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Este lunes, la Corte Suprema definirá la quina de aspirantes a convertirse en el próximo Fiscal Nacional. La elección de tan importante cargo puede marcar un antes y un después en lo que respecta a la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones, por de pronto a una como el Ministerio Público, que es clave en materia de seguridad pública. Sin embargo, hay señales de que veremos nuevamente muchos de los vicios que han contribuido a minar la credibilidad del órgano persecutor, como el lobby que realizan los «padrinos» y «madrinas» de los aspirantes, a efectos de instalar a sus protegidos en el cargo. En medio de la intrincada madeja de contactos y operadores, algunos expertos en la materia sostienen que sería muy complejo que, en la quina de “preseleccionados” que establezca el máximo tribunal del país, se incluya a candidatos identificados con la cuestionada gestión de Jorge Abbott.
Este lunes 7 de noviembre se llevará a cabo un hecho de suma relevancia para el futuro del país: la Corte Suprema procederá a confeccionar la quina de candidatos para reemplazar al ya retirado Jorge Abbott en la Fiscalía Nacional, un hito que puede marcar un antes y un después en la severa crisis de legitimidad institucional que vive Chile. A grandes rasgos, la identidad del elegido para el cargo, así como la transparencia del proceso en su conjunto, puede marcar el inicio de una reconstrucción institucional o, en su defecto, agravar la crisis.
En esta elección se corre el riesgo de que se repitan los vicios que contribuyeron a minar la credibilidad de la Fiscalía, lo que daría cuenta de que el poder no ha tomado nota de la profundidad de la crisis. “A mí ya me han llegado rumores de que algo de eso está ocurriendo”, sostiene Mauricio Duce, académico y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales y magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford.
Duce se refiere a dos situaciones particularmente complejas: el “besamanos” a los jueces de la Corte Suprema, quienes definen la quina de la que saldrá el elegido por el Presidente Boric, que después deberá someterse a la decisión del Senado; y el lobby político en la Cámara Alta, instancia que debe ratificar el nombramiento por 2/3 de sus integrantes. “El problema es que esto es un comportamiento histórico de siempre, es una constante, y esto se da en un contexto de baja evaluación por parte de la ciudadanía”, subraya el experto.
«Pero de lo que pasó en la última elección, ni hablar”, apunta Duce en referencia a la elección de Jorge Abbott, quien llegó –y en esto la opinión es generalizada– para salvar ecuménicamente a los políticos investigados por los delitos de financiamiento ilegal de la política.
“Sabemos que hay algunos supremos que todavía piden el ‘besamanos’, lo que significa que hay que ir a verlos. Otros son más estrictos y simplemente no otorgan audiencias. El caso es que, en esta dinámica, algunas candidaturas son definidas sin que estas hayan hecho una exposición de sus ideas. Luego tenemos la ceremonia de exposición de ideas de apenas 10 minutos, para cada postulante, lo que no hace ningún sentido. Esta parte debería cambiarse. Pero de ahí entramos en una nueva fase política, ya que el elegido por el Presidente debe ser ratificado en el Senado, y ahí se generan espacios de conversación poco transparentes y no bien regulados, y eso fue especialmente claro en la elección de Jorge Abbott, donde lo correcto habría sido ver la inhabilitación de los senadores involucrados en los casos que se estaban investigando”, puntualiza Duce.
Coincide a grandes rasgos con esto el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, especialmente en dos planos: la profundidad de la crisis de legitimidad que padece el Ministerio Público y la reiteración de prácticas espurias que ya parecen enquistadas en este procedimiento. Y si bien reconoce que la tarea del Fiscal Nacional tiene una faceta eminentemente política, “y ello porque exige componentes para coordinar la labor de muchas instituciones”, lo cierto es que la fundación que dirige ha propuesto atenuar los criterios políticos, incorporando elementos del sistema de Alta Dirección Pública a fin de salvaguardar el carácter técnico de la labor.
“Para dotarle de legitimidad es urgente dejar de superponer el criterio político al técnico para gestionar una institución de la envergadura de la Fiscalía. Y luego hay partes del proceso en el que deberían participar representantes de la ciudadanía. El proceso debe ser lo más transparente posible, donde la ciudadanía pueda conocer las condiciones que tiene ese aspirante a Fiscal Nacional, así como su programa para dirigir a la institución”, añade Johnson.
Para María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, no hay nuevas chances de recuperar, al menos dentro de este marco constitucional, la fe pública y el respeto de la ciudadanía a una institución clave como es el Ministerio Público, aún más en un contexto de grave crisis de seguridad pública marcada por la irrupción de delitos que generan alarma pública, como encerronas, portonazos, el narcotráfico, toda la gama de crímenes asociados a la inmigración irregular descontrolada y los atentados en la zona de conflicto mapuche.
“Hay dos procesos que son relevantes y que pondrán a prueba a las instituciones: la elección del Ministerio Público y la elección de Contralor (General de la República) el próximo año. Ambos cargos son claves para enfrentar la corrupción. En este sentido, el proceso debe ser lo más transparente posible, con rendición de cuentas, sin que esta transparencia limite la autonomía de las personas que intervengan en la elección del Fiscal Nacional. Es necesario que haya una comunicación oportuna y objetiva sobre las razones concretas que hacen preferible a uno por sobre otro candidato”, añade Jaraquemada, lo que Alberto Precht –académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro de la directiva de Transparency International– complementa con la posibilidad de que “los mismos candidatos puedan darse a conocer a la ciudadanía a través de sitios web, de tal manera que las personas sepan qué quiere hacer ese fiscal en materia de delincuencia, y para ello es fundamental que ese fiscal cuente con un amplio apoyo ciudadano”.
Asimismo, Precht cree que todas las conversaciones que se produzcan entre los aspirantes y sus evaluadores (jueces de la Suprema y senadores) “deben darse bajo la Ley de Lobby”, a efectos de prevenir la reiteración de “la famosa cena en la casa del senador (Guido) Girardi”, encuentro que contó con la participación de otros honorables y que prácticamente ungió a Jorge Abbott como sucesor de Sabas Chahuán. “Es muy importante generar los espacios para que la sociedad civil pueda hacer preguntas”, agrega.
En los pasillos de la judicatura y de todos sus órganos auxiliares, comienzan a repetirse los nombres de quienes empujan una u otra candidatura. Detrás de José Morales se encuentra el «girardismo», un espacio en el que destaca Eugenio González, un conocido en estas lides. Pero Morales además tiene otros importantes apoyos: detrás de él también están el exministro del Interior Andrés Chadwick y su socio, el abogado Luis Hermosilla.
En paralelo, Jorge Burgos habría entrado al ruedo para apoyar a su candidata predilecta: Nelly Salvo, a quien algunos integrantes del Gobierno ven con buenos ojos.
Carlos Palma es otro candidato en esta larga y dura carrera. Respetado por sus pares y con buenas referencias de quienes trabajan con él, el Fiscal Regional de Aysén –que estuvo a cargo del caso Huracán–, cuenta con el beneplácito, entre otros, de Felipe Harboe y del diputado Raúl Leiva (PS). Sin embargo, el mayor de los apoyos lo encuentra en la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
En La Moneda también tienen a sus favoritos. Destaca Karinna Fernández, abogada experta en derechos humanos y con estudios en Inglaterra, cuya candidatura tiene el visto bueno del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se rumorea que tendría más apoyos que Marta Herrera.
Hay quienes señalan que hay que estar atentos con otros dos nombres: Nayalet Mansilla y, muy especialmente, Cristián Vargas Méndez, exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien denunció y sostuvo los casos Penta y SQM, razón por la que fue desvinculado. No obstante, y precisamente por este antecedente, es que aparece como imposible que obtenga los 2/3 de los senadores, entre los que se encuentran algunos que se vieron salpicados por el escándalo. Si bien estos aspirantes contentan al Ejecutivo, el miedo a sufrir una derrota política en el Senado les empujaría a buscar un(a) candidato(a) más de consenso.
¿Y Emiliano Arias? Su candidatura es puro testimonio, según las fuentes que conocen del tema. Los mismos sostienen que él tiene claro de que son muy escasas las posibilidades de ganar en el Senado, aunque reconocen que podría dar la sorpresa en la Corte Suprema y aparecer en la quina, algo que bien le valdría limpiar su nombre después de la operación que –según muchos– le montaron Abbott y el ahora candidato Eugenio Campos, el de Magallanes, “a quien no quiere nadie, pero nadie”, recalca una fuente consultada por El Mostrador.
¿Qué resultará de este proceso? Unos, como Manuel Muñoz, presidente de la Federación Nacional del Ministerio Publico, prefieren abrigar esperanza y creer que los políticos procederán “por amor al país y por la crisis que estamos viviendo”. Y añade: “Esperamos una decisión en conciencia, responsable, para buscar la mejor alternativa posible para liderar el Ministerio Público, da lo mismo si es interno o externo, si es hombre o mujer. Esperamos a una persona que sepa de crisis y sea organizado y que se atreva a perseguir a los poderosos porque son ellos los que más corrompen al país”.
En tanto Mauricio Duce, académico de la UDP, aporta un dato que invita a mirar con cautela lo que pasará en este proceso: “Ojalá que las instituciones se autocontengan, pero al parecer ya hay una presión muy fuerte, y eso es muy delicado por el deterioro de la institucionalidad”, enfatiza.
Asimismo, los especialistas en esta materia creen que el próximo Fiscal Nacional debe ser una persona que asuma una nueva prioridad, y ella está dada por la irrupción de mafias que operan en actividades como el robo de vehículos, madera, cobre, fibra óptica y la extracción ilegal de áridos; también, en el tráfico de personas y de drogas, la extorsión, el secuestro y el sicariato, todas ellas con alta participación de ciudadanos extranjeros; asimismo, las bandas organizadas que se apropian del espacio público para ejercer el comercio ilegal. En suma, el próximo jefe del Ministerio Público debe tener un plan claro para hacer frente al crimen organizado, señala Daniel Johnson, de Paz Ciudadana.
“Las cifras están claras y hablan de una situación compleja, una crisis total que se refleja en el aumento de los homicidios, y peor aún: el aumento de homicidios donde no hay imputados porque se desconoce el vínculo entre víctima y victimario. Muchas veces ni siquiera sabemos la identidad de la víctima, y eso dificulta mucho la investigación. Lo importante es que el próximo Fiscal Nacional deberá implementar una estrategia y definir una política para escalar los eslabones en la cadena delictual. Si bien tendrá que perseguir el robo de un vehículo en una encerrona, lo importante es que pueda identificar a quienes son los que encargan el servicio de robar ese vehículo y que dirigen esta verdadera industria. Pensemos que en 2021 se registraron alrededor de 17 mil vehículos robados en Chile”, agrega Johnson. “No necesariamente debe ser una persona experta en crimen organizado”, precisa María Jaraquemada, de Chile Transparente, “sino que debe saber rodearse de quienes tengan los mejores conocimientos sobre ese problema”, añade.
El presidente de la corporación Ciudadanía y Justicia, el penalista Mauricio Salinas, agrega otras asignaturas que dejó pendientes la gestión de Abbott: “La delincuencia es una expresión que se fortalece con el debilitamiento de las instituciones, y estas se debilitan cuando pierden legitimidad. En nuestro caso, vemos a una institución como el Ministerio Público que fue muy renuente a sancionar los delitos de cuello blanco, o los delitos de los ricos, o bien los delitos de los poderosos o de personas que están bien conectadas con el poder, como son, en efecto, los políticos. También requiere de un trabajo rehabilitador en materia de violaciones a los derechos humanos, considerando el bajo nivel de condenados por este tipo de crímenes en el contexto de la revuelta popular”.
El otro consenso que impera entre buena parte de los abogados consultados por El Mostrador, es la inconveniencia política de elegir a un aspirante identificado con la gestión del cuestionado Jorge Abbott. La mayoría no quiso hacer referencia a sus candidatos preferidos por múltiples razones –ni siquiera en off–, principalmente para no exponerlos ni condicionar sus chances de ser elegidos o, bien, porque no conocen a la totalidad de los aspirantes.
Dice un connotado jurista de la plaza que “no sería justo por mi parte decirte qué candidato me parece más idóneo, porque también aquí entra a tallar la subjetividad. Pero sí hay algo que sería muy complicado para el Ministerio Público: que al final gane un colega muy vinculado a la gestión de (Jorge) Abbott o que haya contribuido a impulsar sus estrategias institucionales, o bien que haya participado en sus maniobras para quitar a gente que haya sido un obstáculo para lograr su cometido”.
Otro connotado penalista señala: “Hay un círculo de Abbott que aspira a sucederlo, pero me parece que como candidatos están en una situación complicada, pues estarán siempre bajo sospecha, siempre tendrán que explicarse por lo que hicieron y por lo que no hicieron; sus decisiones siempre serán comparadas con las de Abbott y siempre serán sometidas a un escrutinio con connotaciones políticas. La señal que se enviaría a los ciudadanos es muy mala”, subraya.
Pero en esta discusión intervienen no solo los abogados, sino también los trabajadores y funcionarios del mismo Ministerio Público, donde cunde la preocupación por el eventual triunfo de algún integrante del círculo más próximo a Jorge Abbott o, en su defecto, que «cultive» algunas de sus miradas y prácticas.
“Nos parece sumamente preocupante que estén en carrera, y que puedan ganar, personajes como el mismo fiscal Campos, que, en el marco del caso contra Emiliano Arias, fue querellado por apremios ilegítimos contra dos compañeras nuestras; y otros como Erika Maira, Nayalet Mansilla o Marta Herrera, que fueron muy cercanas a la administración Abbott”, indica Manuel Muñoz, presidente de la Federación Nacional del Ministerio Publico, quien dio a conocer incluso un comunicado expresando estas observaciones. Sobre estos nombres, el dirigente pone el foco sobre Herrera, la actual jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, a la que acusa de “constantes conductas antisindicales”, como “atentar contra la libertad de expresión y querellarse contra la dirigenta sindical que me precedió por dar una opinión en los medios de comunicación”.
“En el periodo de Abbott se le hizo mucho daño al Ministerio Público, al punto que hoy muchos compañeros tienen vergüenza de decir que trabajan aquí. Uno quiere estar orgulloso de ser parte de esta institución, pero no será el caso si ganan los integrantes de este grupo. Marta Herrera fue el verdadero poder en la sombra, y tenemos claro que en realidad ella es la que detentó el poder puertas adentro. No hago valoraciones sobre su persona o su capacidad profesional, pero, si vamos a criticar a Abbott por cómo condujo la institución, entonces también debemos criticar a Marta Herrera, que por su rol como jefa de Asesoría Jurídica también tiene algo que decir sobre el asunto de Emiliano Arias”, señala.
