EDITORIAL
La carencia de recursos y métodos policiales, aptos para apoyar de manera sistemática la acción permanente que pueden desempeñar los municipios, afecta la eficiencia de las políticas. También la ausencia de los ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, para tener, en sincronía con los municipios, una política nacional de ciudad. Incluso falta la presencia del Ministerio Público y su opinión experta en materia persecutoria. A lo que hay que agregar el cubrimiento de calles completas con toldos que impiden que funcionen las cámaras de seguridad o los drones de las policías, primer paso para la “privatización de la calle” por bandas criminales.
El paso de la sociedad agrícola a una industrial y urbana, hizo de las ciudades la imagen misma de la modernidad y el desarrollo. En su historia, por cierto, casi todas han tenido momentos de miseria o precariedad. Ya se habló del Sector Informal Urbano en América Latina en la década de los 80 del siglo pasado; pero el crecimiento y el buen gobierno –a muchas grandes ciudades– las compuso. Chile no fue la excepción y el éxito económico de los años 90 y 2000, llevó a los políticos, por ejemplo, a definir Santiago como una ciudad de clase mundial; de tal sueño, poco o nada queda.
La ira social de la desigualdad de fines de 2019 devoró la ciudad. Destruyó parte relevante de su mobiliario urbano, y llenó de precariedad parques, calles y plazas. Como una caspa urbana irreductible, gran parte de las ciudades mayores del país, no solo Santiago, se transformaron en espacios de vida inestable, más atenta a los botones de pánico y crisis de seguridad que a otra cosa.
La ecología política ciudadana en Chile se mueve hoy entre la informalidad económica, la inseguridad frente al crimen, y el gobierno de los municipios, bueno o malo, por el que pasan las principales decisiones de lo cotidiano. La basura, la salud, los colegios públicos, las redes de apoyo. El Estado central ha perdido gravitación en su capacidad de ordenar políticas generales de uso de espacios públicos, poco se habla de equidad territorial y sus principales agentes urbanos: las policías, el Ministerio de Vivienda y el de Transportes.
Empresas emblemáticas, como el Metro de Santiago, se han transformado en centros de comercio informal. Ello ocurrió de manera paulatina y con la tolerancia de sus autoridades, mucho antes del estallido social. Hoy, pese a los esfuerzos por desalojar el comercio informal, se entregan de manera incontrolada patentes comerciales y permisos de todo tipo.
En esta ecología social, ha irrumpido y hecho crisis cultural una parte de la migración, la más precaria, que ha llenado las veredas de venta de comida callejera y que, carente de recursos, es presa fácil de bandas criminales expertas en la microextorsión callejera, la prostitución y los robos menores. Muchos son también habitantes de la calle, donde construyen chabolas, instalan carpas y viven en condiciones infrahumanas.
La semana pasada, la ciudad de Santiago estuvo jalonada por lo que aparenta ser un plan gubernamental para recuperación de espacios públicos. Ya en abril de este año, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago hizo funcionar una Mesa Regional de Comercio Ambulante y Espacio Público, con los alcaldes de la RM, donde estuvieron los subsecretarios del Ministerio del Interior, Monsalve y Vergara, comprometiendo todo el apoyo del Gobierno a la iniciativa. Pero hasta ahora poco más se ha avanzado.
Por lo mismo, el impacto de las políticas es aún muy limitado, sin la simultaneidad y despliegue de recursos que realmente bloqueen un problema que ya parece muy arraigado en la ciudad. Los lugares recurrentes de comercio están marcados por mayor afluencia o circulación de personas y zonas de articulación de transporte colectivo urbano e interurbano. Los lugares de vivienda irregulares son calles, plazas, parques o puentes que existan.
La carencia de recursos y métodos policiales, aptos para apoyar de manera sistemática la acción permanente que pueden desempeñar los municipios, afecta la eficiencia de las políticas. Como la afecta también la ausencia de los ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, para tener, en sincronía con los municipios, una política nacional de ciudad. Incluso falta la presencia del Ministerio Público y su opinión experta en materia persecutoria.
En este último caso, llama la atención la renuencia de los comerciantes ilegales a abandonar su actividad y el grado de resguardo en seguridad que a veces exhiben frente a las policías o terceros. En general, oponen una resistencia activa, levantan barricadas y hasta han ocasionado la muerte de una periodista por disparos a mansalva en contra de un grupo de manifestantes.
Algo que se debe recordar es que muchos de los actores callejeros son inmigrantes precarios y casi sin derechos. Y que en esa masa de comercio ilegal hay conductas delictuales, que van desde el pago forzoso a delincuentes que se declaran dueños del lugar donde alguien quiera ejercer su comercio. Eso, hasta extorsiones, prestamos usureros con cobros violentos, práctica de prostitución infantil, amparo de robos o cobro por protección, entre otros delitos.
El cubrimiento de calles completas con toldos que impiden que funcionen las cámaras de seguridad o los drones de las policías es el primer paso para la “privatización de la calle” por bandas criminales.
