Opinión
El exceso de demanda (o brecha ingreso/producto) que calcula el Banco Central está con frecuencia sobredimensionado, lo que funda su política de ajuste de la demanda de manera equivocada. La producción agrícola, pesquera, minera y energética es la de oferta más rígida en el corto plazo, pero ocurre que sus precios poco tienen que ver con la demanda interna en una economía tan integrada internacionalmente como la chilena. Además, en todos los mencionados sectores el nivel de producción del segundo trimestre de 2022 es inferior al de períodos previos. A su vez, en materia de servicios los niveles de prestaciones están hoy por debajo de los niveles previos, salvo las comunicaciones, servicios personales y administración pública, que no tienen mayores rigideces de expansión de su oferta en el corto plazo.
El consejero del Banco Central Pablo García ha declarado recientemente que “tener un año donde la economía se contrae es necesario. Siempre hay que poner en contexto, para lo que viene, lo que pasó. Y lo que pasó fue que tuvimos un crecimiento del gasto totalmente excesivo. Eso llevó a que ahora tengamos que tomarnos un tiempo para digerirlo. Hacerlo, desgraciadamente, implica que la economía tiene que contraerse y se contraerá el próximo año y será difícil. Pero el proceso de ajuste no lo hacemos en seis meses, sino que en dos años, porque si no, se provocaría una crisis y sería tremendamente traumático. En 2024 la economía volverá a crecer a un nivel más cercano al potencial y sin desequilibrios macros”.
Estas afirmaciones son bastante reveladoras de lo que piensan los consejeros ortodoxos del Banco Central de Chile. No se conoce ningún Banco Central que se ufane en declarar que su política monetaria está concebida para provocar una recesión de dos años seguidos. García hace un diagnóstico por lo menos débil de la situación, no contento con haber contribuido decisivamente a la victoria de la perpetuación de la Constitución de 1980 con una política monetaria inusitadamente contractiva e inútil, en nombre de impedir una espiral ingresos-precios conducente a deprimir los ingresos de la mayoría trabajadora. Una inflación importada temporal no se combate con una escalada de aumentos irreflexivos de la tasa de interés de política monetaria. La preocupación preferente del Banco Central es ampliar el desempleo para, supuestamente, contener una inflación que hace rato no se origina en el exceso de demanda que se experimentó en 2021, en una situación de desgobierno económico y de retiros masivos e inorgánicos de ahorros desde las cuentas de fondos de pensiones.
En efecto, el diagnóstico de desequilibrio de esta respecto a las capacidades de la oferta existente es técnicamente cuestionable en el caso de una economía exportadora de materias primas y productora predominante de servicios (la producción de bienes representó solo un 30,4% del PIB en 2021 y los servicios la proporción restante, lo que pocos toman en cuenta en sus razonamientos). Es poco adecuado en estas condiciones calcular el producto potencial con proyecciones lineales sin considerar las capacidades de adaptación sectorial de corto y mediano plazo frente a una demanda más activa.
El exceso de demanda (o brecha ingreso/producto) que calcula el Banco Central está con frecuencia sobredimensionado, lo que funda su política de ajuste de la demanda de manera equivocada. La producción agrícola, pesquera, minera y energética es la de oferta más rígida en el corto plazo, pero ocurre que sus precios poco tienen que ver con la demanda interna en una economía tan integrada internacionalmente como la chilena. Además, en todos los mencionados sectores, el nivel de producción del segundo trimestre de 2022 es inferior al de períodos previos. A su vez, en materia de servicios los niveles de prestaciones están hoy por debajo de los niveles previos, salvo las comunicaciones, servicios personales y administración pública, que no tienen mayores rigideces de expansión de su oferta en el corto plazo.
El problema macroeconómico principal es el de la presión en la cuenta corriente de la cuantiosa salida de divisas por utilidades repatriadas por las empresas transnacionales del cobre para remunerar a sus accionistas, que una regalía sustancial permitiría contener en parte, y las fluctuantes salidas de capital por motivos políticos, que son en alguna proporción inevitables, aunque generen pérdidas a sus actores. Ante los ataques especulativos sobre el peso, el Banco Central ha sido, en todo caso, sorprendentemente pasivo y tardío. Es de esperar que el Banco Central no pretenda financiar la renta minera ilegítimamente apropiada por un grupo pequeño de transnacionales y de conglomerados económicos chilenos deprimiendo el nivel de vida de la mayoría social. En todo caso, esa no es una decisión que competa a la autoridad monetaria, por decir lo menos.
Lo más insólito es sostener que, si no se provoca ahora una crisis que dure este año y en 2023, entonces sí que habrá una crisis. Es una afirmación francamente risible si no fuera trágica para tantas pymes y actuales y futuros desempleados. Es el típico argumento de los economistas de derecha, que se niegan a considerar los avances de la macroeconomía desde Keynes, reforzados desde la crisis de 2009. Es el mismo razonamiento de los ortodoxos de los años 1930, que demostró históricamente su ineptitud (es recomendable al respecto la lectura de Lance Taylor, Maynard’s Revenge: The Collapse of Free Market Macroeconomics, Harvard University Press, 2021).
La inflación es un problema grave, pero si su origen es esencialmente externo y se prevé que tenderá a declinar internacionalmente de manera progresiva, aunque con altas dosis de incertidumbre, entonces hay que llevar a cabo adecuadas medidas domésticas de acompañamiento, en vez de disminuir la actividad y hacer quebrar muchas empresas y generar un más alto desempleo. Este será a la postre un problema mucho más grave, y hará fracasar económicamente a este Gobierno (esa es tal vez en realidad la idea que subyace en la política de ajuste que varios promueven), pues la recuperación de amplias capacidades productivas destruidas es mucho más lenta y socialmente costosa.
La política adecuada hubiera sido la de considerar que el exceso de demanda se absorbería por el fin de los retiros desde las AFP y de los ingresos de emergencia y que se debía sostener la actividad en vez de deprimirla, junto a medidas compensatorias de la inflación importada y un aumento moderado de las tasas de interés (en Estados Unidos el nivel actual de la tasa de la FED es de 2,25%, contra un 10,75% en Chile), cuidando el costo del crédito para las pymes (sobre el análisis de la inflación internacional actual y las alternativas de política se puede consultar aquí).
Por el lado del Gobierno, contener los aumentos temporales de precios de los combustibles y de servicios básicos asociados a ellos mediante mecanismos de dilación de alzas en el tiempo y mayores plazos de pago, ha ido en la dirección adecuada. Pero ha faltado una política más efectiva para proteger los ingresos reales de los sectores más afectados y, en especial, compensar los aumentos de precios de los alimentos mediante una ampliación del mecanismo de suplemento de la asignación familiar –que hoy abarca a 1,478 millón de familias por un monto reducido– y el fortalecimiento del seguro de desempleo en discusión, junto a un programa de empleo directo en servicios a las personas y cuidado ambiental que se echa de menos. Un fortalecimiento del Fogape sería recomendable, además del vigente subsidio al empleo adicional que beneficia a las pymes, aunque el tema de fondo es que ninguna pyme puede funcionar y retener o ampliar el empleo sin vender suficientemente.
En suma, el Gobierno debiera actuar más activamente frente a la equivocada política del Banco Central, lo que ya se avizora con un crecimiento del gasto público para 2023 que al parecer será expansivo (con un aumento de entre 4 y 5%), lo que ayudará a no caer en una prolongada e injustificada recesión.
