Opinión
Deberíamos pensar seriamente en un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se responsabilice de manera efectiva de estos temas. Un ministerio que cobije bajo un mismo techo todas las actividades de fomento de la producción y comercio agrícola y alimentario. Un ministerio capaz de escuchar a productores y exportadores, independientemente de su tamaño, y con capacidad de atender de manera efectiva a las pymes rurales, y de integrarlas a los circuitos productivos y comerciales, nacionales e internacionales. Y, además, deberá ser un ministerio con alta presencia y capacidad de gestión internacional y con servicios que estén en condiciones de responder a las necesidades actuales del comercio internacional.
De tanto en tanto, el ministro de Agricultura nos recuerda que uno de sus principales objetivos es asegurar la “soberanía y seguridad alimentaria” de Chile. Lo ha hecho en la Revista del Campo; insistió en este tema cuando publicó su “Decálogo por una agricultura verde” en El Mostrador, en abril, y hace unas semanas en una columna que tituló “Cinco desafíos constituyentes que marcan la nueva ecosilvoagricultura”, publicada también en El Mostrador (30 de junio). Y, recientemente, nos volvió a recordar este objetivo, en una columna publicada el 19 de agosto (El Mostrador).
“Me cayó la teja”, ministro, la soberanía y seguridad alimentaria son importantes, y está cerca de “dar en el clavo”. De hecho, estuvo muy cerca en su columna de los “Cinco desafíos constituyentes…” del 30 de junio. Al inicio, usted destaca que “… El actual inédito proceso democrático, amplio y diverso, ha construido una agenda transformadora, interpeladora y de futuro que obliga a acuerdos nacionales y territoriales, que el sector agropecuario en su pluralidad debe empujar, independientemente del resultado del plebiscito…” (mi énfasis). Ministro, comparto totalmente la necesidad de que el sector agropecuario empuje los desafíos/acuerdos que usted identifica y, ello, independientemente de los resultados del reciente plebiscito. Más aún, creo que avanzamos en la dirección correcta cuando al presentar el primer tema de la “Agenda” –“Exportación, seguridad y soberanía alimentaria”– advierte de “alertas exageradas” sobre el mismo. Además, deja ver la importancia de la variable internacional.
Comparto lo dicho, ministro, excepto que creo que “quedó un cachito corto”. Acá, hubiese sido bueno referirse a los sectores agropecuario, pesquero e industria de alimentos. Más allá del tema del nivel real de los ingresos, para avanzar de manera efectiva en la seguridad y soberanía alimentarias, también deben ser parte del proceso la industria alimentaria y los productos del mar. Y para lograr una coordinación adecuada y eficaz –entre otras razones– es que también debemos avanzar en la modernización de nuestra institucionalidad: necesitamos con urgencia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Además del desafío № 1 ya mencionado arriba, la “agenda transformadora” que identificó el ministro Valenzuela en la propuesta de Constitución, incluye otros cuatro “desafíos” que –entiendo– definen en medida importante la dirección que intenta seguir durante su mandato en Agricultura y que –según nos dice– espera llevar adelante “independientemente del resultado del plebiscito”: 2) Estado regional y apoyo a la ruralidad; 3) Reconocer la plurinacionalidad en la unidad; 4) Manejo corresponsable del agua; y 5) Sustentabilidad y cuidado del hábitat y el suelo de la casa común. Entendido, pero el plebiscito votó en contra. ¿Cómo seguimos?
Creo que, ahora, esta “agenda ministerial agroalimentaria” debería impulsar con fuerza la dimensión internacional, para que sea realmente “transformadora” y pueda materializarse de manera profunda, efectiva y permanente. La propuesta de Constitución nos daba una orientación al respecto en su Artículo 14, donde manifiesta que “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia; impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas” (mi énfasis). Este no era un mandato, pero sigo creyendo que es la dirección a seguir.
Vamos por ello, ministro Valenzuela. Tengo la firme convicción de que una propuesta de integración regional dirigida a profundizar los lazos económicos, políticos, físicos y culturales en el ámbito de la agricultura y de la industria de alimentos, permitiría desarrollar de manera efectiva su “agenda transformadora” y, además, impulsar la propuesta de integración económica regional sugerida por el Presidente Boric en más de una ocasión. ¿Recuerda el “Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida … Si es que seguimos por separado, nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos”?
Para empezar, cabe recordar que Latinoamérica es autosuficiente en los principales alimentos –excepto productos lácteos– y los países del área se abastecen mayoritariamente al interior de Latinoamérica, con la sola excepción de Colombia. Por ello, una propuesta para la integración en el ámbito de la agricultura, pesca e industria alimentaria en América Latina dirigida, primero, a “perfeccionar” el mercado y, luego, avanzar a un mercado libre regional, tendría un importante impacto dinamizador en el comercio de estos sectores económicos y facilitaría el acceso a fuentes cercanas de alimentos, permitiéndonos progresar en la “seguridad alimentaria” nacional. Cooperación en estos espacios, no solo nos posibilitará asegurar –valga la redundancia– una mayor seguridad alimentaria, sino también impulsar un proyecto de integración económica regional sobre una sólida base.
Además, la producción y el comercio agropecuario y de alimentos reúnen actividades económicas que tienen la mayor cobertura territorial a nivel país y el potencial de impactar más directamente a las regiones y a las áreas rurales en toda América Latina. Así, los esfuerzos dirigidos a la integración económica en el ámbito agroalimentario facilitarían y permitirían, también, negociar, coordinar y desarrollar una diversidad de actividades y proyectos de cooperación regional focalizados en el desarrollo rural y territorial de los países integrantes del posible proyecto de integración.
Solo a modo de ejemplo –más allá de “perfeccionar” el mercado y de eliminar barreras comerciales aún existentes–, el trabajo de integración económica permitirá implementar programas de desarrollo productivo dirigidos a facilitar la integración de las pymes rurales, Agricultura Familiar Campesina y productores indígena a cadenas de comercialización nacionales e internacionales, así como desarrollar proyectos de protección de los recursos naturales y del medio ambiente, promover el intercambio económico y cultural de los pueblos indígenas, y coordinar el movimiento de trabajadores y migración rural, entre varios otros temas y actividades.
Si queremos avanzar de manera efectiva en la seguridad y la soberanía alimentarias, y asegurar que los posibles beneficios del comercio agroalimentario y de la integración alcancen realmente a las regiones y a las áreas rurales, así como a los pequeños productores, necesitamos reformas profundas en la institucionalidad que sustenta toda esta actividad.
Por ello, luego de años de conversación, deberíamos pensar seriamente en un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se responsabilice de manera efectiva de estos temas. Un ministerio que cobije bajo un mismo techo todas las actividades de fomento de la producción y comercio agrícola y alimentario. Un ministerio capaz de escuchar a productores y exportadores, independientemente de su tamaño, y con capacidad de atender de manera efectiva a las pymes rurales, y de integrarlas a los circuitos productivos y comerciales, nacionales e internacionales. Y, además, deberá ser un ministerio con alta presencia y capacidad de gestión internacional y con servicios que estén en condiciones de responder a las necesidades actuales del comercio internacional.
Estas reformas son necesarias, pero inciertas y –como ya lo mencioné en otras ocasiones– también se podrá avanzar sin cambios mayores en la institucionalidad agrícola. Pero requerirá voluntad para lograr que los intereses del sector silvoagropecuario y alimentario –en especial de los pequeños productores y exportadores– estén debidamente representados en las decisiones de Gobierno. Así las cosas, el Ministerio de Agricultura debería, como mínimo, robustecer y potenciar el trabajo de su “debilucha” Dirección de Asuntos Internacionales (¿deberíamos pensar en un nuevo servicio?); profesionalizar los nombramientos y el trabajo de las Agregadurías Agrícolas; priorizar el trabajo en América Latina; prestar la debida mayor atención a las Regiones en Chile; y apoyar de manera decidida y efectiva a los pequeños productores y la Agricultura Familiar Campesina, para que se integren a las cadenas y mercados de exportación. A su vez, la Cancillería –incluidos Subrei y ProChile, y en ausencia de mayores reformas institucionales– no debería tener excusas valederas para no mejorar la coordinación con Minagri y robustecer de manera considerable el trabajo en temas agroalimentarios, en su nueva proyección internacional.
Sí, ministro, podemos avanzar en la cooperación e integración regional, mejorando nuestra seguridad agroalimentaria y no debería depender de los resultados obtenidos el pasado 4 de septiembre. Vamos por ello, ministro.
