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La quinta antigüedad de la Armada y miembro de la Corte Marcial de la institución, vicealmirante Ramiro Navajas Santini, aseveró en un correo institucional –enviado a todo el alto mando naval– que los 9 exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad, y hoy presos en Punta Peuco y Colina 1, fueron sentenciados por «supuestos hechos» y que se trata de «marinos que cumplieron cabalmente con su deber». El e-mail, que fue copiado al comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, hace referencia a casos de secuestros calificados que involucran desde contraalmirantes a capitanes de Navío y de Corbeta, y un grupo de suboficiales condenados por un triple homicidio. Dentro de los destinatarios del correo electrónico figuran además el vicealmirante José Luis Fernández Morales –nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general Guillermo Paiva, quien renunció precisamente por el hackeo masivo de correos– y el auditor general de la institución, contraalmirante Cristián Araya Escobar, quien también forma parte de la Corte Marcial.
El 27 de agosto de 2021, el vicealmirante Ramiro Navajas Santini envió un correo electrónico, de carácter institucional, a todo el alto de la Armada, con copia al comandante en Jefe, el almirante Juan De La Maza Larraín. En el correo, que forma de los miles de documentos que fueron filtrados por el cibertataque del grupo Guacamaya contra las bases de datos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), hay dos frases muy delicadas para la visión institucional de la Marina sobre las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) ocurridas en Chile durante la Dictadura Militar (1973 – 1990).
Si bien el e-mail publicado por estos días hizo hincapié en el objetivo de la comunicación, que tenía por finalidad hacer una colecta para los exmarinos que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina 1, el contenido del mismo contraviene lo establecido en sentencias judiciales que se hallan ejecutoriadas por los Tribunales de Justicia del país.
En el texto enviado a los almirantes y comodoros del alto mando naval, el importante oficial –la quinta antigüedad de la institución y que desempeña el cargo de director general de Personal de la Armada– califica las violaciones a los DD.HH. cometidas por nueve exmiembros de la Armada como «presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar».
En la citada comunicación, en que además se identifica a los condenados con su grado militar, el vicealmirante Navajas incluye a todo el alto mando naval, cuando sostiene que estas ayudas «refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber». Este «deber»cumplido a cabalidad, según destaca el alto oficial, es considerado por la justicia delitos de lesa humanidad.
Así, por ejemplo, la justicia determinó que el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera participó del delito de secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, por el cual se encuentra condenado a 5 años y 1 día; el suboficial Bernardo Daza Navarro, en tanto, se encuentra sentenciado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz, y cumple una pena de 10 años y 1 día; en el caso del suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, también fue condenado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz a 10 años y 1 día; y el suboficial José Manuel García Reyes, condenado por secuestro calificado a 5 años y 1 día.
Entre los referidos en el correo institucional se encuentra también el contraalmirante Aníbal Osses Novoa, condenado a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Fernando de la Cruz Olivares Mori; el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, condenado por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques, a más de 13 años; además de los capitanes de navío José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, ambos condenados por el secuestro calificado en el caso Rudy Cárcamo, a 5 años y un día, respectivamente.
Tras algunos días de enviado el e-mail, Navajas recibe respuesta de Alberto Ahrens Angulo, contraalmirante director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto, quien le dice: «De acuerdo con los descuentos, feliz de poder cooperar». Con esta respuesta, el contralmirante hace suyo todo lo expresado por su superior jerárquico.
Según diversas fuentes, el correo del vicealmirante Navajas es particularmente delicado, ya que además de formar parte de las cinco mayores antigüedades de la institución, es ministro de la Ilustrísima Corte Marcial de la Armada, que es un tribunal de segunda instancia. Parte también de esta Corte es otro de los destinatarios del correo, el auditor general de la Armada, contraalmirante Cristián Araya Escobar.
De los 30 destinatarios, prácticamente son todos subordinados del vicealmirante Navajas, quien proviene de tradición militar al ser hijo del vicealmirante Fernando Navajas, una de las personas más cercanas al exmiembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino.
Otro de los destinatarios del señalado e-mail es el vicealmirante José Luis Fernández Morales, quien fue nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general de Ejército Guillermo Paiva, quien tuvo que presentar su renuncia por el hackeo masivo del que emergió precisamente este correo.
Además, figuran recibiendo el correo electrónico el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Yerko Marcic Conley; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Alberto Soto Valenzuela; el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Carlos Huber Vio; el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante Pablo Niemann Figari; el contraalmirante Cristián Araya Escobar y el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Fernando Cabrera Salazar.
Fuentes de la Armada reconocen que el correo es desafortunado y puede presentar una opinión personal, pero descartan que en modo alguno ello represente una actitud sediciosa de la institución, como asimismo resaltan que se desconoce si Navajas recibió algún tipo de amonestación por parte de un superior jerárquico.
El abogado experto en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, comentó a El Mostrador que, si bien hay antecedentes respecto a que a las instituciones armadas se les hace un descuento por planilla que se destina a casos que involucran a internos del penal Punta Peuco, es «lamentable que en el correo se hable de militares que cumplieron con su deber, ya que estos son criminales que violaron los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile».
«Son criminales de lesa humanidad, condenados por tribunales chilenos», recalca el jurista, afirmando que «no se trata de que hayan cumplido con su deber». Esto «es una injuria para la institución», señala el abogado.
«Creo que tienen que dar una explicación. Esto demuestra la poca conciencia de los institutos armados con crímenes aborrecibles de la historia de Chile», agrega Caucoto, recordando a los más de 1.100 Detenidos Desaparecidos que contabiliza actualmente el Ministerio de Defensa.
«Se pierde esa dimensión y se catalogan como lastres del oficio o cuestiones menores. Pero no son menores. Se van a seguir persiguiendo estos delitos que son una cicatriz en la historia nacional», asegura el abogado.
En el mismo sentido se expresa la diputada Carmen Hertz, miembro de la Comisión de Defensa, quien este martes participará de una sesión secreta a la que está citada la ministra del ramo, Maya Fernández.
«Que el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas Santini, director de Personal de la Armada e integrante de la Corte Marcial de la institución, haya tenido la desfachatez de tildar a los delincuentes de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, como presuntos culpables y además de sujetos que habrían cumplido cabalmente con su deber, es un agravio inaceptable al conjunto de la sociedad chilena, un agravio inaceptable al Poder Judicial, y si este correo se envió con copia al comandante en Jefe de la Armada, reviste particular gravedad, al no haber adoptado medida alguna de parte del jefe superior en relación con los dichos de Navajas».
El Mostrador consultó a Comunicaciones de la Armada de Chile, desde donde declinaron hacer comentarios al respecto; a la Subsecretaría de la Defensa, con el mismo resultado; y al Ministerio de Defensa, quienes adelantaron que se referirían a estos hechos tras la sesión secreta en la Cámara, donde la ministra Fernández oficiará de vocera.
