En el cortísimo plazo, es urgente adoptar medidas de carácter normativo y/o regulatorio que corrijan la valorización nula (cero) de la energía renovable en el mercado mayorista, mientras que, en esas mismas horas, una porción relevante de la generación del sistema sigue siendo térmica con un valor mayor a cero. Esto, si bien no permitirá reducir el vertimiento de estas energías, sí permitirá mitigar el profundo impacto del desacople de precios, minimizando a su vez los sobrecostos que reciben los clientes finales, es decir, todos los que pagamos “la cuenta de la luz”.
La falta de infraestructura de transmisión que permita llevar la energía limpia producida por las plantas de generación renovable hacia los consumidores, está provocando que durante muchas horas del día se “vierta” una parte importante de su producción –es decir, se deseche– y, al mismo tiempo, por las reglas del mercado mayorista, que esas mismas plantas no reciban ingresos en el mercado spot –que es donde las generadoras transan la energía– durante las horas de congestión.
Adicionalmente, para poder suministrar los contratos con sus clientes en las horas de congestión, gran parte de las compañías de generación renovable deben comprar energía en puntos cercanos al lugar de consumo del cliente, mientras que el precio al que se valorizan las inyecciones de la energía producida en sus plantas renovables es cero durante la mayor parte del día. Esta diferencia de precios se denomina “desacople” e implica un importante riesgo para las compañías de generación renovable, debido a las pérdidas que impone la diferencia entre el precio de inyección y el precio de retiro de la energía, exponiéndolas al alto riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones financieras.
Muchas de estas compañías invirtieron en Chile y ofertaron precios de energía históricamente competitivos, confiando en la promesa de que la nueva Ley de Transmisión, promulgada el año 2016, debía garantizar (como lo señala explícitamente) la expansión de la infraestructura de transmisión a tiempo y considerando holguras que promovieran la oferta y facilitaran la competencia. Sin embargo, por razones de diversa índole, la expansión del sistema de transmisión no ha logrado establecer un mercado eléctrico común ni ha considerado las holguras establecidas en el artículo 87 de la mencionada ley.
En este escenario, si no se adoptan medidas urgentes, nuestro país corre el riesgo de que un grupo importante de compañías de generación renovable sufran serias dificultades para cumplir con sus obligaciones con las instituciones que financiaron sus proyectos, lo que podría poner en riesgo la materialización de nuestro proceso de descarbonización.
Afortunadamente, aún estamos a tiempo de revertir el escenario al que eventualmente nos podríamos enfrentar. Para ello, en el cortísimo plazo, es urgente adoptar medidas de carácter normativo y/o regulatorio que corrijan la valorización nula (cero) de la energía renovable en el mercado mayorista, mientras que, en esas mismas horas, una porción relevante de la generación del sistema sigue siendo térmica con un valor mayor a cero. Esto, si bien no permitirá reducir el vertimiento de estas energías, sí permitirá mitigar el profundo impacto del desacople de precios, minimizando a su vez los sobrecostos que reciben los clientes finales, es decir, todos los que pagamos “la cuenta de la luz”.
En paralelo, es necesario revisar los criterios de seguridad que aplica el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), los cuales distorsionan los precios en el mercado, convirtiendo los despachos forzados excepcionales de plantas térmicas en una regla, en perjuicio de las energías renovables y la sana competencia. Conjuntamente, se debe tomar la decisión política de implementar medidas urgentes y de emergencia que garanticen una mayor flexibilidad a las unidades térmicas, y promover tecnologías y criterios que permitan aumentar el uso efectivo de la capacidad de transmisión actual, junto a una expansión de los sistemas de redes que dé cuenta de los compromisos y obligaciones que establece la normativa.
Las medidas planteadas nos permitirían consolidar el desarrollo competitivo de la industria de generación de energía renovable, para asegurar y avanzar decididamente en la descarbonización de nuestra matriz energética y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que nuestro país asumió internacionalmente.
