Opinión
Existe la necesidad y el espacio para continuar reduciendo nuestro gasto de Defensa, sin poner en peligro nuestra seguridad externa. Para ello, deberíamos iniciar su reducción programada, con el objeto de que al año cuarto estemos en condiciones de reasignar a gasto social alrededor de un 15% del gasto en dicha área, principalmente a través de un programa de disminución, sustitución y reinserción laboral del personal profesional actual y de menores aportes al Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa.
Nos hemos informado por la prensa escrita del reciente e importante documento “National Defense Strategy of The United States of America – 2022” y de algunos comentarios posteriores en una columna de opinión titulada “Ucrania, Taiwán y la nueva ola en gasto militar”, que concluye con una propuesta sobre la imperiosa necesidad de aumentar el gasto de Defensa de Chile.
Para evaluar esta sorprendente iniciativa, debemos comenzar recordando que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 puso fin al litigio con Argentina sobre el Canal Beagle y que con la sentencia de la Corte de La Haya por la Delimitación Marítima con Perú de 2014 y el fallo de 2018 de dicha Corte en la Demanda Marítima Boliviana se resolvieron las diferencias pendientes de los conflictos vecinales del siglo XIX y, consistente con este escenario, el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017 incorporó la conceptualización de una nueva Política de Defensa para el siglo XXI, que busca contribuir a la paz y la seguridad regional, y según la cual el Estado posee y prepara los medios militares necesarios para emplearlos en legítima defensa, a través de la cooperación internacional.
Adicionalmente, respecto al incierto escenario global emergente, nosotros los chilenos por ningún motivo aceptaremos repetir las tristes consecuencias de la pasada Guerra Fría, para que se nos vuelva a involucrar como carne de cañón en una postura de escuderos y aliados estratégicos para una segunda Guerra Fría, destinada a “defender los valores en el corazón de la forma de vida norteamericana (National Defense Strategy of The United States of America – 2022)» y, por supuesto, tampoco permitiremos ser parte de oscuros intereses mundiales de Rusia o China.
Con esta argumentación se colige que Chile no enfrenta amenazas militares creíbles para un escenario futuro evaluable, pero sí riesgos comunes, que debieran ser enfrentados a través de una construcción colectiva sudamericana. En consecuencia, nuestras Fuerzas Armadas están muy lejos de requerir nuevas y mayores capacidades para responder a una proyección automática de las amenazas vecinales del siglo XIX; ni para emergentes conflictos globales en que se nos quiera involucrar. Nosotros, los chilenos, solo queremos vivir en paz en un escenario regional que converja a una zona de paz sudamericana, resolviendo civilizadamente nuestros problemas. Dejemos que el primer mundo se siga aniquilando en solitario, como lamentablemente ha sido su historia.
En este contexto, y con el objeto de graficar la muy difícil situación financiera que enfrenta el país y sus implicancias para las Fuerzas Armadas, se observa un marco monetario de fuerte contracción fiscal en que la deuda pública se acerca al 40% del PIB, además se proyecta un gasto social que inexorablemente seguirá creciendo para dar estabilidad política a nuestra sociedad, a lo que diariamente se suman diversas malas noticias, tales como rebajas de la calificación del riesgo país y las diferencias ideológicas partidarias que dificultan aprobar una imprescindible reforma tributaria que permitiría aumentar la recaudación fiscal necesaria y descomprimir la caldera social.
Para estos escenarios, la planificación militar deberá reorientarse hacia la identificación participativa de soluciones creativas para el financiamiento prioritario de algunos programas que permitan mantener el alistamiento de un reducido Núcleo Básico de Defensa para el siglo XXI, de capacidades conjuntas incrementales, incluyendo weekend warriors (guerreros de fin de semana), que faciliten su oportuna expansión ante los escenarios estratégicos emergentes que lo requieran y permitan empezar a resolver el grave problema de financiamiento del sistema de previsión militar (Capredena).
Habiendo desvirtuado los sueños militaristas que nos convocan, concluimos que existe la necesidad y el espacio para continuar reduciendo nuestro gasto de Defensa, sin poner en peligro nuestra seguridad externa. Para ello, deberíamos iniciar su reducción programada con el objeto de que al año cuarto estemos en condiciones de reasignar a gasto social alrededor de un 15% del gasto de dicha área, principalmente a través de un programa de disminución, sustitución y reinserción laboral del personal profesional actual y de menores aportes al Fondo de Capacidades Estratégicas de la Defensa.
