Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile y tercer aniversario del estallido social: «Tan solo el 0,1% de las denuncias por violación a derechos humanos ha terminado en sentencia condenatoria»

En el contexto del tercer aniversario del estallido social, y mientras las autoridades de Gobierno y los altos mandos de las policías despliegan su contingente según el diseño estratégico de medidas preventivas de seguridad, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) advierten sobre la falta de justicia respecto a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, denunciando un preocupante «manto de impunidad», el que impide esclarecer tanto las responsabilidades políticas como en las cadenas de mando al interior de instituciones como Carabineros de Chile.

Precisamente, hace unos días la organización internacional hizo entrega de su informe anual 2021/22, contexto en el que el director ejecutivo de su oficina en Chile, Rodrigo Bustos, aseguró que el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera dejó un «legado sombrío en materia de derechos humanos», recordando la urgente necesidad de una reforma estructural a Carabineros. En este proceso, Amnistía Internacional ha sido invitada a participar de una mesa de trabajo en cuya unidad consultiva también está presente el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de representantes de la academia y distintos centros de estudios.

En conversación con El Mostrador, Bustos reconoce con preocupación que, a tres años del inicio del estallido social, solo el 0,01% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo ha terminado en sentencia condenatoria, lo que –a su juicio– devela un escenario de completa impunidad, cuya responsabilidad es judicial, policial y también política. Asimismo, señala que desde Amnistía Internacional han colaborado con la investigación que lleva adelante la fiscal Ximena Chong, respecto a las eventuales responsabilidades de los altos mandos de Carabineros de Chile en relación con lo que considera como «las más graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el regreso a la democracia».

-¿Cuál es el diagnóstico que realizan en torno al escaso número de condenas por violación a derechos humanos durante el estallido social? ¿Cómo observan que la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros aún no sea clarificada?
-A tres años del inicio del estallido social, el escenario que enfrentamos es uno de mucha impunidad, puesto que, de las 10.813 denuncias por violación a los derechos humanos cometidas durante ese periodo, solamente hemos tenido 16 condenas, lo que equivale al 0,01% de las denuncias. Además, la gran mayoría de los casos se ha cerrado sin poder esclarecer los hechos y, tal como hemos señalado varias veces, para Amnistía Internacional es fundamental que no solamente se investigue y eventualmente se sancione a quien apretó el gatillo en la Plaza Italia o en distintos lugares a lo largo de Chile, sino que, por cierto, se investigue la responsabilidad de la cadena de mando en una institución policial como Carabineros de Chile, que es una institución militar, jerarquizada, donde es muy claro que hay responsabilidad de mando por acción o por omisión de varios generales que tenían posición estratégica durante ese periodo.

-¿Cuáles cree que son los principales actores responsables de dicho manto de impunidad? Y más allá del «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución», ¿existe responsabilidad política al respecto?
-Desde Amnistía Internacional hemos señalado que el Estado de Chile está en deuda, y eso se traduce en responsabilidades para diversos órganos del Estado: por cierto, el sistema de Justicia, porque existe una enorme impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, un órgano como Carabineros de Chile que, por cierto, tiene responsabilidad directa, y donde hemos dicho varias veces que requiere una reforma profunda y estructural para poder brindar seguridad y protección a la ciudadanía, con apego irrestricto a los derechos humanos. Esa reforma sigue pendiente, está avanzando muy lentamente y sigue siendo indispensable para nuestro país.

Y, por cierto, existe una responsabilidad política, entendiendo que el Gobierno anterior y también el actual Gobierno, junto con el Congreso, tienen responsabilidades respecto de, por ejemplo, avanzar en políticas de reparación integral para las miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Pero, por otra parte, también es importante señalar que las millones de personas que salieron a la calle en 2019 por demandas legítimas relacionadas con desigualdades estructurales, también reclamaban la posibilidad de ejercer derechos humanos como el derecho a la salud, a la educación o el tener acceso a pensiones dignas. Y esas demandas, al día de hoy y después del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, siguen sin ser abordadas adecuadamente, y en ese contexto Amnistía Internacional ha enviado también una carta pública a los representantes de los partidos políticos que hoy se encuentran negociando en el Congreso la continuidad del proceso constituyente, para decirles claramente que el proceso constituyente no le pertenece a la clase política, sino que al pueblo de Chile que salió a manifestarse para exigir una sociedad más justa y democrática.

-¿Qué visión tiene Amnistía Internacional –en su condición de organización global– sobre el proceso social generado a partir de 2019 en Chile y que tuvo recientemente un fallido intento de conseguir una nueva Constitución?
-Nuestra organización es de carácter global, es un movimiento que tiene más de 61 años de historia y que tiene presencia en más de 150 países, y la visión que tiene Amnistía Internacional a nivel mundial es que Chile efectivamente vivió un proceso de transformación muy importante a partir del 18 de octubre de 2019, un proceso que tuvo costos muy importantes en cuanto a vida humana y vulneraciones al derecho de integridad personal de miles de personas, y nuestra organización considera que, a tres años del inicio del estallido social, es fundamental que haya verdad, justicia y reparaciones integrales. Hemos trabajado en casos concretos, como el caso de Gustavo Gatica, o el de Damaris –una niña que para 2019 tenía 15 años y también quedó mutilada de la vista de uno de sus ojos–, y la verdad es que vemos con esperanza el proceso constituyente y seguiremos trabajando para que Chile tenga una nueva Constitución, que tenga en el centro los derechos humanos. Esa es la visión que tiene nuestra organización respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país.

-¿Cuál es su visión sobre la fallida propuesta constitucional en materia de derechos humanos? ¿Cuáles cree que son los desafíos para que una nueva Carta Magna logre convencer a la ciudadanía, que mayoritariamente rechazó el texto emergido de la Convención en el pasado plebiscito de salida?
-Cuando conocimos el contenido, la verdad es que creíamos que era una Constitución que podía significar un avance en materia de derechos humanos, no solo para Chile sino como referente a nivel mundial. Finalmente, hay que respetar, por cierto, el veredicto popular del 4 de septiembre, entender que el pueblo de Chile rechazó esta propuesta de nueva Constitución, y hay que respetar esa votación, que además fue muy masiva. Y hoy estamos frente a otro escenario. Seguimos considerando que la Constitución de 1980 ha sido reiteradamente una barrera para el ejercicio de los derechos humanos, puntualmente considerando lo que son las leyes orgánicas constitucionales y el rol del Tribunal Constitucional en diversas ocasiones.

Entonces, lo que hoy esperamos es que sí se pueda avanzar en un proceso que probablemente no va a ser como el anterior, pero que sí sea participativo y que tenga en el centro a los derechos humanos, especialmente a los derechos sociales, que son probablemente los que tienen una regulación más delimitada en la Constitución de 1980, puntualmente en materia de salud, educación y pensiones. Todos estos derechos cuyo ejercicio actualmente depende del bolsillo de cada persona.

-Considerando que como organización han participado de la mesa de trabajo convocada por el Gobierno para la reforma a Carabineros, ¿cuáles piensa que deberían ser los principios que movilicen la modificación estructural a esta institución, manchada por actos de corrupción y por violaciones a los derechos humanos?
-Se requiere una reforma profunda y estructural a la doctrina de esta institución jerarquizada y militar, donde se requiere un cambio a la formación de Carabineros, estableciendo procesos permanentes de entrenamiento con un claro enfoque de respeto a los derechos humanos, enfoque de género y enfoque intercultural. Además, se requiere, por cierto, rendición de cuentas y, especialmente, que Carabineros sea, no solo formalmente sino en los hechos, una policía plenamente subordinada al poder civil, porque no obstante la legalidad establece eso, no hay mecanismos claros para que justamente se cumpla esa subordinación, entendiendo que lo que ha ocurrido en diversos Gobiernos es que se les ha entregado altos niveles de autonomía a las policías, particularmente a los altos mandos. Eso no debiera seguir ocurriendo en un Estado democrático de derecho, y esperamos justamente que en los próximos meses se avance de manera sustantiva en esta transformación de Carabineros de Chile, que requiere nuestro país para tener una policía que, por una parte, pueda brindar seguridad y prevenir el delito y que cumpla, además, de manera irrestricta los derechos humanos.

-¿Consideran un avance la condena de 12 años de cárcel para el carabinero que dejó ciega a la hoy senadora Fabiola Campillai? ¿Cuál es el camino hacia donde se debe avanzar para acceder a mayor justicia y romper con el manto de impunidad que rige desde 2019?
-Por cierto que creemos que se trata de un avance importante esta sentencia condenatoria en el caso de la hoy en día senadora Fabiola Campillai. El que exista una sanción penal en un caso tan grave de violación a los derechos humanos que significó la mutilación a su vista, es por cierto un acto de justicia y, de cierta forma, un acto de reparación para la víctima, donde además puede entenderse como una medida que ayuda también a la no repetición de este tipo de conductas por los agentes del Estado que pueden hacer uso de la fuerza. Sin embargo, reitero lo que hemos dicho en cuanto a que no es suficiente con investigar y sancionar a quien haya disparado una bomba lacrimógena o a quien haya apretado el gatillo de una escopeta antidisturbios, sino que es fundamental esclarecer la responsabilidad de mando de quienes tenían posición estratégica en ese entonces, como era el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, o bien el director de Operaciones, Ricardo Yáñez, que hoy es el general director de Carabineros. Por lo tanto, es fundamental, para que justamente tengamos una policía que respete de manera irrestricta los derechos humanos, que se esclarezca la responsabilidad penal de quienes justamente han tenido posiciones estratégicas de poder al interior de la institución.