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La masiva filtración de correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) –que mantiene en alerta a las autoridades y ya detonó la renuncia del general a cargo de la jefatura del organismo– incluye un boletín de la Dirección de Inteligencia de Defensa marcado como «reservado» y que contiene una minuta con antecedentes, interpretación y apreciación del panorama político de los días más álgidos de las manifestaciones sociales. En el documento, se comunicó al Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera que «a diferencia de días anteriores, en la cual la autoridad enfrentaba una protesta social sin un interlocutor definido, a contar del día de hoy esta situación cambió, pasando a tener un claro y organizado frente que asume ese vacío», apuntando a la mesa constituida por 150 organizaciones, entre ellas, la CUT, el Colegio de Profesores, la Confech, No+AFP, la ANEF y la Coordinadora Feminista 8M. Según el informe de Inteligencia, la Mesa Social «profundizará los cabildos ciudadanos en la lógica de estructurar una demanda transversal para convocar una asamblea constituyente». En otro documento, se expone que las protestas sostenidas también “intentan demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo para lograr un cambio constitucional”.
Entre los documentos filtrados del Estado Mayor Conjunto (EMCO), tras el ciberataque perpetrado por la agrupación de hackers informáticos «Guacamaya», se encuentra un informe de carácter «reservado» y remitido al Ministerio de Defensa de parte de la Dirección de Inteligencia, relativo a las manifestaciones del estallido social de 2019.
El documento emitido el 24 de octubre de aquel año da cuenta de las marchas y concentraciones en la Región de Valparaíso y en Santiago, donde, afirman, «las convocatorias han ido en aumento, demostrando un mayor apoyo hacia las demandas de los movimientos Gremiales, Sociales y Estudiantiles, alcanzando un nivel de convocatoria transversal en cuanto a estratos sociales, permitiendo sumar adherentes».
El informe identificó que un número aproximado de 24 organizaciones y movimientos ciudadanos se agruparon en la denominada «Mesa de Unidad Social», la cual estuvo compuesta, entre otras, por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Coordinadora NO + AFP, Asociación Nacional Empleados Fiscales (ANEF), Confusam, Fenpruss, Colegio de Profesores, Confech, Fenats, Cones, trabajadores portuarios y la Federación de Trabajadores del Cobre, quienes, de acuerdo al documento, «exigen principalmente que el Presidente Sebastián Piñera termine con el Estado de Excepción, atienda los problemas que generaron la crisis social, y la creación de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución Política, entre otros».
La Dirección de Inteligencia de Defensa, en su interpretación, comunicó al Gobierno que «a diferencia de días anteriores, en la cual la autoridad enfrentaba una protesta social sin un interlocutor definido, a contar del día de hoy esta situación cambió, pasando a tener un claro y organizado frente que asume ese vacío». Se trata precisamente de la Mesa de Unidad Social, quienes —de acuerdo al informe— «han tomado como bandera de lucha, los dichos del Presidente Piñera alusivos a la ‘Guerra’, los cuales según los manifestantes han sido declaraciones agresivas».
Además, afirman que la presencia de las FF.AA. en las calles «también se ha presentado como una de las razones de la movilizaciones en las distintas ciudades del país, demandando junto al término del Estado de Emergencia, el retiro de los militares a sus cuarteles».
Un día antes, el 23 de octubre, dos miembros del Estado Mayor Conjunto no identificados se compartieron vía correo el documento del instructivo de la ANEF titulado «Huelga general, por el derecho de vivir en paz. Militares a sus cuarteles, fin a la desigualdad social», que incluía un cronograma con las actividades a realizarse el 23 y 24 de octubre del 2019.
Eso sí, el documento filtrado destaca que «se ha evidenciado un diálogo entre el oficialismo y sectores más moderados de la oposición, donde reconocen de cierta forma que las medidas impulsadas por el Ejecutivo van en un sentido correcto, pero a su vez las consideran insuficientes». En ese sentido, apuntan que «sectores más cercanos a la extrema izquierda insisten en responsabilizar al Gobierno por los hechos de violencia y muertes ocurridas».
El informe recalca que el Partido Comunista (PC) se encontraba evaluando la posibilidad de acusar constitucionalmente, tanto al presidente Sebastián Piñera como al ministro del Interior, Andrés Chadwick, a causa de sus posibles responsabilidades políticas en los actuales hechos.
Inteligencia también detectó que en dicha fecha se evidenció un incremento en la autoprotección ciudadana de vecinos de diferentes zonas del país, quienes «se organizaron para combatir los saqueos que afectan a diferentes recintos comerciales como supermercados, ferias libres, farmacias e incluso sus propios barrios y viviendas». Complementan a renglón seguido que acciones de amenaza al JDN (Jefe de la Defensa Nacional) en Valparaíso, se mantienen en el anonimato, «amparado en impunidad que entregan las redes sociales».
Respecto de las manifestaciones pacíficas, destaca que, durante la jornada, «grupos sociales se manifiesten con mayor organización, conducción y adherencia de manifestantes, con objetivos claros respecto a sus demandas sociales», remarcando que «la realización de Cabildos Abiertos busca maximizar la participación de adherentes y organismos sociales, a objeto de dar legitimidad ante la ciudadanía y organizaciones políticas, al reclamo de la creación de una nueva Constitución Política y Asamblea Constituyente, entre otras cosas».
De todas formas, el informe de Inteligencia advierte que, «a pesar de los esfuerzos realizados por el Ejecutivo a través de las propuestas expuestas por el Presidente de la República, se estima que seguirán los esfuerzos para generar diálogos para llegar a un mutuo acuerdo entre los actores políticos, con el propósito de satisfacer la mejor lo mejor posible la demanda social».
Y reiteran que «los partidos de extrema izquierda continuarán transmitiendo a través de grupos sociales, sindicales, estudiantiles y otros, su ideología con más fuerza, aprovechando el recuerdo del gobierno militar, objeto de justificar su causa y mantener la desconfianza social hacia los esfuerzos del Ejecutivo para restablecer el orden público, haciendo uso de las fuerzas de Orden y FF.AA.».
En lo delictual, finalmente, afirman que «continuarán los incidentes, a través de actos de saqueo a centros de abastecimiento produciendo sensación de desabastecimiento a la población, además de acciones directas sobre inmuebles públicos y privados».
Días más tarde, el boletín de inteligencia del 29 de octubre, proyectó una apreciación con dos escenarios. El «más probable» consistía en la mantención de las protestas «siguiendo una planificación de convocatorias, objeto mantener un clima de agitación social, bajo la lógica ‘de que nada se ha logrado'», aunque con el aumento de la violencia se esperaba una paulatina pérdida de masividad.
El segundo escenario era el «más peligroso» y se estimaba como un intento de las protestas por no regresar a un estado de «normalidad», que «agrupaciones anárquicas, lumpen y organizaciones subversivas, aumentarán sus acciones violentas contra la propiedad privada, mobiliario público, infraestructuras críticas, locomoción colectiva, centros comerciales y otros, manteniendo un estado de agitación social y caos permanente».
El 5 de noviembre del 2019 un informe diario del Centro de Operación de Defensa expuso que «ante la situación de efervescencia y agitación social que vive el país, sumado a la inacción político-social visible y comunicacional del poder Ejecutivo/Legislativo, se estima que los actores de Unidad Social profundizarán los cabildos en la lógica de estructurar una demanda transversal para convocar una asamblea constituyente».
De acuerdo al EMCO, la falta de una respuesta política ante las demandas de la Mesa de Unidad Social, «solo contribuiría a que continuarán los disturbios aislados a nivel nacional y principalmente en el sector céntrico de Santiago por parte de grupos violentistas, actuando de manera más radical y coordinada en las acciones de violencia callejera, atentando contra la vida de los funcionarios policiales».
El boletín firmado por el Jefe de Guardia Roja, coronel Ricardo Santander, concluye que las protestas sostenidas “pretenden generar las condiciones para reactivar el estado de excepción constitucional, intentando demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo, dañando y afectando la gobernabilidad democrática del país, deslegitimando a S.E. el Presidente de la República, para lograr un cambio constitucional”.
Cabe mencionar que, sin apuntar a responsables, un informe de la PDI remitido al EMCO relata minuto a minuto los hechos ocurridos el mismo 18 de octubre, cuando detonó el denominado estallido social en Santiago. La PDI da cuenta que entre las manifestaciones hubo barricadas y saqueos «en el contexto del llamado masivo a evadir el pago en las estaciones de metro por el alza del pasaje del transporte público». En la descripción de los hechos, además, se señalan las 19 estaciones del Metro de Santiago que resultaron siniestradas «con distinto nivel de afectación» en diversas comunas de la capital.
«En la Línea 1 República y San Pablo; Línea 2 Vespucio Norte; Línea 4 Macul, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Protectora de la Infancia; Línea 4A: La Granja, San Ramón y Santa Julia; Línea 5 Gruta de Lourdes, Barrancas, Las Parcelas, Laguna Sur, Pedreros, Cumming, San Joaquín y Pudahuel».
Por otra parte, La Dirección de Transporte Metropolitano (DTPMet) informó a la PDI que 16 buses de Transantiago resultaron siniestrados en diferentes puntos de la región.
El mismo informe contiene las manifestaciones programadas para los días siguientes y finaliza con una tabla donde se contabilizan los «establecimientos movilizados por demandas estudiantiles».
