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Crédito: Agencia Uno
La UDI envió el 21 de septiembre un oficio al Departamento de Acción Social, dependiente del Ministerio del Interior, para conocer detalles de las pensiones de gracia entregadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Hasta el momento hay 367 beneficiados. Además, se consideran tres categorías: víctimas de agresiones físicas (correspondiéndoles un monto de ($257.836 pesos); personas afectadas por lesiones graves con afectación psicológica ($386.754 pesos), y afectados por «trauma ocular irreversible» o lesiones «gravísimas no oculares» ($516.672 pesos).
El Departamento de Acción Social, dependiente del Ministerio del Interior, indicó en un informe que 367 personas reciben pensiones de gracia por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
De acuerdo a El Mercurio, el Gobierno emitió el documento tras un oficio ingresado por la UDI el 21 de septiembre. En él, el partido solicitó conocer los criterios empleados para entregar pensiones de gracia; si algunos de los beneficiarios está formalizado o condenado por actos ocurridos durante el estallido; el listado de beneficiados, y las resoluciones que designan a cada persona como beneficiaria.
Desde el Ejecutivo señalaron que los criterios para entregar la pensión comprende tres categorizaciones. El primero apunta a personas que hayan sufrido agresiones físicas, correspondiéndoles un monto de $257.836 pesos.
La segunda categoría comprende a víctimas de lesiones graves (extremidades o tronco) con afectación psicológica (estrés, crisis de angustia, ideación suicida, etc). Para ellos el beneficio e de $386.754 pesos.
La tercera categoría corresponde a los afectados por «trauma ocular irreversible» o lesiones «gravísimas no oculares». También se considera el fallecimiento del afectado. Para este tramo, el Estado entrega un monto de $516.672 pesos.
Del total de beneficios entregados, 23 son por lesiones leves, 207 por lesiones graves y 137 por lesiones gravísimas.
A la fecha, 401 solicitudes han ingresado Departamento de Acción Social. De ellas, 367 han sido aprobadas.
Además, el Gobierno señaló en el informe que no mantienen información sobre beneficiarios formalizados o condenados por hechos de violencia durante el estallido. Esto, porque recepcionan los antecedentes de las víctimas enviados desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). «Se les concede la pensión de gracia de acuerdo a la calificación que realiza dicha institución», señala el documento.
El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que las pensiones se «están entregando sin un conocimiento claro de los procesos y requisitos que deben reunir las personas para acceder a un beneficio que, no nos olvidemos, es de por vida».
Además, apuntó que «resulta fundamental que, para la transparencia y legitimidad de este proceso, se revisen la forma y el monto en que se están entregando las pensiones de gracia».
