EDITORIAL
Es fundamental tener Inteligencia del Estado; algo que los sucesivos gobiernos democráticos han sido incapaces de instalar: un servicio de inteligencia profesional para orientar sus decisiones políticas complejas, especialmente en materia de seguridad. La ANI no ha cumplido realmente este rol, y no es por falta de ley. Una solución positiva requiere aplicar un principio de orden y coordinación que provenga directamente de la Presidencia de la República, que potencie a las instituciones del sector, las coordine y oriente de manera eficiente al cumplimiento de las tareas y objetivos que el país requiere. Todo ello, por fuera de cualquier consideración ideológica, y solo atendiendo al interés nacional.
Para el bienestar político de Chile resulta indispensable combatir cualquier acción insurreccional violenta con el máximo de energía y toda la fuerza legítima del Estado. Un ejemplo es la acción armada de grupos radicales mapuche que han sometido, in crescendo, a La Araucanía a un verdadero estado de asedio; sin embargo, esto ha sido enfrentado de una manera tibia, culposa e instrumental, por parte de los sucesivos gobiernos del país.
Lo primero es admitir que, en materias de seguridad, el Gobierno de turno no puede ser ambiguo ni menos neutro frente al resto de los poderes del Estado, ni mucho menos intentar delegar en otro(s) poder(es) sus responsabilidades. La seguridad es una función estructural del Estado, cuya responsabilidad operativa es eminentemente gubernamental, y debe ejercerse derecha y decididamente por el Gobierno en ejercicio.
Pero para ello requiere tener ojos y entendimiento, contando con algo que los sucesivos gobiernos democráticos han sido incapaces de instalar: un servicio de inteligencia profesional para orientar al Ejecutivo en sus decisiones políticas complejas, en distintas materias, especialmente en temas de seguridad. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no ha cumplido –por lo menos hasta ahora– este fundamental rol. Y no es por falta de ley, la cual existe desde hace casi dos décadas. Por lo que se sabe, tampoco tenemos algún otro organismo de inteligencia o afín, vinculado a las policías o las FF.AA., que realmente ayude al Ejecutivo a suplir esa carencia.
El tema está pendiente y es urgente afrontarlo. Se requiere, fundamentalmente, voluntad política de gobierno. Aplicar un principio de orden y coordinación que, al emerger directamente desde la Presidencia de la República, pueda potenciar a las instituciones del sector, coordinarlas efectivamente y orientarlas de manera eficiente al cumplimiento de las tareas y objetivos de seguridad que el país requiere. Todo ello, por fuera de cualquier consideración ideológica, y solo focalizada en el interés nacional.
Hay que insistir en que no se trata de nuevas leyes o modificaciones a la actual, sino que de voluntad política, que impida que el país sea infiltrado y demolido desde adentro por malas decisiones, por falta de información. Necesitamos escenarios de inteligencia que permitan prever y dar gobernanza a los temas de seguridad que se deben enfrentar, en cualquier nivel de complejidad, lo que incluye, por supuesto, la seguridad informática.
