Opinión
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En una reciente entrevista publicada por una revista brasileña, el 7 de octubre pasado, Bolsonaro anunció que va a discutir y poner en pauta, después del balotaje electoral, y en caso de triunfar, un plan para aumentar el número de integrantes del STF de once a dieciséis, lo que le permitiría la oportunidad de nominar a cinco jueces de su absoluta confianza para ese cargo. Y dio a entender que la prioridad es frenar investigaciones que amenazan a la familia presidencial. Entre otras cosas, debido al pequeño imperio inmobiliario que construyeron sobre la base de la práctica de la “rachadinha”, que consiste en quedarse con la mayor parte del sueldo de empleados “palos blancos” que actúan como “asesores parlamentarios”.
Se podrá acusar de muchas cosas a Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño que postula a su reelección en la segunda vuelta de los comicios presidenciales que tendrá lugar el 30 de octubre próximo, menos de ocultar o intentar disimular sus intenciones de perpetuarse en el cargo, por todos los medios legales (y a veces no tan legales) que estén a su alcance.
La vía elegida para ello –siempre y cuando, claro, antes se imponga en las elecciones, en las que actualmente el favorito es su contrincante, Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo en la primera vuelta un 48,4% de los sufragios, contra un 43,2% que optó por Bolsonaro– es un drástico cambio en la composición del Supremo Tribunal Federal (STF), el órgano formado por once magistrados que cumple al mismo tiempo la misión doble de Suprema Corte y Tribunal Constitucional en ese país. Y que ha sido la principal valla para frenar hasta ahora sus arrestos autoritarios.
En una reciente entrevista publicada por la revista Veja, el 7 de octubre pasado, Bolsonaro anunció que va a discutir y poner en pauta, después del balotaje electoral, y en caso de triunfar, un plan para aumentar el número de integrantes del STF de once a dieciséis, lo que le permitiría la oportunidad de nominar a cinco jueces de su absoluta confianza para ese cargo. Y dio a entender que la prioridad es frenar investigaciones que amenazan a la familia presidencial. Entre otras cosas, debido al pequeño imperio inmobiliario que construyeron sobre la base de la práctica de la “rachadinha”, que consiste en quedarse con la mayor parte del sueldo de empleados “palos blancos” que actúan como “asesores parlamentarios”.
De los actuales once magistrados que integran esa alta corte, la del STF, solo dos llegaron a ese puesto tras ser nominados por Bolsonaro. Otros tres fueron nombrados por Lula, cuatro por su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, y uno por quien precedió al dirigente metalúrgico en su paso por el Planalto, Fernando Henrique Cardoso. El onceavo juez, Alexandre de Moraes, fue postulado por Michel Temer –el presidente que asumió en el interregno, tras el impeachment parlamentario de Dilma, en 2016– y se transformó en un enemigo jurado de Bolsonaro, que no esconde su animadversión por él. De hecho, en la entrevista concedida a Veja, acusó a De Moraes de “ignorar al Ministerio Público”, ya que “oye, investiga y condena”, dijo en tono de queja.
La posición de miembro del STF no tiene un mandato fijo y se supone que los ministros permanecen en el cargo hasta la edad de jubilarse, que fue fijada a los 75 años.
La idea de reformar la corte, en todo caso, no parece haber surgido de la mente del excapitán de Ejército, que ahora funge como jefe de Estado, sino de otros círculos de mayor vuelo intelectual que el suyo. El 7 de octubre el senador electo Hamilton Mourão, actual vicepresidente de Brasil, dijo que el Congreso que asumirá en enero deberá discutir una “amplia gama de asuntos” relacionados con la Suprema Corte, en busca de restablecer “el equilibrio y la armonía entre los poderes” del Estado. “Hemos visto –agregó el exgeneral Mourão– que nuestra Suprema Corte ha invadido contumazmente aquello que son atribuciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y, en algunas ocasiones, rasgando aquello que debería ser el proceso legal. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ser conducida dentro del Congreso Nacional”.
Cabe recordar, además, que Bolsonaro ya trató a De Moraes, uno de sus más acerbos críticos dentro del STF, como “canalla” y “otario” (bobo). Y el 7 de septiembre de 2021 dijo, en un acto público en homenaje a la Independencia de Brasil, que no respetaría más sus decisiones, aunque posteriormente reculó y divulgó una nota, con auxilio y por sugerencia del expresidente Temer, diciendo que, en realidad, no había querido manifestar lo que dijo.
El libreto a emplear por los reformadores del Poder Judicial implica, como se ha dicho, aumentar el número de ministros, acortar los mandatos de los magistrados ya existentes (por medio de la reducción del plazo de jubilación de 75 años, llevándolo a 70) e incrementar la restricción del alcance de las decisiones del STF, al que, desde el bolsonarismo duro, se ve como muy amplio. Esta cartilla ya fue seguida en su momento por los actuales gobernantes de Hungría y de Polonia, Viktor Orbán y Andrzej Duda, respectivamente, quienes gozan hoy de plenos poderes debido a exitosas maniobras “constitucionales” y “legales” como las ya descritas.
Pero la verdad es que los bolsonaristas, ensoberbecidos, de algún modo, por el alto grado de éxito que acompañó a la renovación de escaños parlamentarios –que tuvo lugar en paralelo a la primera vuelta presidencial del 2 de octubre pasado–, no necesitarían siquiera recurrir a los ejemplos ya vastamente descritos por los politólogos de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro titulado Cómo mueren las democracias, de 2018 –donde estudian los nuevos populismos de carácter autoritario o “iliberales”–, puesto que la propia historia de Brasil muestra que, en otros contextos históricos, regímenes reñidos con las más elementales normas democráticas se las arreglaron para tener sistemas judiciales amigables y adecuados a sus cánones.
Como bien recuerda el columnista Bernardo Mello Franco, de O Globo, este plan “ya fue ejecutado en Brasilia por la dictadura militar. En 1965, el régimen aumentó el número de ministros de 11 para 16. La maniobra le permitió al mariscal Castelo Branco (el primer dictador tras el golpe de 1964, y que se mantuvo en el poder hasta 1967, para luego dar paso a otros cuatro gobernantes militares) ‘empaquetar’ la Corte, nominando a cinco aliados de una sola vez”.
“Cuatro años después, la dictadura proscribió a tres ministros que no se curvaban ante el Planalto (…). Otros dos anticiparon su jubilación, y el Supremo volvió al formato original”. Es decir, once miembros.
Este episodio muestra que “es posible capturar el tribunal sin la necesidad de cerrarlo con un candado”, como ha ocurrido en otras experiencias autoritarias más brutales.
“Con un Supremo dócil –apunta, a su vez, Bruno Boghossian, articulista de Folha de S. Paulo-, Bolsonaro no sería incomodado por ninguna investigación sobre la conducta del gobierno en la pandemia (donde Brasil, recuérdese, registró una tasa de 687 mil muertos, mientras Bolsonaro postulaba que solo era una ‘gripezinha’ y que se podía curar con la milagrosa cloroquina), las sospechas del pago de comisiones ilícitas en el Ministerio de Educación, la distribución de los billones del presupuesto secreto (partidas de dinero estatal concedidas a parlamentarios amigos para invertir en su base electoral sin ningún tipo de fiscalización o auditoría) o la máquina (de redes sociales) que él operó para desparramar mentiras sobre las urnas electrónicas”.
La jugada de cambiar a los jueces “por secretaría” también le permitiría al Ejecutivo tener un terreno más propicio en el campo de la justicia electoral, que es la que está encargada de supervisar y administrar los comicios a nivel federal y estadual. Ejemplo concreto: tres de los siete integrantes del Tribunal Suprema Electoral, la mayor autoridad en este ámbito, salen de las filas del Supremo Tribunal Federal. Por tanto, una eventual toma del STF por parte de los bolsonaristas llevaría a la corte electoral a ministros que actuarían a favor de los intereses del jefe del Estado y sus aliados, prolongando de este modo su permanencia en el poder.
Así las cosas, la mesa estaría servida para que se reprodujera en Brasil, de manera plena e incontestable, la matriz típica que, según el cientista político español Juan J. Linz (véase La quiebra de las democracias, Alianza, 1978), se asienta sobre cuatros premisas o indicadores claves del comportamiento autoritario: “i) Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego; ii) Negación de la legitimidad de los adversarios políticos; iii) Intolerancia o fomento de la violencia; y iv) Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación”.
Ahora bien, para que este plan funcione y se haga realidad el “sueño húmedo” del diputado Eduardo Bolsonaro, quien en un video posteado en las redes sociales en octubre de 2018 –cuando resultó ser el parlamentario más votado en esa elección de hace cuatro años– dijo, con aires de suficiencia, que para cerrar el STF bastaban “un cabo y dos soldados”, se necesita que el bolsonarismo consolide una hegemonía en el Senado y la Cámara baja que hoy por hoy está cerca de conseguir pero no tiene, por el momento, garantizada.
La alianza entre el bolsonarismo “pura sangre” y el “Centrão” (esa coalición formada por pequeños y grandes partidos que siempre juegan a ganador e inclinan la balanza en uno u otro sentido) ha sido la que, en definitiva, le ha dado gobernabilidad a Bolsonaro en su primer mandato. Puesto que, pese a su promesa de renovación de la política tradicional y de “limpiar los establos” donde se acumulaba la basura y la corrupción, terminó estableciendo alianzas, tal como lo hicieron todos sus antecesores, con esa difusa masa de parlamentarios “fisiologistas” que aseguran las esquivas mayorías.
Pero vayamos a los fríos números: en la Cámara fueron elegidos 99 diputados del Partido Liberal (PL), la novena colectividad a la que ha adherido Bolsonaro, en su trayectoria de más de tres décadas como integrante del llamado “bajo clero” parlamentario en Brasil. A ellos deben sumársele otros 47 diputados elegidos por el Partido Popular (PP), del ministro jefe de la Casa Civil, Ciro Nogueira, y 41 de los Republicanos, la tienda en que milita el candidato más fuerte al gobierno de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (que enfrenta en segunda vuelta al candidato de Lula, Fernando Haddad). La bancada bolsonarista tiene, por lo tanto, 187 de un total de 513 diputados federales.
En un cálculo preliminar, se podría agregar a ese número los 59 diputados de União Brasil (el ex DEM, un partido que se autocalifica como de centroderecha), lo que daría un total de 246 escaños, que serían susceptibles de darle su apoyo a Jair Bolsonaro. Aunque cabe destacar que União Brasil liberó a sus militantes para apoyar a Bolsonaro o a Lula, en el segundo turno electoral, en función de sus conveniencias particulares. Y que este partido negocia actualmente, además, una eventual fusión con el PP. Como sea, 246 curules de un total de 513, significa asegurar, en principio, un 48% de los representantes de la Cámara de Diputados, lo que no es poca ventaja inicial, ciertamente.
La izquierda, por su parte, si se considera como tal al posible bloque formado por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), el Partido Verde, el PSOL, Rede, el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido Democrático Laborista (PDT), que impulsaba la candidatura presidencial de Ciro Gomes, tendrá 125 diputados. O sea, apenas el 24,4 % de la Cámara.
Y quedarían en el centro real, para jugar el rol de fiel de la balanza, otros 109 diputados, que se descomponen de esta manera: Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que levantó como abanderada presidencial a la senadora Simone Tebet, 42 diputados; Partido Social Democrático (PSD), conducido por Gilberto Kassab –un verdadero “equilibrista” de la política que tiene el “mejor olfato” de Brasil para detectar a quienes van en ascenso–, 42 escaños; Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la golpeada casa política del exmandatario Fernando Henrique Cardoso y de José Serra y Aécio Neves, 13 escaños; y Podemos, anteriormente Partido Trabalhista Nacional (PTN), 12 bancas.
El resto de los diputados, 33 escaños, forman parte de lo que en Brasil se llama partidos “nanicos” (enanos), que generalmente representan intereses regionales o locales muy focalizados.
En el Senado federal, en tanto, de un total de 81 senadores, el bolsonarismo controla 35, lo que representa el 43% del plenario de esta casa. La izquierda en su conjunto, por su parte, apenas suma 13 senadores. Vale decir, el 16% del Senado. Lo cual pone nuevamente a Lula, en caso de que venza en la segunda vuelta del 30/10, tal como lo pronostican las encuestas, en el incómodo papel de ser extremadamente dependiente de los votos del MDB, el PSD y el PSDB, entre otros, lo que lo forzará a hacer una sofisticada ingeniería política con el fin de aprobar las leyes que necesita para gobernar.
En un país de tamaño continental, como es Brasil, las lealtades partidarias, por otro lado, nunca son uniformes ni simultáneas, pues las realidades regionales marcan y definen posturas muy distintas. Así, pues, el MDB está tan dividido y polarizado como el propio Brasil: del nordeste al norte es lulista, y del sur al centro-oeste es bolsonarista. El gobernador reelecto en Pará, Helder Barbalho, con votación récord en su estado (70,4% de los sufragios), apoya a Lula, mientras su compañero de partido Ibaneis Rocha, elegido gobernador del Distrito Federal, es un entusiasta bolsonarista.
La buena noticia, sin embargo, mirando la cosas desde la perspectiva del amplio y plural campo democrático, es que la ventaja de Lula, a partir de haber recibido el rápido apoyo de dos de sus contendientes más votados en la primera vuelta –Simone Tebet (4,16%) y Ciro Gomes (3,04%)– parece ser, a estas alturas del partido, irremontable, por más que Bolsonaro se empeñe en acortar distancias. La última encuesta de Datafolha, divulgada el 7 de octubre, señala que Lula tiene 49% de las preferencias contra un 44% de Bolsonaro, en la perspectiva de la segunda vuelta, que tendrá lugar dentro de tres semanas. En los votos válidos, es decir, excluyendo a blancos, nulos o indecisos, Lula obtendría 53% y Bolsonaro, un 47 %.
Pero el factor que más imposibilita un eventual triunfo de “virada” de Bolsonaro –o sea, dando vuelta el resultado a última hora– es el hecho de que el exmilitar, que salió de las filas del Ejército debido a su indisciplina, tiene un índice de rechazo que permanece estabilizado y sólido en alrededor de un 51 por ciento. Esto quiere decir que, de cada 100 electores brasileños, 51 de ellos han manifestado que no votarían de manera alguna por Bolsonaro, mientras que el índice de rechazo de Lula es mucho más bajo, puesto que es solo de un 46 por ciento.
En estas condiciones, y salvo que se produjera un hecho realmente impredecible (lo que en ciencia política se denomina un “cisne negro”), es prácticamente imposible que se llegue a concretar el sueño de Bolsonaro y sus adeptos de darle un “golpe de Estado” suave al Poder Judicial, con la ayuda de un benevolente Poder Legislativo. Para ello sería necesario, como primer paso, ganar las elecciones y ello, como hemos visto, resulta un requisito prácticamente imposible de cumplir, pues las tendencias ya aparentan estar consolidadas y ser inmodificables.
“Los números de las encuestas Ipec y Quaest –escribe Ascânio Seleme, en el diario O Globo (08/10)– revelan que Lula tiene cerca de diez millones de votos más que Jair Bolsonaro a esta altura de la campaña. Muestran también que ya no bastan los indecisos para dar vuelta la elección y ganarle al petista: el presidente que busca la reelección tendrá que sacarle votos al adversario. Faltando 22 días para la elección, significa que tiene que virar 435 mil votos por día. No es imposible, pero va a precisar de mucho brazo y saliva…”.
Y en la perspectiva de la derrota inevitable y anunciada, a Bolsonaro y a su gente solo les restará el postrero consuelo de alimentar el hipotético proyecto de que, dado que sus huestes se han hecho fuertes en las dos Cámaras, donde un conjunto de extremistas de derecha han reemplazado a los liderazgos tradicionales de ese sector, podrían articularse tal vez en torno a un nuevo impeachment, que cuelgue como una espada de Damocles sobre la cabeza del presidente Lula, en su cada vez más probable tercer mandato.
Aunque, a decir verdad, también es cierto que a la “bancada de las tres B” –la bala, representada por los diputados que provienen de las filas de las FF.AA. y de la policía; la Biblia, personificada en el número cada vez mayor de parlamentarios evangélicos; y el “boi” (el buey), como expresión tangible del próspero agronegocio brasileño– le falta el talento y la paciencia de la “vieja política”, encarnada en partidos como el MDB y el DEM, para sumar voluntades y urdir acuerdos, y les sobra la soberbia que los lleva a tratar de imponer a rajatabla y sin ninguna vocación por el diálogo sus propios puntos de vista. Porque está en su naturaleza ser como son: populistas y autoritarios…
