PAÍS
Parlamentarios independientes del PPD evalúan la creación de una comisión especial en la Cámara, tras revelarse una polémica que involucra a la familia del ex Mandatario. El objetivo es «ver si efectivamente hay fondos públicos que hubieran servido para iniciar proyectos mineros que eventualmente hubiesen sido beneficiarios los Piñera Morel», según señaló el diputado Jaime Araya. Por su parte, el diputado Cristián Tapia, miembro de la Comisión de Minería, manifestó que “los antecedentes son muy graves, y es necesaria una comisión investigadora que llegue al fondo de esta situación que a todas luces se ve que hay manos negras metidas en este negocio». Asimismo, la diputada Marta González recalcó que «este tipo de actos, donde dineros públicos se usan para beneficiar a empresas privadas, de grandes grupos económicos, y más aún donde se involucra a la Presidencia de la República, son sumamente cuestionados y repudiados por la ciudadanía».
Diputados Independientes-PPD se encuentran recopilando antecedentes para presentar una Comisión Especial Investigadora, ya que según una investigación realizada por Ciper, durante el primer Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, la Corfo aportó recursos a tres proyectos mineros vinculados a la familia Piñera Morel: Pampa Camarones (Arica), Ciclón Exploradora (Taltal) y Don Gabriel, a través de dos Fondos de Inversión Privados (FIP), que son Esperanza y Co Inversión Minería Activa Tres.
En concreto, el 13 de marzo de 2013, la Corfo abrió una línea de financiamiento que permitió desarrollar estos proyectos mineros. Ese día se le otorgó una línea de crédito al FIP Minería Activa por más de US$23 millones. Si bien la familia del ex Presidente no participa en el FIP Minería Activa Tres, que recibió los recursos públicos, tiene participación, a través de los fondos Esperanza y Co Inversión Minería Activa Tres, en los tres proyectos que fueron financiados con los dineros de la Corfo.
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“Dada la gravedad de los antecedentes expuestos en el reportaje de Ciper, nos parece que lo prudente es analizar con detención dicha información y ver la procedencia de constituir una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, para ver si efectivamente hay fondos públicos que hubieran servido para iniciar proyectos mineros que eventualmente hubiesen sido beneficiarios la familia Piñera”, señaló el diputado Jaime Araya.
El parlamentario agregó que “nos parece que sería muy lamentable si así fuese, pero queremos actuar con responsabilidad, y desde ese punto de vista nos parece que es necesario revisar los antecedentes con la mayor profundidad de manera tal de ver si procede una Comisión Especial Investigadora, y si hubiese mérito para ello no tendremos ningún problema en hacerlo”.
Por su parte, el diputado Cristián Tapia, quien es subjefe de la Bancada PPD-Independientes y miembro de la Comisión de Minería, manifestó que “los antecedentes son muy graves, y es necesaria una comisión investigadora que llegue al fondo de esta situación que a todas luces se ve que hay manos negras metidas en este negocio. Los recursos del Estado deben ir para la gente que lo necesita, para los pequeños mineros, pirquineros, ver tema de salud, aumentar fiscalizaciones y tener más funcionarios en Sernageomin, pero no para que las familias de los supermillonarios de Chile sigan aprovechándose del Estado”.
“Esperamos tener el apoyo porque este es un Congreso nuevo, y yo creo que todos estamos por la transparencia. Si la ley de pesca de Longueira ya fue aprobada por la Cámara, lógicamente aquí nos tenemos que sumar todos a que se haga una investigación de fondo con todos los elementos que ha entregado Ciper”, sostuvo el diputado Tapia.
Asimismo, la diputada Marta González, afirmó que “nos parece de suma importancia poder investigar estos hechos, ya que este tipo de actos, donde dineros públicos se usan para beneficiar a empresas privadas, de grandes grupos económicos, y más aún donde se involucra a la Presidencia de la República, son sumamente cuestionados y repudiados por la ciudadanía”.
“Me parece importante investigar sobre todo en este periodo donde los ciudadanos exigen mayores derechos sociales, mejoras en vivienda, en educación, y para financiarse todo eso se necesitan recursos, por lo que el Estado no puede en ningún caso seguir teniendo estos hechos tan lamentables y tener una conducta laxa a la hora de indagar estos hechos”, concluyó la legisladora.
