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La denuncia la hizo el diputado del PDG Roberto Arroyo, quien sostuvo que los municipios de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, La Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales, más el gobierno regional magallánico, «cometieron un acto ilegal, porque sobrepasaron sus atribuciones, que son exclusivas del Presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores». Ahora, dijo, «deberán retrotraer lo que obraron». El parlamentario precisó que no está en contra de la inmigración «sino de la inmigración ilegal con carácter de refugiado». El ente contralor les dio a las entidades aludidas un plazo de 60 días para deshacer los acuerdos firmados en enero pasado.
La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó a favor de la denuncia presentada por el diputado del Partido de la Gente (PDG) Roberto Arroyo en abril de este año, sobre los «vínculos irregulares» entre la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y 10 municipios del país, más el Gobierno Regional de Magallanes. Los alcaldes que suscribieron al convenio pertenecen a los municipios de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, La Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales, además del gobierno regional magallánico.
El diputado Arroyo sostuvo que «ellos cometieron un acto ilegal, porque sobrepasaron sus atribuciones, que son exclusivas del Presidente y del Ministro de Relaciones Exteriores». Ahora, dijo, «deberán retrotraer lo que obraron a través de Ciudades Solidarias».
Ciudades Solidarias sería el programa que permite beneficios a los inmigrantes ilegales que ingresan en calidad de refugiados al país. Al respecto, en acnur.org, la Jefa de Oficina, Rebeca Cenalmor-Rejas, en Chile señaló: «Con este proyecto queremos resaltar el gran aporte que hacen los municipios a la integración de las personas refugiadas y migrantes. Teniendo muy claro que esa primera acogida, esa primera mano de asistencia, la cumplen las entidades locales, por supuesto, siempre bajo el liderazgo del Gobierno Central».
«Lo dije en su momento, para mí era la forma de legalizar la inmigración ilegal que en el norte se denuncia y que en el resto del país sufrimos sus efectos», comentó el parlamentario del PDG de la región del Biobío.
Y agregó: «Yo no estoy en contra de la inmigración, sino de la inmigración ilegal con carácter de refugiado, y como en este caso, permite que cualquier persona pueda ingresar al país, siendo considerada más vulnerable que el más vulnerable de los chilenos, pudiendo acceder así a todos los beneficios del Estado. Lo que parece una injusticia».
En su dictamen, el Contralor General, Jorge Bermúdez, señala que este tipo de acuerdos, supera las atribuciones con que cuentan los alcaldes y gobernadores regionales. Lo que sería inconstitucional. Se establece que deberán deshacer lo obrado en un plazo de 60 días, a contar de la notificación.
«Esto es un paso a paso, que queremos dar como Partido de la Gente para que nuestro país se libere de la injerencia de estos organismos internacionales. Queremos voto obligatorio, queremos un plebiscito de entrada y no injerencia de organismos internacionales», concluyó el diputado Arroyo.
Contraloría por municipios y ACNUR by El Mostrador on Scribd
