Reimpulso a las agendas política y estratégica de la Defensa Nacional

Durante los debates para la nueva Constitución inexplicablemente estuvo ausente la Doctrina de Seguridad Nacional, que es la base conceptual de la Constitución de 1980. Su origen se encuentra en una postura estratégica impulsada por Estados Unidos en el escenario de la Guerra Fría, con el fin de contener la influencia y expansión de la Unión Soviética, a través de un modelo político que incorpora enclavamientos institucionales para limitar la soberanía popular y sitúa a las Fuerzas Armadas como un poder autónomo, para custodiar la mantención de una Democracia Protegida.

Terminada la Guerra Fría esta doctrina se ha mantenido maquillada, reflejándose en trece referencias a la Seguridad Nacional que aún se mantienen en el texto vigente, lo que se ha traducido en un baile de máscaras en que las autoridades políticas siguen actuando como que mandan y los militares como que obedecen, con el objeto de conservar un modelo político y económico consistente con el enfrentamiento ideológico que lo originó y que a pretexto de un fallido proyecto de desarrollo basado en la explotación de nuestros recursos naturales, ha protegido los intereses de los poderes fácticos, pretendiendo contener las legítimas demandas de los chilenos a través de un Estado policial.

Para superar este escenario, las propuestas incluidas para Defensa y Fuerzas Armadas en el reciente proyecto para una nueva Constitución recuperaban nuestra auténtica democracia y expresaban una gran comprensión conceptual de parte de los convencionales que las redactaron, no recibiendo mayores observaciones en el debate público, excepto, tal vez, sobre el tratamiento de los estados de excepción constitucionales, por lo que razonablemente podemos inferir que ellas cuentan con una amplia aprobación de los chilenos y que, en consecuencia, llegó el momento de ejercer un liderazgo político efectivo para avanzar tempranamente en su implementación, de modo que las fuerzas armadas converjan a un instrumento de paz de nuestras relaciones internacionales, compatible con sus objetivos y las prioridades y disponibilidades financieras del Estado y realmente subordinadas a la autoridad política.

Para ello, deberemos reimpulsar a la brevedad las agendas política y estratégica de la defensa nacional, que hemos pospuesto reiteradamente en favor de escenarios políticos supuestamente más prioritarios, para lo cual me permito referirme al programa de gobierno del Presidente Boric, que propone: “Elaboración participativa de una nueva Política de Defensa para el período”, y que debiera iniciar a la brevedad su desarrollo, considerando que la Ley N°20.424 – Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa – en su artículo N°15 letra a) dispone que a la Subsecretaría de Defensa le corresponde: “Sugerir al Ministro la política de defensa nacional y la política militar y encargarse de su actualización y explicitación periódica”.

Este documento deberá sustituir el enfoque militarista del fallido decreto elaborado en la administración anterior y disponer que la misión principal de nuestras fuerzas armadas sea la protección de nuestra población y sus derechos humanos, a través del principio de Legítima Defensa establecido en la Carta de Naciones Unidas y recién calificado por el Papa Francisco como una “expresión de amor a la Patria”, reconociendo que hoy realmente, y a diferencia de otros continentes que algunos pretenden mostrar como ejemplo, la única amenaza tradicional a una zona de paz regional es la colonial anexión de las Islas Malvinas por el Reino Unido y que su respuesta es una arquitectura colectiva que construiremos mediante la cooperación. Respecto a las “nuevas amenazas”, los invito a asumir los desafíos del maravilloso discurso del Presidente Gustavo Petro de Colombia en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas. (Discurso Presidente Gustavo Petro en la ONU)

En este contexto, y con el objeto de graficar la muy difícil situación financiera que enfrenta el país y sus implicancias para las Fuerzas Armadas, la importante disminución de los montos ejecutados de algunos subtítulos presupuestarios relevantes del año 2022 respecto del año 2019 (sin considerar la previsión y los escondidos Fondos Estratégicos) están mostrando el principio del fin del actual nivel de gasto de defensa, en un marco monetario de fuerte contracción y fiscal en que la deuda pública se acerca al 40% del P.I.B. y se proyecta un gasto social que inexorablemente seguirá creciendo para dar estabilidad política a nuestra sociedad y a lo que diariamente se suman diversas malas noticias, tales como nuevas rebajas de la calificación del riesgo país y las diferencias ideológicas que dificultan aprobar una imprescindible reforma tributaria que permitiría aumentar la recaudación fiscal necesaria y descomprimir la caldera social.

Indudablemente una de las funciones propias del Estado es el financiamiento de la defensa nacional, pero, por favor aterricemos estas expectativas, considerando que hoy lo urgente es avanzar en políticas de mayor coherencia del gasto de defensa con los nuevos escenarios internos (demandas sociales) y externos (zona de paz) en que nos encontramos, para lo cual el Programa de Gobierno del Presidente Boric incluye también una potente señal al proponer: “Eliminar los pisos monetarios mínimos consagrados en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de Contingencia Estratégico establecidos por la Ley 21174”, que, en todo caso solo se refieren a “autorizaciones” de gasto (del Congreso) y no a “asignaciones” efectivas (del Ministerio de Hacienda).

En el marco de los escenarios descritos, deberemos considerar que al nivel estratégico no hay verdades absolutas, sino solamente alternativas, con diferentes riesgos y costos asociados. De esta forma, la planificación militar deberá reorientarse desde el actual modelo de una infinanciable y obsoleta fuerza lista para el combate del siglo XX, hacia la identificación participativa de soluciones creativas para el financiamiento prioritario de algunos programas que permitan mantener el alistamiento de un reducido núcleo básico de defensa para el siglo XXI, de capacidades conjuntas incrementales, incluyendo week end warriors, que faciliten su oportuna expansión ante los escenarios estratégicos emergentes que lo requieran.

En todo caso, espero que el reciente hackeo al Estado Mayor Conjunto no sea una advertencia de la vulnerabilidad estructural de nuestras fuerzas armadas para enfrentar los conflictos del futuro. Para ello, las autoridades políticas debieran asumir su responsabilidad, superando la histórica confusión entre prudencia y debilidad y dar una potente señal inicial de liderazgo, retomando, por ejemplo, la creación de una “Agencia civil de compras y adquisiciones militares”, que también es un compromiso programático del Presidente Boric y cuya implementación resulta imprescindible debido a los casos de falta a la probidad que observamos. Sus disposiciones deberían incluirse como una indicación sustitutiva en el proyecto de ley Boletín 13563-02 –Nuevo Sistema de Compras de las Capacidades Estratégicas-, que hoy duerme en el Senado, con el objeto de expresar con hechos nuestra firme determinación que las autoridades políticas efectivamente conduzcan a la defensa, para que, más allá de la subordinación formal de los militares, se termine con su cultura de autonomía. Como dice el viejo dicho, muy conocido en las familias militares, “las señoras deben tener un grado más que sus maridos para que les hagan caso”.