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Como si se tratase de un guion calcado, el fiscal Morales vuelve a sonar como “el hombre de consenso” para asumir la Fiscalía Nacional. Hace siete años, la clase política –de izquierda a derecha– comenzó a cerrar filas en torno suyo. Se le presentaba en círculos cerrados como el hombre de Estado que se necesitaba para evitar que las causas de financiamiento ilegal de la política siguieran escalando, hasta desangrar al Congreso. Aunque finalmente la “operación impunidad” se concretó de todos modos de la mano de Jorge Abbott, a días de que los 17 candidatos se presenten ante la Suprema, José Morales vuelve a aparecer como el candidato con apoyos en la derecha y la centroizquierda. Entre abogados y órganos auxiliares de justicia es conocido como el “sepulturero” de las causas con personajes poderosos. Sucedió con el caso Cascadas, Colusión de las Farmacias, con el soborno de LATAM en Argentina, cuando el ex Presidente Piñera era accionista mayoritario, y hoy pasa en causas de derechos humanos. Detrás suyo está el piñerismo, al que le preocupa que un nuevo Fiscal Nacional pueda dar curso a la investigación contra el ex Mandatario por violaciones a los DD.HH. durante el estallido. No sería la primera vez en que Morales salve a Sebastián Piñera.
Siete años después del intenso “cabildeo” de gran parte de la clase política por favorecer al fiscal José Morales –de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte– para que la entonces Presidenta Michelle Bachelet propusiera su nombre al Senado, para reemplazar en aquellos años a Sabas Chahuán como jefe máximo del Ministerio Público, hoy, con un guion calcado, la historia vuelve a repetirse. En ese tiempo, la gran preocupación –de izquierda a derecha– era que el escándalo de las platas políticas no siguiera escalando en responsabilidades penales que abrieran una caja de Pandora y que, por extensión, pusieran en peligro uno de los poderes del Estado –el Legislativo–, a esas alturas ya bastante deslegitimado. El hombre de consenso para evitar aquello, era el fiscal Morales.
Aunque finalmente la “operación impunidad” se llevó a cabo de todos modos de la mano de Jorge Abbott, a días de que los 17 candidatos para reemplazar al retirado ex Fiscal Nacional presenten, en 10 minutos, sus lineamientos ante la Corte Suprema, la clase política e influyentes abogados vuelven a levantar el nombre de Morales para ocupar el máximo sitial de una institución en profunda crisis. De ser incluido en la quina de la Suprema, el Presidente Gabriel Boric se verá enfrentado al mismo dilema de Bachelet: evitar que su propuesta sea rechazada por el Senado, por lo que la mejor carta de presentación del fiscal Morales es su respaldo político como hombre de consenso.
¿Y de dónde surge ese consenso? De las propias causas, ya sea complejas o que vinculan a personas con poder, y que llegan a sus manos… a morir, advierten tanto diversos abogados como miembros de órganos auxiliares de justicia. Era lo que estaba pasando con el caso Cascadas, hasta que se lo quitaron; lo que ocurrió con el caso Kodama, que involucró a la exministra de Vivienda de Piñera, Magdalena Matte, y a quien el fiscal Morales excluyó de la formalización para pasarla de imputada a testigo; en el caso Colusión de las Farmacias, donde fue el primero en levantar la tesis de las clases de ética como castigo alternativo. Pasó también con el caso del fraude de Carabineros, en que los primeros antecedentes pasaron por sus ojos y no vio delito alguno. De acuerdo a fuentes de órganos auxiliares de justicia, a José Morales se le conoce como el “sepulturero”.
Esa sensación de que las causas mueren en sus manos ha comenzado a darse en casos de derechos humanos (DD.HH.), donde se le acusa de falta de diligencia en la investigación por los calcinados en la bodega Kayser durante el estallido, o cuando un año antes de la revuelta tuvo oportunidad de sacar de circulación al exoficial de Carabineros Claudio Crespo, por uso irracional de la fuerza, pero no dio por acreditados los hechos, siendo su accionar tristemente célebre un año después, durante las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante el estallido social, hechos por los cuales hoy están querellados el ex Presidente Sebastián Piñera y el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas.
Es tanta la preocupación en el piñerismo por que esta causa no escale, que al igual que hace siete años, influyentes abogados y exministros del ex Presidente Piñera son parte de los principales promotores para levantar a Morales como la carta de consenso para encabezar la Fiscalía Nacional.
En todo caso, el fiscal Morales ya había actuado antes para salvar al ex Mandatario.
El año 2011, el juez argentino Norberto Oyarbide envió varios exhortos diplomáticos a Chile, en el marco de una investigación que llevaba adelante en su país por enriquecimiento ilícito. Entre estos antecedentes se daba cuenta de que entre los años 2006 y 2007 la empresa aeronáutica Lan Chile –controlada entonces por Sebastián Piñera en su calidad de accionista mayoritario– había pagado una coima de US$ 1.15 millones al exministro de Transporte argentino, Ricardo Jaime, por precisamente “asesorías” en el área de transportes. Estos datos quedaron en evidencia tras encontrarse tres facturas de Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA) emitidas entre fines de 2006 y principios de 2007, a nombre de LAN Airlines y una empresa asociada a la firma chilena.
La causa quedó en manos del fiscal José Morales. Siendo ya por esos años Sebastián Piñera el Presidente de la República, el fiscal Morales, a pocos meses de investigar, decidió archivar la causa alegando falta de competencia. Pasaron tres años con este caso sepultado, hasta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2014, pegó un grito al cielo. En su informe anual “Sobre la implementación de la Convención Antisoborno de la OCDE en Chile”, reparó de forma severa en la preocupación que le generaba que nuestro país “no haya investigado suficientemente varias denuncias de soborno en el extranjero”, entre ellas, el caso Lan, dado que “se han archivado provisionalmente sin una investigación adecuada”.
El organismo, que hace recomendaciones sobre la implementación y el cumplimiento en Chile de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados, sostuvo literalmente lo siguiente: “En un caso importante, las autoridades chilenas no se esforzaron por obtener pruebas en los EE. UU. y no se esforzaron lo suficiente en Chile, a pesar de las fuertes y evidentes conexiones del caso con ambas jurisdicciones“.
Y añadió: “Chile necesita asegurarse de que las denuncias de soborno en el extranjero se investiguen a fondo y no se cierren prematuramente. La información de diversas fuentes y autoridades extranjeras debe recopilarse de manera proactiva para mejorar la detección y las investigaciones”.
El caso tuvo que ser reabierto. El entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, debió dar explicaciones internacionales por la falta de diligencia y el caso fue reasignado. Con los años, fue la justicia de Estados Unidos la que le puso el cascabel al gato, en lo económico.
En 2016, LATAM Airlines informó que había llegado a acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) y con el regulador de Wall Street (SEC, por sus siglas en inglés), aceptando multas de alrededor de US$ 20 millones por pagos de US$ 1,15 millones a Manuel Vázquez, testaferro del entonces ministro de Transporte argentino, Ricardo Jaime. La justicia estadounidense afirma que esa plata fue usada para pagar coimas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. dice que tanto Ramírez como otro “alto ejecutivo” sabían que parte de los pagos a Vázquez eran para sobornar a líderes sindicales. En su testimonio, el CEO de LATAM, Ignacio Cueto, solo admitió que sabía que existía la posibilidad de que esos pagos eran para los sindicalistas. También se sospecha que una parte de los pagos irregulares era para Jaime. Vázquez era su hombre de confianza y exjefe de gabinete del entonces ministro de Transporte kirchnerista. En febrero, Cueto aceptó pagar una multa de US$ 75.000 ante el regulador de valores, por irregularidades de contabilidad vinculadas a dichos pagos.
Cabe recordar que el ex Presidente Piñera no solo era director de LAN durante los años de la coima, sino que también socio clave de los Cueto y uno de los principales accionistas. El ex Mandatario solo vendió su participación en la empresa al llegar a La Moneda y bajo intensa presión política.
El caso Cascadas fue otra causa que no tuvo resultados con el fiscal Morales. Ese caso fue un escándalo financiero ocurrido al interior de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), generado a partir de numerosas compraventas de acciones de dicha compañía realizadas entre 2008 y 2011 por cuatro sociedades de inversión —sociedades “cascadas”, de ahí el nombre de caso— ligadas al accionista mayoritario, Julio Ponce Lerou. Los accionistas minoritarios de SQM denunciaron la existencia de un “esquema coordinado de operaciones” que beneficiaba directamente a Ponce Lerou.
No pasó mucho tiempo hasta que inversionistas como AFP Habitat y Moneda Asset Management tomaran el guante. A principios de julio de 2015, la administradora de pensiones acudió a la Fiscalía Nacional planteando sendos cuestionamientos al proceso encabezado por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, a los que se sumaron los que después presentó la administradora presidida por Pablo Echeverría.
Morales terminó siendo sacado del caso Cascada. La razón que arguyó la Fiscalía Nacional radicó en su carga de trabajo, pues a partir de agosto del mismo año se inicia la audiencia de preparación para el caso La Polar. En tanto, la razón esgrimida por los denunciantes era que no existía una línea investigativa en el caso o que no se habían hecho diligencias mínimas para perseguir los presuntos delitos que cometieron los involucrados en el esquema fraudulento sancionado por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El ex Presidente Piñera también estuvo vinculado a este caso: a través de las sociedades de inversión Axxion y Bancard participó en Norte Grande (3,39%), Oro Blanco (en torno al 4,7%) y Calichera (7,37%), posiciones que mantuvo hasta 2008, cuando, en un contexto en el que desde el mundo político se le criticaban sus inversiones, el ex Presidente optó por deshacerse de parte importante de sus activos financieros. De hecho, el ex Mandatario respondió, en calidad de testigo y por oficio, las consultas del fiscal Morales, donde “negó haber intervenido ante el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, en la investigación que está realizando la SVS”.
Antes de que se convirtiera en escándalo la pena alternativa de las clases de ética, que se les dio a Carlos Alberto Délano –amigo personal del ex Presidente Piñera– y a Carlos Eugenio Lavín, en el marco del caso Penta, el fiscal José Morales había defendido dicha pena durante el caso conocido como Colusión de las Farmacias, donde el señalado persecutor llegó a una salida alternativa.
Este caso tuvo lugar el año 2008, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a las cadenas Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand de haberse coludido para subir los precios de más de 200 productos entre noviembre de 2007 y abril de 2008. Se solicitaron las más altas sanciones por la reincidencia de las empresas acusadas. Esto, pues ya habían sido multadas años antes por el mismo delito. En paralelo, el Ministerio Público dio inicio a una investigación penal, que quedó en manos de Morales.
Después de la mediática formalización de 17 ejecutivos en febrero de 2011, el fiscal Morales decidió aplicar a 10 de ellos la suspensión condicional del procedimiento, ofreciéndoles una salida alternativa con clases de ética.
Otra de las causas emblemáticas en que se acusa al fiscal José Morales de falta de diligencia, es la del incendio de la bodega Kayser, hecho registrado el 20 de octubre de 2019 en Renca, en medio de un saqueo producido en el contexto de la revuelta social. La extinción del siniestro por bomberos dejó al descubierto cinco cuerpos calcinados, aun cuando expertos han expresado sus dudas respecto de la veracidad de los informes periciales y las autopsias, lo que, desde luego, pone en tela de juicio la tesis de que todos ellos murieron en ese lugar producto de la asfixia. “Cuando salió el último reportaje de El Mostrador sobre el caso Kayser, el fiscal Morales recibió a la abogada Alejandra Arriaza, comprometió plazos, pero nada de eso se ha cumplido. Seguimos a la espera del informe de la PDI”, señala Alberto Rodríguez, vocero de la agrupación de familiares de víctimas del montaje Rinconada de Maipú, que apoya a los seres queridos de las personas cuyos restos fueron encontrados en la siniestrada bodega.
Entre los abogados de la plaza se recuerda también la negligencia de parte del fiscal Morales cuando, el año 2011, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lo alertó de movimientos extraños en la Intendencia de Carabineros y, habiendo transcurrido poco tiempo de investigación, Morales archivó el asunto porque se quedó con el informe que le encargó a la Dipolcar. Al tiempo, el bullado caso de corrupción conocido como “Pacogate” estalló y Morales, “sacándose los pillos, se querelló por obstrucción a la justicia”, señalan.
El abogado y miembro de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile”, Sebastián Velázquez, refiere a otra situación compleja con José Morales como protagonista. “Él tuvo en sus manos la posibilidad de investigar y sancionar a Claudio Crespo Guzmán el 2018, por una causa en que la víctima recibió entre 9 a 11 perdigones en el rostro y cuello, un hecho que se registró en medio de una protesta en Huechuraba, en el marco del Día del Joven Combatiente. En clara vulneración al principio de objetividad, Morales no investigó y dio por acreditados los hechos según versión del hoy imputado, y ni siquiera realizó una aplicación rigurosa del examen físico y psicológico bajo el Protocolo de Estambul. Gracias a esto último pudimos, como querellantes, conseguir que el Segundo Juzgado de Garantía reabriera la causa, ya que el fiscal había aplicado la decisión de no perseverar”, indica.
“Hoy, Crespo Guzmán es símbolo del uso irracional de la fuerza por parte de carabineros y, bajo la investigación de la fiscal Ximena Chong –quien se hizo cargo de la misma en virtud de una solicitud de la querellante–, está formalizado por las acciones a la víctima del 2018 por apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación, revirtiendo de manera radical lo decidido por Morales. A nuestro juicio, no solo se ve una desidia en casos que involucran a personas pobres, sino también una falta grave al estándar de debida diligencia y una falta de conocimientos mínimos de los estándares internacionales”, añade el abogado.
