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Pese a las presiones de China, desde donde afirmaban que estaban «firmemente opuestos» a la publicación del informe, finalmente la ahora ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó el último informe en su cargo, en donde se refiere a las denuncias de graves violaciones de los DDHH contra la etnia uigur, mayoritariamente musulmana, en la región china de Xinjiang (noroeste). En el informe, advierte que en la zona se han cometido «serias violaciones a los derechos humanos», y que las acusaciones de «patrones de tortura» son «creíbles». Es más, en su análisis, se detallan posibles crímenes de lesa humanidad. [ACTUALIZADA]
Michelle Bachelet dejó este miércoles su cargo, tras más de 4 años, de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Y justo este día se esperaba su último informe, el que tuvo a varios países en vilo. Se trataba del informe final sobre las denuncias de graves violaciones de los DDHH. contra la etnia uigur, mayoritariamente musulmana, en la región china de Xinjiang (noroeste), pese a la presión ejercida por Beijing para impedirlo.
«El informe será publicado de aquí al final del día», dijo Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. «Más vale tarde que nunca. Este será un momento decisivo», agregó, en declaraciones a la AFP, Sophie Richardson, directora de la ONG Human Rights Watch para China. Ese informe -indicó- mostrará «que ningún Estado está por encima de la ley».
En el lado de China, un portavoz decía este miércoles que Beijing seguía «firmemente opuesta» a la publicación de dicho informe. Sin embargo, y pese a estas presiones, Bachelet y su ahora exoficina de Derechos Humanos hizo público el informe, advirtiendo que en la zona se han cometido «serias violaciones a los derechos humanos», y que las acusaciones de «patrones de tortura» son «creíbles».
Es más, en su análisis, detallan posibles crímenes de lesa humanidad. «Se han cometido graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo’. La implementación de estas estrategias y políticas asociadas ha llevado a patrones entrelazados de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes a menudo afectan directa o indirectamente a los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas», dice el informe.
«Estas violaciones de derechos humanos, como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema legal antiterrorista’ nacional que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan amplia discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes investigativos, preventivos y coercitivos, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente. Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha llevado en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en los llamados VETC (centros vocacionales de educación y entrenamiento, por sus siglas en inglés) y otras instalaciones, al menos entre 2017 y 2019″, añade.
«El tratamiento de las personas detenidas en el sistema de las llamadas instalaciones VETC es de igual preocupación. Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluido el tratamiento médico forzoso y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género. Si bien la información disponible en esta etapa no permite sacar conclusiones firmes sobre el alcance exacto de tales abusos, está claro que la naturaleza altamente securitizada y discriminatoria de las instalaciones VETC, junto con el acceso limitado a recursos efectivos o la supervisión por parte de las autoridades , proporcionan un terreno fértil para que tales violaciones se produzcan a gran escala», agregan.
«Los sistemas de detención arbitraria y los patrones relacionados de abuso en VETC y otros centros de detención se dan en el contexto de una discriminación más amplia contra los miembros de uigures y otras minorías predominantemente musulmanas basada en amenazas a la seguridad percibidas que emanan de miembros individuales de estos grupos. Esto ha incluido restricciones de gran alcance, arbitrarias y discriminatorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en violación de las normas y estándares internacionales. Estos han incluido restricciones indebidas a la identidad y expresión religiosa, así como los derechos a la privacidad y el movimiento. Existen serios indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación coercitiva y discriminatoria de las políticas de planificación familiar y control de la natalidad. Del mismo modo, hay indicios de que los esquemas laborales y de empleo con supuestos propósitos de alivio de la pobreza y prevención del ‘extremismo’, incluidos los vinculados al sistema VETC, pueden involucrar elementos de coerción y discriminación por motivos religiosos y étnicos», denuncia otra parte del informe.
«El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (…) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad», afirma el informe en sus conclusiones.
En el informe, Bachelet plantea una serie de recomendaciones, partiendo por adoptar «medidas inmediatas para poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad».
Además, pide que China «esclarezca urgentemente el paradero de las personas cuyos familiares han sido buscando información sobre sus seres queridos, incluso proporcionando detalles de su ubicaciones exactas y establecer canales seguros de comunicación y viajes que permitan a las familias reunirse».
Bachelet también pide que emprendan «una revisión completa del marco legal que rige la seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y los derechos de las minorías para garantizar su cumplimiento de las normas vinculantes derecho internacional de los derechos humanos, y derogar urgentemente todas las leyes, políticas y prácticas contra uigures y otras minorías predominantemente musulmanas, en particular las que han dado lugar a las graves violaciones de derechos humanos detalladas en el presente diagnóstico».
En esa línea, la ONU solicita investigar las violaciones a los derechos humanos en cualquier ámbito y que cumpla con todas las investigaciones.
