Orden público

Cientos de dirigentes de la multigremial que agrupa a las pymes cantan a viva voz el himno de Carabineros y ante el llamado de su histórico dirigente, Rafael Cumsille, se ponen de pie, frente al Presidente Boric, para expresar su preocupación por la delincuencia. La Conapyme agrupa a los principales gremios de micro y pequeños empresarios de nuestro país, los mismos que son la fuente laboral para cerca del 80% de todos los chilenos.

Convengamos que lo natural, en las preocupaciones gremiales de los últimos años, había sido el panorama económico. Hoy, si bien es cierto que la situación no es auspiciosa para gran parte de la economía, pareciera ser que el consenso en las preocupaciones ha relevado a la seguridad por sobre cualquier otra. El índice de victimización en el comercio se dispara y alcanza un 58,6% durante el primer semestre 2022, superando la medición anterior que arrojó un 47,9%, y el promedio de las 22 mediciones previas, que es de 49,1%. Según la encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, un 57,9% de los locatarios que sufrió algún delito en su negocio no denunció. Asimismo, la industria del transporte de carga ha sido víctima de nuevos tipos de robos y de asaltos.

Víctimas de portonazos y encerronas, transportistas, comerciantes y feriantes han perdido sus herramientas de trabajo, algunos han tenido que cambiar sus circuitos de reparto para no pasar por zonas altamente afectadas por la delincuencia. La realidad de la pequeña y mediana empresa es también la que viven gran parte de los trabajadores de nuestro país, los que deben –atemorizados– llegar a su puesto de trabajo y de la misma forma volver a sus hogares cuando la locomoción evita entrar a sus barrios.

Así se va profundizando la exclusión social, que a su vez alimenta con más fuerza el actuar delictivo.  El narcotráfico ha erosionado el bienestar de las comunidades aprovechando los espacios de abandono del Estado. Así, su zona de influencia va creciendo y traspasa los límites barriales y, a la vez, diversifica su actuar en organizaciones criminales de distinto tipo, que son el sostén de actividades que vulneran el comercio y los sectores productivos, entre otros. La red de negocios del narcotráfico es amplia, no solo en la distribución de distintos tipos de droga, sino que incorpora desde los saqueos hasta la reducción de piezas y partes de vehículos arrebatados a viva fuerza por grupos que suelen incorporar a niños en este tipo de delitos.

El narcotráfico es un negocio que requiere liquidez para poder operar y por eso es necesario este conjunto de acciones que atacan sin piedad al comercio y al pequeño empresario.

Más allá de lo anecdótico o si las formas fueron adecuadas, lo sucedido en la Conapyme deja entrever un profundo llamado a extremar el esfuerzo del Estado por resguardar el orden público y cumplir con el mandato constitucional de dar seguridad a la población. Para ello, es necesario que el Gobierno tome medidas de corto y de largo plazo. Por un lado, fortalecer la persecución penal, en particular del crimen organizado, mejorando las herramientas investigativas, tanto en las policías como en el Ministerio Público, así también apoyar la gestión local de la seguridad con herramientas de prevención situacional e inteligencia territorial.

Desde el largo plazo, avanzar en la instalación de una «Agenda Temprana de Prevención Social» que aborde los factores de riesgo que están en la base del involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Sin esta agenda, el control delictivo es de corto aliento. El verdadero cambio es generacional y precisa comenzar ahora con una oferta basada en la evidencia de carácter preventivo. Hay dispositivos interesantes que llevan tiempo en el Estado, como el Sistema Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, iniciado en el primer Gobierno del Presidente Piñera, donde tres programas –con sólida evidencia internacional– forman un Sistema, cuyos componentes propiamente preventivos son el Programa Triple P y Familias Unidas de la Universidad de Miami.

Sin embargo, pese a lo positivo de este modelo y a los buenos resultados que ha tenido estos años, las coberturas son limitadas y para que su efecto sea significativo requiere de mayor presencia y alcance regional y comunal. El Sistema Lazos debiera ser un referente para la Subsecretaría de la Niñez, y su implementación en las Oficinas Locales de un sistema que haga frente a factores de riesgo que generan conductas problemáticas como el consumo de alcohol y drogas, la violencia y conductas sexuales de riesgo, entre otras.

Esperamos que la respuesta del Estado aborde con integralidad la necesidad de trabajar y vivir seguros. Detrás de cada negocio hay años de esfuerzo, familias y niños por los cuales nos estamos jugando el futuro de nuestro país.