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Entre los 400 mil documentos filtrados por el grupo de hackers «Guacamaya» —hecho que tiene al Ministerio de Defensa actualmente en reuniones con altos mandos de las Fuerzas Armadas— se encuentran comunicaciones internas entre autoridades del gobierno anterior y los Jefes de la Defensa Nacional, junto a detalles de los gastos operacionales de la institución castrense, y deficiencias en las labores de Inteligencia. Entre los correos, hay una conversación con el entonces Subsecretario de Defensa Cristián De La Maza, donde se acuerda que «se debe tener un especial cuidado con producir un segundo Catrillanca». Los generales también manifestaron su preocupación por los aspectos comunicacionales, solicitando referirse a los hechos de violencia como «delincuencia-terrorista» y una «batalla comunicacional» para que a las Fuerzas Armadas «les vaya bien en las actividades que se están desarrollando». Ante el ciberataque, el presidente del Consejo para la Transferencia, Francisco Leturia, anunció el envío de un oficio solicitando información sobre este incidente con el fin de conocer qué tipo de información fue la filtrada.
El Mostrador informó sobre la última filtración del grupo de hackers informáticos «Guacamaya», que incluye una serie de documentos policiales y militares de distintos países de la región. Entre los documentos filtrados se encuentran 400 mil correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas de Chile, organismo liderado actualmente por el General de División Guillermo Paiva Hernández.
Entre los documentos filtrados del EMCO se encuentra una minuta de la visita del entonces subsecretario de Defensa Cristián De La Maza a las regiones de La Araucanía y del Biobío, en el marco del Estado de Catástrofe decretado en todo el territorio nacional por la pandemia, y en la que autoridades abordaron lo que denominan como «el conflicto mapuche».
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A la cita, con fecha 25 de junio de 2020, asistió, además del subsecretario De La Maza, el subjefe del EMCO, general Albert Widmer Thomas; el Director de Inteligencia de la Defensa, general Luis Rojas Edwards; y el jefe del departamento de conducción DOPCON, capitán Rodrigo Peñaranda Pedemonte.
El objetivo de la visita era «efectuar una visita en terreno para recibir una exposición con inquietudes y requerimientos por parte de los Jefes de la Defensa, para una mejor asesoría al Ministro de Defensa Nacional, respecto de los requerimientos presentados para enfrentar los acontecimientos y situaciones de Seguridad Interior, sucedidos en ambas regiones durante el EEC Catástrofe, en el marco del denominado ‘conflicto mapuche'».
Uno de los puntos abordados en la reunión de las autoridades de la Defensa Nacional fue el de las labores de Inteligencia en la zona. De acuerdo a la minuta, pese a que hasta ese momento se tenían identificadas a 35 personas «que tendrían injerencia primaria en las actividades del conflicto», se reconoce que «la inteligencia sigue siendo una debilidad».
Destacan que el empleo de carros Mowag sería la piedra angular de su desempeño, al incrementar la seguridad, disuasión, capacidad de reacción, flexibilidad y tecnología en su actuar. Sin embargo, se constata que las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) «no son un gran aporte por lo limitante que resultan para las operaciones, habiendo cuestionamientos a su efectividad».
Adicionalmente, se expone la preocupación de los integrantes de la Defensa Nacional por los aspectos comunicacionales, «que debiesen ser centralizados a nivel gubernamental». En ese sentido, plantearon que se deben referir a los hechos de violencia como «Delincuencia-Terrorista», pidieron desarrollar una campaña de protección de las víctimas de esta violencia por parte del gobierno y recalcaron que «se requiere de una Batalla Comunicacional del gobierno, para que las Fuerzas Armadas les vaya bien en las actividades que se están desarrollando».
La Defensa Nacional relató al subsecretario su concepto de empleo de las fuerzas asignadas en la Provincia de Arauco, especialmente en lo que dice relación con la distribución territorial entre las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. De acuerdo a la minuta, respeto de las falencias en Inteligencia, «pese a los esfuerzos realizados por recabar información y producir una inteligencia lo más adelantada posible, el dónde y cuándo no existe, en cuanto a poder establecer la ocurrencia de actos terroristas y delictuales» en la zona.
Asimismo, le plantearon al subsecretario que una de las problemáticas más importante es «la falta de movilidad y protección de Carabineros, al contar con un número reducido y vulnerable de vehículos y el hecho de solo contar con armamento disuasivo (escopetas) para repeler y enfrentar ataques con armamento de guerra por parte de subversivos y delincuentes».
De todas forman, concluyen que la visita efectuada por el subsecretario fue «positiva y beneficiosa, en cuanto a escuchar y observar en terreno la realidad existente en ambas regiones y las complejidades que representa el conflicto mapuche para el cumplimiento de tareas y misión de las jefaturas de defensa durante el EEC Catástrofe».
La minuta de las conversaciones con los jefes de Defensa quedó registrada en un correo enviado a menos de una semana después de la cita. En ella, queda de manifiesto la inquietud del Estado Mayor Conjunto, sobre el robo de madera y el caso de Camilo Catrillanca en La Araucanía.
«El robo de madera, asó como el narcotráfico presente en la zona, puede inducir a una suerte de economía ilícita, parecida a la que existe en la zona del Amazonas (Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú) con el oro y el narcotráfico, donde se implica no solo a los delincuentes sino también a la población beneficiada y en este caso, pareciera que también a la industria maderera que coopera para no verse afectada», afirma la minuta.
En ese sentido, remarca que «se debe tener un especial cuidado en la posible búsqueda de la victimización de un delincuente por acción de las FF.AA., produciendo un segundo Catrillanca, lo que dejaría en muy mal pie las acciones desarrolladas, a los JDNs (Jefes de la Defensa Nacional) y al Gobierno».
En tanto, «se puedo constatar que el empleo de los medios aéreos produce un efecto disuasivo sobre los delincuentes, lo que llama a reforzar ese medio tanto de vigilancia como de trasporte de medios terrestres a diversas partes del escenario», complementan.
Finalmente, la minuta sostiene que «los resultados logrados refuerzan la idea de que las operaciones en ejecución en las zonas en conflicto deben seguir orientándose a otorgarles tiempo y libertad de acción a los operativos de Carabineros y PDI, favoreciendo con ello el actuar de las fiscalías».
El 12 de octubre de 2021 el entonces Presidente de la República, Sebastián Piñera, presionado por el oficialismo ante una escalada de violencia rural en el sur del país, decretó el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) específicamente en las regiones de La Araucanía y el Biobío. Y con ello una militarización de la zona por la vía constitucional que se extendió hasta el 26 de marzo de este año. Tras finalizar la medida —que sería renovada de manera acotada por el actual Mandatario Gabriel Boric—, las jefaturas de Defensa en ambas regiones sacaron cuentas y las comunicaron de manera interna. Los detalles se mantenían en reserva, hasta ahora.
Entre los documentos, que se encuentran a disposición de cualquier persona con acceso a internet, se da cuenta que la Armada —quienes estaban a cargo de la Región del Biobío— desembolsó casi $693 millones durante los seis meses que se prolongaron los patrullajes en la denominada Macrozona Sur. El comunicado, enviado el 7 de abril de 2022 entre dos altos funcionarios del EMCO, señala la participación de 1.300 efectivos y 41 medios de transporte. Además precisa gastos relacionados a viáticos y gratificaciones, combustible y horas de vuelo que en total suman $ 692.987.128.
El Ejército, en tanto, desplegado tanto en La Araucanía como en el Biobío, desembolsó más de $523 millones: $46 millones en el Bío Bío y más de $477 millones en La Araucanía. Asimismo, se señala que se emplearon más de 200 medios de transportes y más de 900 uniformados.
Pese a los altos gastos, los jefes de la Defensa Nacional también informaron de la falta de equipamiento en medio del Estado de Excepción en el sur, principalmente en la Región del Biobío. El 6 de abril de este año circuló internamente un documento rotulado como «reservado» y titulado «Informe de Experiencias JEDENAS MZS» y da cuenta que «no se efectuó el pago de asignaciones de embargo, vuelo y campaña para el personal desplegado», acusa «falta de blindaje en vehículos militares», «falta de equipamiento para retirar barricadas en la ruta», y afirma que hay «transporte de personal y carga en vehículos sin protección balística», junto a una «falta de chalecos antibalas».
«Se recomienda adquirir vehículos que cuenten con las protecciones adecuadas ante posible emboscada en zonas de conflictos o en su defecto, blindar vehículos, en cabina y camada para protección del personal», escribió el capitán de navío Jorge Rodríguez Alfaro.
La Araucanía también tuvo falta de equipamiento. Por ejemplo, un carro Mowag llegó sin su inventario, lo que habría retrasado las labores de la Defensa Nacional. Además, dentro de las situaciones que más condicionaron las operaciones en el territorio, el informe recalca la escasez de personal de Carabineros, algo que el general de brigada atribuyó principalmente al Plan Cosecha Segura.
«La mayor dificultad con la que se contó y que influyó (no de manera grave pero en ocasiones esporádicas), era la falta de personal de Carabineros de Chile para la ejecución de tareas de control en los Check Point y ejes de operaciones determinados por la JDN, esto influyó de forma importante a la misión ya que solo se realizaron patrullajes con medios materiales y humanos de origen militar, sin posibilidad de poder realizar un control más exhaustivo producto de la falta de Carabineros, esto se vio afectado producto de las múltiples funciones que cumple la policía uniformada, dentro de las cuales el Plan Cosecha Segura que obligaba a desviar esfuerzos para esa actividad, además de los múltiples procedimientos policiales propios que efectúa en forma habitual, esto se pudo subsanar de forma parcial producto de la gestión del personal de enlace que se encontraba inserto en el HQ».
Luego que el Presidente Gabriel Boric instruyera a la Ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, retornar al país —tras su visita a Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU— para liderar la respuesta frente a los hechos conocidos en relación con la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto.
A un día de la petición, la ministra Fernández se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Al encuentro asistieron el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga; su par de la Fuerza Aérea, general del aire Arturo Merino Núñez; y de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza.
«El Gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal», informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Para obtener mayores antecedentes sobre el hackeo y posterior difusión de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de la Defensa Nacional de Chile, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, anunció el envío de un oficio solicitando información sobre este incidente con el fin de conocer qué tipo de información fue la filtrada.
El titular del CPLT calificó “de suma gravedad” lo ocurrido puesto que “estamos ante información sensible, no solo información que podría ser personal, sino también información que podría pertenecer al ámbito de la seguridad nacional y que puede ser objeto de reserva. Además, con esto se afectó gravemente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho fundamental consagrado constitucionalmente”.
A raíz de esta situación, Leturia planteó también la necesidad de avanzar en una serie de normas a nivel nacional. Al respecto dijo: “Chile necesita de forma urgente una regulación más prolija y actualizada de, al menos, tres materias estrechamente relacionadas: uso de correos electrónicos y mensajería en el sector público; protección de datos personales; y ciberseguridad e infraestructura crítica de la información”.
El máximo representante del Consejo informó que se enviará un oficio para pedir más información sobre el hackeo, en el que se establecen 10 días hábiles para la entrega de más antecedentes sobre el particular. “Ahora, institucionalmente, lo que nos corresponde –como hemos hecho en el caso de otras filtraciones que han afectado a instituciones del Estado- es oficiar a las instituciones involucradas, como el Estado Mayor Conjunto, para pedir más antecedentes sobre el incidente ocurrido, cuáles son las medidas que se están tomando para abordarlo, y determinar qué tipo de información es la que se filtró o fue objeto de un acceso no autorizado”.
