Opinión
Pareciera ser que el más plausible camino a seguir sería el de una Convención mixta entre expertos y personas elegidas por un proceso democrático a través de partidos y listas políticas. Es decir, un mecanismo de Convención en donde, aproximadamente, el 50% esté compuesto por convencionales electos y el otro 50% por expertos, pero donde, además, dichos expertos se encuentren en las listas propuestas por los partidos políticos, vale decir, que los propios ciudadanos decidan qué expertos participen. Por lo demás, parece ya una obviedad destacar que el órgano debe incorporar paridad, para seguir disminuyendo la brecha de representatividad política de las mujeres. También, resulta clave que los independientes vayan en las listas de los partidos, coaliciones o pactos electorales y no listas propias –como ya ocurrió–. Esto básicamente respondería a que los independientes deberían rendir cuentas –el denominado accountability– a una institución o coalición.
En estas semanas las fuerzas políticas han intentado llegar a un acuerdo con relación a cómo debe seguir el proceso constitucional. Al día siguiente del plebiscito de salida de septiembre, el sentimiento de preocupación sobre lo que debía seguir era inevitable para el Gobierno y para los partidos políticos, aún más para la centroderecha, quienes decidieron en campaña comprometerse con el cambio constitucional. Ante este ambiente, resulta evidente que la discusión constitucional no está cerrada y sería un grave error dar dicha discusión por zanjada. El triunfo del Rechazo no fue un triunfo del statu quo y de aquella derecha petrificada en no cambiar nada, por lo que el éxito de este solo abre las puertas a tratar de encontrar una vía más razonable y mejor para una reforma o cambio constitucional.
Con todo, no ha sido una discusión ligera la que los líderes políticos han estado llevando a cabo, pues sabemos lo complejo que es para nuestra clase política llegar a acuerdos (llevamos casi una década sin ponernos de acuerdo en nada). Sin embargo, hoy, por fuerza mayor y al igual que aquel 15 de noviembre del 2019, deben hacerlo, pues un 71% de los ciudadanos –según la última encuesta CADEM– desea seguir con un proceso para dar a Chile un nuevo texto constitucional. Ahora, lo que es claro, tanto para el oficialismo como para la oposición, es que el proceso que se siga no cometa las mismas falencias del proceso anterior, el cual fue cooptado por personas fanáticas y extremas que no tenían mucho interés en llegar a acuerdos.
Con miras a entender las fallas del proceso anterior, algunos de los diagnósticos que se han hecho a propósito de la fallida Convención Constitucional, son: 1) el rol gravitante que tuvieron las listas de independientes (ver aquí); 2) la sobrerrepresentación política de algunos grupos a través de los escaños reservados (ver aquí); y 3) el exceso de políticas identitarias de nicho (ver aquí) y falta de diálogo entre los grupos que componían la Convención. De esta manera, estudiosos del tema Constitucional reconocen que “la incorporación de escaños reservados para los pueblos indígenas y la posibilidad que candidatos independientes compitieran en igualdad de oportunidades a aquellos que pertenecen a partidos políticos … al haber sido aplicados como reglas electorales, ellos produjeron una importante distorsión en la representación política dentro de la Convención Constitucional en favor de sectores de extrema izquierda, representación que no se condice con los equilibrios existentes en el Congreso Nacional” (García-Huidobro y Ortega, 2022).
En este nuevo marco de análisis, en donde se reconocen las deficiencias que hubo, es que debemos enmendar el rumbo y aprender del fracaso constitucional. Así, entonces, surge el nuevo dilema entre los partidos políticos sobre cuál debería ser el camino a seguir para tener un buen proceso, y, finalmente, una nueva Constitución para Chile, que sea representativa, legítima de cara a la ciudadanía y que además respete y converse con las tradiciones republicanas del país.
Dentro de este debate se han mencionado diferentes mecanismos para seguir el proceso constitucional, entre ellos, las dos que más se mencionan y los que parecieran generar más consenso son: por un lado, una forma de Convención 100% electa más una comisión de expertos que apoye y oriente el proceso de redacción, y, por el otro, una Convención mixta en donde los expertos formen parte directa de la Convención y de la redacción de la nueva Carta Fundamental. En este sentido, lo relevante es también tener en cuenta la opinión del ciudadano, y sobre esto se indica que un 61% cree que el mejor mecanismo para redactar una nueva Constitución es una Convención mixta (ver aquí), es decir, la opción de una Convención conformada por partes iguales de convencionales electos y expertos designados por el Congreso, y solo un 34% cree que la Carta Fundamental debiesen redactarla convencionales 100% electos.
Resulta evidente hoy que, a la luz de los bochornos ocurridos y la fallida experiencia del pasado proceso, los ciudadanos hoy creen indispensable que expertos y académicos participen en la redacción de la Constitución y que además estos tengan un rol no marginal en este, debido a sus conocimientos y capacidad de generar consenso. Este grupo de expertos, en concomitancia con un grupo de ciudadanos electos, pareciera ser la fórmula que podría generar mayor consenso y legitimidad de cara a la población y, de esa manera, además incrementar nuestras probabilidades de “éxito constitucional” y tener, así, una “casa de todos”, que no polarice a la población y que converse con nuestra tradición institucional.
Pareciera ser que el más plausible camino a seguir sería el de una Convención mixta entre expertos y personas elegidas por un proceso democrático a través de partidos y listas políticas. Es decir, un mecanismo de Convención en donde, aproximadamente, el 50% esté compuesto por convencionales electos y el otro 50% por expertos, pero donde, además, dichos expertos se encuentren en las listas propuestas por los partidos políticos, vale decir, que los propios ciudadanos decidan qué expertos participen. Por lo demás, parece ya una obviedad destacar que el órgano debe incorporar paridad, para seguir disminuyendo la brecha de representatividad política de las mujeres. También, resulta clave que los independientes vayan en las listas de los partidos, coaliciones o pactos electorales y no listas propias –como ya ocurrió–. Esto básicamente respondería a que los independientes deberían rendir cuentas –el denominado accountability– a una institución o coalición, que sería el partido o pacto por el cual corren, y, estos, al estar “institucionalizados”, en cierta medida representan a los ciudadanos, pero al mismo tiempo tendrían menos incentivos a convertirse en “floreritos de mesa” y generar bochornos dentro de la Convención.
Todo este sistema de contrapesos entre expertos y ciudadanos electos evitaría que los independientes siguieran, en palabras simples, sus propias reglas del juego, y de esta manera se asegura la representatividad de las personas en un contexto menos polarizado y de más consenso. Finalmente, y con relación con los escaños reservados de los Pueblos Originarios, estos debiesen disminuir para evitar la sobrerrepresentatividad política de algunos grupos en desmedro de otros y en función del número de registro indígena (Conadi). De esta manera, se evitaría la sobrerrepresentación y vicios que ocurrieron en el pasado proceso. En la Conadi hay 1 millón 203 mil 635 acreditados durante este 2022; esto equivaldría solo al 6,25% de habitantes del país, por lo que se debería reducir el numero de escaños reservados de 17 a 10 escaños (ver aquí). Esta visión, por lo demás, la comparte hoy el oficialismo.
En síntesis, existen ciertos parámetros de un nuevo proceso bajo el cual es posible asegurar un buen trabajo constitucional, teniendo en cuenta los errores de diseño del anterior y que representan un aprendizaje para el diseño del nuevo camino. Sin embargo, es sumamente importante que tanto oficialismo como oposición puedan llegar a puntos de encuentro y consenso, y que exista voluntad política por parte de los distintos sectores para poder llevar a cabo este proceso constitucional mixto y tener una nueva Constitución para Chile.
Eso sí, este cambio de Constitución debe ir acompañado por un cambio ético en la política chilena, y de cómo sus miembros entienden y se relacionan con el adversario político. Es decir, debemos abandonar a Carl Schmitt para que dejemos de mirarnos como enemigos a los cuales hay que subyugar, para vernos luego como artífices de un espacio político responsable en donde deben regir el diálogo y la negociación política entre iguales.
