el riesgo de militarizar la Seguridad Interior. Aprovechando las indefiniciones y vacíos institucionales, la “salida fácil” de movilizar a las  FF.AA., debilitando nuestra Defensa y nuestras policías, es un riesgo que no estamos en condiciones de sobrellevar.

Si queremos hacernos cargo de posibles ataques a nuestra infraestructura crítica, se debe potenciar la institucionalidad de seguridad, integrando tanto a la Defensa como a la Seguridad Interior. Solo potenciando nuestras policías (en este caso principalmente a Carabineros de Chile), reformando nuestro sistema de inteligencia y construyendo una arquitectura de seguridad nacional, que integre a uniformados y civiles, y que apunte a la interagencialidad, con un marco conceptual claro, podremos avanzar en soluciones que no arriesguen a nuestro país, a nuestra Defensa y a nuestra Seguridad Interior.