Desarrollo autónomo de las regiones: ¿meta o quimera?

En las últimas dos décadas se ha ido forjando en la opinión pública la idea de que el centralismo es un obstáculo para el desarrollo de Chile. Como es lógico, eso ha ido permeando en la clase política especialmente en períodos electorales, siendo común que los candidatos presidenciales de diverso signo doctrinario se comprometan a avanzar en materia de descentralización, prometiendo mayores grados de autonomía administrativa a las regiones.

El segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue bastante activo en esta materia, consiguiendo aprobar la reforma constitucional y leyes que permitieron la elección de gobernadores regionales y el inicio del proceso de traspaso de competencias. El Gobierno de Boric ha prometido una profundización y aceleración de la descentralización del país y, recientemente, ha iniciado un proceso de transferencia de competencias en una materia clave para el desarrollo regional, como es el fomento productivo, a través de la generación de una gobernanza regional de decisiones.

Por su parte, la propuesta constitucional, rechazada el 4 de septiembre de 2022, iba bastante más lejos, proponiendo un Estado Regional y consagrando la existencia de entidades territoriales autónomas en términos políticos, administrativos y financieros.

De tal forma que, en mayor o menor grado, la descentralización hoy en Chile aparece como un nuevo modelo mental en la opinión pública, que inunda los discursos y narrativas políticas. Si bien ese cambio cultural es básico para avanzar en la descentralización del país, arriesga una enorme decepción y reacción centralista en los próximos años si no es acompañado de un urgente, persistente y significativo fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales. Y ello no está ocurriendo hoy.

Porque, en contraposición al “mantra” descentralizador, existe un modelo real de políticas (“la máquina o el mecanismo”), que no acompaña ni conduce a la promesa de la autonomía regional. Ese conjunto de arraigadas prácticas institucionales impide que las voluntades del nuevo gobierno nacional se materialicen en esa dirección.

El Premio Nobel de Economía Amartya Sen ha realizado una contribución inestimable a la renovación del concepto de desarrollo, al entenderlo como libertad. De tal forma que la autonomía real de las personas depende de una ampliación de sus capacidades. Con las regiones acontece lo mismo.

Por ello, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional sostuvo que el éxito de la descentralización política, administrativa y financiera dependía en buena medida del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos y agentes regionales del desarrollo (además de su participación en la gobernanza regional).

Los nuevos gobernadores regionales han heredado un mecanismo de operación adaptado a las necesidades del centralismo y dominado por la misma tecnocracia y burocracia nacional de décadas. Por ello, con esos “monos porfiados” no es posible esperar nuevos resultados cuando las formas de operar son las mismas.

Aquello significa que el éxito en la tarea de diseñar políticas públicas propias de cada región se juega en la capacidad de cada gobierno regional por ponerlas en marcha, monitorearlas y evaluarlas, no solo por diseñarlas. Y eso requiere cambios institucionales que aseguren una masa crítica apropiada, instalada en el territorio en forma permanente.

Un ejemplo concreto son las Estrategias de Desarrollo e Innovación Regionales, que deberían orientar las decisiones de inversión pública regional. Creer que el problema es el buen diseño de ellas, incluyendo una amplia participación ciudadana y la contratación de consultores de renombre, es no entender la naturaleza del proceso de planificación territorial. O simplemente “hacer de cuenta”, es decir, cumplir con una obligación legal y mostrar frente a la ciudadanía que ha sido llamada a participar, desconociendo cómo será ejecutada.

Si los gobiernos regionales no poseen la masa crítica dedicada a la función permanente de implementar y coordinar esos instrumentos de planificación, ellos terminan perdiendo su objetivo y legitimidad, y acaban ganando polvo en las estanterías públicas. En efecto, la experiencia chilena muestra que esos lindos y coloridos informes de Estrategias poco o nada tienen que ver con las reales decisiones de inversión pública en la región y que apenas sirven para calificar rudimentariamente como “pertinentes” los proyectos que buscan financiamiento regional (normalmente casi todos). Un estudio sobre la Estrategia Regional de Atacama 2007-2017 ilustra este diagnóstico.

Una de las formas más eficaces y rápidas para avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos regionales es mediante la activa cooperación de sus universidades regionales. No en consultorías específicas sino haciéndolas participar de mecanismos institucionales permanentes, destinados a mejorar su capacidad de gestión del conocimiento estratégico (Inteligencia Estratégica Territorial) y de abordaje de temas sectoriales prioritarios (innovación pública para las nuevas competencias).

Sería de gran importancia que el Gobierno nacional apoye programas pilotos en esta dirección en determinadas regiones. La experiencia ganada permitirá extender estas instituciones al resto de las regiones del país, con las debidas adecuaciones propias de la realidad de cada región.

Así, las regiones donde existe mayor masa crítica y donde las universidades han históricamente tenido un rol importante en el desarrollo, crearán institucionalidades con acento en la coordinación y sinergia de estas capacidades. En cambio, otras regiones necesitarán de un mayor apoyo del Gobierno nacional para enfrentar el proceso descentralizador.