Opinión
Las condiciones de vulnerabilidad y precariedad que se expresan en estos asentamientos, no son solo resultado de las biografías y características de sus habitantes, sino que estas condiciones se explican como el resultado de procesos externos a los campamentos. La posibilidad de enfrentar la crisis de la vivienda y la emergencia de estos asentamientos, necesariamente pasa por reconocer y enfrentar responsablemente también el incremento de los precios de los arriendos, así como de las viviendas.
No cabe duda de que las ciudades representan las contradicciones y virtudes de nuestras sociedades, en donde los asentamientos precarios o “campamentos” expresan una de las facetas más lamentables de las inequidades y desigualdades que se experimentan en ella. Según el reciente catastro publicado por MINVU-BID (2022), estos asentamientos, lejos de reducirse, crecen exponencialmente en el país, y la Región de Valparaíso tristemente concentra el mayor número a nivel nacional. En otras palabras, desde su última medición, hace tres años, el crecimiento de campamentos ha aumentado un 36%, representando actualmente 1.091 campamentos a nivel nacional. Aunque estos datos no pueden ni deben dejar de sorprendernos, esta tendencia ya se venía advirtiendo en distintas investigaciones y estudios sobre el tema, que adelantaban el aumento de estos asentamientos producto de la emergencia sanitaria y de la crisis habitacional en curso en nuestro país.
Ahora bien, el catastro contribuye a desmentir los estereotipos y prejuicios que se tienen sobre la proliferación de estos asentamientos en Chile: como que sus residentes no trabajan (solo hay un 7% que se encuentra desocupado); o que están compuesto mayoritariamente por familias pobres (el 27% está por sobre la línea de pobreza); o que son producto de la inmigración reciente (el 40% de las jefaturas del hogar son personas migrantes), dando cuenta de una problemática que es compleja y dinámica, y que requiere un debate urgente, donde no existen soluciones mágicas para resolverlo. De igual forma, da cuenta de que la proliferación de estos asentamientos esta en directa relación con los altos costos de los arriendos; así lo señala el 47% de sus habitantes, que la indica como una de las principales razones para residir ahí.
En este sentido, por mucho tiempo, tanto las intervenciones en materia de política pública como de investigación (que representan una relación intrínseca) se centraron en dar cuenta solo de las problemáticas sociales al interior de estos asentamientos, responsabilizándolos de su propia condición; construyéndolos como espacios anómalos y disfuncionales; promoviendo su negación política y simbólica; y no considerándoles intervenciones de vivienda ni urbanísticas. A diferencia del pasado, sabemos que cualquier intervención debe apoyarse necesariamente en la experiencia y conocimiento de sus habitantes, y reconocerles como actores(as) activos(as) de cualquier posible solución. De igual forma, ahora sabemos con certeza que las condiciones de vulnerabilidad y precariedad que se expresan en estos asentamientos no son solo resultado de las biografías y características de sus habitantes, sino que estas condiciones se explican como el resultado de procesos externos a ellos.
Así, tal como lo señala el informe, la posibilidad de enfrentar la crisis de la vivienda y la emergencia de estos asentamientos, necesariamente pasa por reconocer y enfrentar responsablemente el incremento de los precios de los arriendos, así como de las viviendas. Si se esperar tener logros en una dimensión, es necesario abordar, simultáneamente ambos problemas. La experiencia internacional indica que los precios de las viviendas y el arriendo no logran bajar por sí solos, y menos por la “virtud” de la mano invisible del mercado inmobiliario. Más aún, los países “desarrollados” (que tanto nos gusta imitar), donde el costo de la vivienda se ha transformado en el principal problema de su población (la gran mayoría no puede comprar una vivienda y destina la mayor parte de sus ingresos a pagar un alquiler), se está comenzado a exigir mayores responsabilidades al Estado en esta materia.
Eso a través de la aplicación de políticas de regulación de los precios de arriendo de las viviendas, en zonas de la ciudad donde se evidencia un explosivo aumento del precio con importantes consecuencias para la población local, evidenciando el reconocimiento de la vivienda como un bien de subsistencia básico (así como la luz y el agua) y permitiendo disminuir la especulación promovida por grandes propietarios y fondos inmobiliarios. Si bien deberíamos encontrar nuestro propio camino, la discusión de estas políticas y las posibles aplicaciones al contexto de las ciudades chilenas, permitiría ciertamente enfrentar una de las causas más importantes del crecimiento exponencial de asentamientos precarios.
Estas escandalosas cifras de Campamentos en Chile, que se arrastran persistentemente de administraciones anteriores con diferentes colores políticos, nos señalan la responsabilidad que tiene la actual administración, de enfrentar una de las peores crisis habitacionales de la historia. En este sentido, además de todos los esfuerzos ya señalados por abordar esta problemática (Plan Construyendo Barrios y Plan Gestión Habitacional) es fundamental discutir las razones del encarecimiento de los arriendos, y reconocer que el Estado sí tiene un rol relevante en la mediación de este problema. Dado el contexto, independientemente de todos los esfuerzos gubernamentales, la mano invisible del mercado seguirá promoviendo el encarecimiento de los arriendos y la consecuente proliferación de los asentamiento precarios en todo el país.
Se necesita entonces, con urgencia, un acuerdo político transversal que priorice soluciones excepcionales para enfrentar un problema que es histórico, y que vulnera los derechos humanos de más de 71.961 hogares en nuestro país, porque, tal como señaló el ministro Montes, estas cifras no son aceptables en democracia.
