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La postura de una parte de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) podría transformarse en el factor clave para impedir el arribo de la exvocera del comando del Apruebo a la presidencia de la Corporación. Junto con los tironeos que recibe de la derecha para hacer fracasar el acuerdo, en el PGD se cuestiona el papel que jugó la diputada como presidenta de la Comisión de Constitución, cuando evitó que se aprobaran los retiros quinto y sexto de las AFP. En la colectividad afirman que son sus bases las que jalonan para que Cariola no presida la Cámara, pero distintos observadores añaden que tal decisión podría hipotecar el escaso capital político del nuevo referente, puesto que, si decide romper un acuerdo que sus propios parlamentarios firmaron hace siete meses, su credibilidad podría licuarse, alejándolo de su propósito de transformarse en una fuerza política relevante.
Su rol como vocera de «Aprueba x Chile» y su gestión como presidenta de la Comisión de Constitución son los dos factores que, eventualmente, podrían impedir que Karol Cariola (PC) lidere la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, tal como estaba explicitado en el «acuerdo de gobernabilidad» suscrito el pasado 11 de marzo por las bancadas del PC, PDG, DC, PS, PS, PPD, el FA, PR, FRVS e independientes de ese sector.
El documento firmado señala que el próximo 21 de octubre debe renunciar la actual mesa directiva, liderada por Raúl Soto (PPD), dejando la presidencia de la Cámara Baja en manos del Partido Comunista, con Cariola a la cabeza. Pero el acuerdo comenzó a tambalear meses atrás, precisamente cuando la diputada asumió como vocera del comando oficialista del Apruebo, sumando voces críticas una vez que se impuso el Rechazo en el plebiscito de salida.
Es que algunos sectores de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) –presionados también por la derecha– han puesto en duda la representatividad de la parlamentaria comunista, sumando a esto la aprensión de que pueda ejercer un liderazgo similar al que empleó al presidir la Comisión de Constitución, donde es recordada particularmente por su bullado rol para evitar que se aprobaran los retiros quinto y sexto de las AFP.
Frente a este escenario, ambas bancadas parlamentarias –tanto de la DC como del PDG– tendrán una prueba de fuego en esta discusión, porque mientras algunos de sus diputados buscan cumplir con el acuerdo de marzo pasado, otros aseguran que quieren dejar atrás la lógica de «cocinar» acuerdos políticos en los pasillos del Congreso, mostrándose abiertos a negociar con Chile Vamos para evitar el cambio de la presidencia de la Cámara Baja comprometido para el próximo 21 de octubre. Una decisión que encendió las alarmas en La Moneda y despertó el malestar entre sectores oficialistas, como el PS y el PC.
Fue la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, quien reaccionó a la eventualidad de que se desahucie el pacto convenido en marzo pasado, advirtiendo que los parlamentarios que alcanzaron el acuerdo de gobernabilidad sobre la rotación en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados deben «honrar su palabra», porque –a su juicio– «los acuerdos son celebrados para cumplirse».
La ministra Uriarte cree que «los acuerdos deben ser cumplidos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía tenga claridad que cuando los parlamentarios toman acuerdos y decisiones, estas se cumplen y se honra la palabra (…). El acuerdo está vigente y me imagino será cumplido para honrar la palabra de las y los parlamentarios. La información que manejo es que existe un acuerdo administrativo que fue adoptado de buena fe por las distintas fuerzas políticas, a través de sus parlamentarios y parlamentarias».
Luego fue la propia diputada Karol Cariola quien salió al paso de la polémica, asegurando que el veto que impondría el PDG para frenar su arribo a la presidencia de la Cámara Baja sería una «excusa para pactar con la derecha». Asimismo, la parlamentaria comunista agregó que «el acuerdo no incorpora vetos particulares ni personales», apuntando a que «si alguna fuerza política tiene la decisión de asumir un vínculo con otro sector –en este caso con la derecha–, creo que ese es un elemento que hay que sincerar con toda discusión, y no poner excusas en los vetos personales».
La «desconocida» que pretenden hacerle a la diputada Cariola parlamentarios que se sienten respaldados por el Rechazo, podría incluso –en opinión de diputados oficialistas– poner en duda los acuerdos para las otras presidencias, lo que llevaría a una depreciación de los acuerdos, algo que resulta muy importante a la hora de sacar adelante la versión 2.0 del proceso constituyente. Es más –sostienen–, esto podría poner mayores trabas a los proyectos legislativos del Gobierno, y un acuerdo con el PDG y otros legisladores descolgados, podría llevar a la derecha a imponer una agenda legislativa propia, pasando por encima de los mínimos comunes.
Al respecto, el diputado del PDG, Gaspar Rivas –quien es uno de los principales rostros en contra de que Cariola asuma el cargo de presidenta de la Cámara– cree que «parte de la vieja política es este tema de los acuerdos entre pasillos, el lobby, y los acuerdos meramente instrumentales, que son parte de la cocina de la vieja política. Por eso, desde mi punto de vista, la razón más gravitante para desahuciar el acuerdo suscrito en marzo es porque la militancia nos lo está pidiendo mayoritariamente y, por lo mismo, el PDG estaría dándoles un portazo a los acuerdos que se generan por las cúpulas políticas, porque van en contra del sentir de la gran mayoría de nuestra militancia».
En ese sentido, Rivas agrega que «también tenemos que tener en consideración que, entre marzo y ahora, han ocurrido ciertas cosas que en ese momento no estaban sobre la mesa, como la campaña del Apruebo, además de la polémica por el quinto y sexto retiro, que son elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de tomar una decisión (…). Desde ese punto de vista, me genera el ruido en cuanto a que, si ella puede tener la capacidad de bloquear este tipo de iniciativas en la Comisión de Constitución, desde la testera de la Cámara podría aplicar la misma estrategia de bloquear proyectos de ley en defensa de su Gobierno”.
El Partido de la Gente, por tanto, buscaría alinear a una parte mayoritaria de sus nueve votos en la instancia que dirimirá dicha discusión, adoptando una postura arriesgada que podría poner en jaque su limitado capital político.
Si finalmente adoptan el camino trazado por el diputado Gaspar Rivas –priorizando la voz de su militancia por sobre la subsistencia de su partido al interior de la repartición de fuerzas en el Congreso– y deciden romper un acuerdo que ellos mismos firmaron hace siete meses, la pregunta que podría instalarse es en torno a cuánto podría dañar esta decisión la credibilidad de una colectividad que exige ser respetada y valorada como una fuerza política influyente.
Precisamente, uno de los diputados del PDG que así lo entiende es Rubén Oyarzo, quien asegura que «es efectivo que en la militancia genera ruido y que hay que escuchar a esa militancia. Sin embargo, este es un tema administrativo, no es una alianza legislativa ni una alianza política, sino que es solo un acuerdo administrativo y yo estoy por cumplir el acuerdo que asumimos en marzo (…). No puedo negar que sí hay tensión y que mete ruido el nombre de Karol Cariola. Al respecto, nuestra propuesta, que plantearemos a la bancada, es de cambiar los periodos, haciendo un enroque y adelantando el periodo de la DC. Creo que esta puede ser una alternativa sana para evitar que se caiga el acuerdo”.
De esta forma, en los próximos días, en los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados, se adoptará la decisión definitiva, respecto a quién será quien asuma el cargo hoy en manos del PPD Raúl Soto –el que, en medio de la tensión, habría manifestado su intención de postular a un segundo periodo–. Es que en las últimas horas son muchas las especulaciones y los nombres propuestos por las diferentes bancadas, donde incluso estaría el interés de Chile Vamos por nominar al jefe de la bancada de RN, Andrés Longton. Finalmente, la decisión pasaría por un PDG que podría inclinar la balanza y hacer caer el acuerdo pactado el 11 de marzo, escuchando a sus bases militantes y poniendo en riesgo su credibilidad, lo que generaría el malestar de un Partido Comunista enfrentado a la posibilidad de seguir disminuyendo su injerencia en la primera línea de acción de la política, perdiendo un puesto clave en el juego del poder, como es la presidencia de la Cámara Baja.
