La designación de un nuevo Fiscal Nacional

En los próximos meses, las autoridades de nuestro Estado procederán a designar nuevo Fiscal Nacional, corriendo el riesgo de repetir un proceso de enorme deslegitimación de una autoridad que parece hoy más importante que nunca.

La última vez que se hizo tal nombramiento el resultado fue desastroso. En el marco de las operaciones destinadas a detener las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política, tuvieron lugar oscuras negociaciones y reuniones privadas que dejaron la impresión, confirmada posteriormente por investigaciones periodísticas, de que el ejercicio consistió básicamente en tratar de conseguir de los candidatos garantías para el cierre de las causas que afectaban a amplios sectores de la clase política.

El resultado de semejante experiencia fue un enorme deterioro de la imagen pública del Ministerio Público, que hoy aparece como una institución débil y poco creíble, en especial en cuanto a la que es probablemente la principal expectativa del público: un trato igualitario a todos los ciudadanos por parte del sistema de justicia.

Creo que la percepción instalada es algo exagerada respecto de la realidad. No obstante, es muy relevante, especialmente dado el hecho de que estamos en medio de una crisis institucional de enorme magnitud, donde la confianza en las instituciones es mínima y donde se supone que estamos interesados en recuperarla.

Lo que sorprende es que aparentemente los actores a cargo de los órganos que deben designar pretenden repetir el proceso sin mayores cambios y, de hecho, ya han empezado las negociaciones para conversar candidatos aceptables para todos los interesados. Pareciera que les cuesta vincular la crítica situación en la que nos encontramos con sus prácticas habituales o que les falta imaginación para pensar en que las cosas puedan hacerse de un modo diferente.

Hay un buen ejemplo de cómo cambios de prácticas pueden traducirse en buenos resultados. Al inicio del gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, la Corte Suprema se encontraba en una situación de total desprestigio. El nuevo Gobierno ideó una serie de cambios de prácticas en las designaciones de jueces, sin una reforma institucional mayor, las que dieron lugar a una amplia participación y control público del proceso. El resultado fue la generación de una Corte prestigiosa y transversalmente reconocida por su independencia. El proceso a su vez fue considerado por años como un gran logro del Gobierno que lo promovió.

Sorprende que un Gobierno y un Congreso que parecen reconocer la crisis institucional como su principal desafío, se apresten a cometer un error tan grande con una institución clave para los problemas de seguridad y para la percepción ciudadana sobre las autoridades. Pareciera que el Gobierno sigue pensando que, por ser un grupo político nuevo, la ciudadanía no va a desconfiar y creerá que en una designación del fiscal opaca no se negociarán influencias, accesos y cercanías que luego tendrán efectos sobre la persecución.

Todavía están a tiempo de tomar medidas para lograr un cambio de percepción y generar un proceso a lo menos transparente, en el que puedan discutirse la trayectoria del candidato y sus propuestas, de manera amplia y documentada, sin reuniones privadas ni negociaciones anticipadas. Todo con el fin de que el nuevo fiscal o fiscala asuma con alguna credibilidad, con un cierto programa de trabajo cuyo cumplimento pueda ser controlado con posterioridad y sin que el proceso de designación lo condene fatalmente al aislamiento, como ocurrió la última vez.