¿Más dinero para mayor seguridad?

El problema de la violencia y convivencia ciudadana ha sido el foco de atención de los últimos anuncios del Ejecutivo. El presidente Gabriel Boric anunció altos montos de gasto público, para financiar estrategias globales de seguridad pública. Lo anunciado es, sin duda, una noticia que celebramos quienes nos enfrentamos al problema de la delincuencia, sufrimos sus consecuencias e imaginamos soluciones adecuadas para el fenómeno. Sobre todo, desde los gobiernos locales de las periferias y pericentros nos ha tocado empujar -Como diría el ex entrenador de la selección chilena Marcelo Bielsa- lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Ante esa realidad, la lucha de quienes hacemos gestión en políticas públicas locales para la prevención delictual, se ha caracterizado por la escasez del presupuesto y recursos institucionales.

Dado lo anterior, el inédito anuncio de aumento presupuestario en áreas de seguridad ciudadana es una importante noticia, que junto con la alegría que genera en los barrios más afectados, también despierta ansiedad y expectativas por cómo serán distribuidos, proyectados y gastados esos dineros. Este aumento de un 4,4% en seguridad -con respecto al 2022- es coherente con las palabras del subsecretario Eduardo Vergara, quien ha sido enfático en anunciar el fin de la concursabilidad para los municipios, para dar paso a un sistema de financiamiento basado en la equidad territorial para la práctica distributiva en seguridad.

Estas expectativas suponen la esperanza de que nuestros gobiernos locales puedan recibir montos más altos para intervenciones que alcancen un mayor y mejor impacto en la ciudadanía. Además de esto aspiramos a que la estrategia, las orientaciones y los objetivos de estas inversiones puedan integrar miradas y diagnósticos compartidos con la fuerza local que se enfrenta a la delincuencia, sobre todo en sus expresiones más crudas. El gobierno central ha dado muestras de avanzar por este camino, con una presidencia y un Ministerio del Interior y Seguridad Pública que ha dado muestras importantes de vocación territorial.

El diagnóstico de los territorios ha podido retratar con detalle la realidad del crimen organizado, y cómo sus principales expresiones -tráfico/consumo problemático de drogas, y porte/uso de armas de fuego- han sido un elemento estimulante de otros delitos, infracciones y fallas en la convivencia ciudadana a la que aspiramos. Para lo cual, no basta con el aumento de 25 mil millones de pesos en policías, sino que resulta prioritario hacer más eficiente la gestión de las tareas de patrullaje, empujar que innovaciones como el OS 14 y la relación con los equipos municipales puedan ser claves para repensar estratégicamente la función de los actores y los recursos involucrados en las labores policiales cotidianas. Resulta fundamental pensar en medidas que logren descomprimir tareas administrativas y de menor sensibilidad policial, mediante funciones municipales en tanto coadyuvantes.

Lo dicho apoya al avance de la coproducción de la seguridad, y que las policías y fuerzas de seguridad pública puedan destinar mayores esfuerzos, inteligencia y concentración en el corazón de las feroces redes delictuales que durante los últimos años han venido afectando a nuestros territorios. La descentralización funcional y territorial en seguridad no es solo escuchar a las alcaldías en sus demandas y diagnósticos, sino que es aumentar la efectividad para enfrentarse al fenómeno delictual.

¿Más dinero para mayor seguridad? Sí, los 164 mil millones a invertir en Orden Público y Seguridad nos van a proporcionar mejores condiciones para asegurar el derecho a la seguridad. Pero para la efectividad de las medidas, el proceso y el detalle resultan tan importantes como las cantidades anunciadas.