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Un alto ejecutivo de Forestal Arauco –quien prefiere resguardar su identidad– descarta que las empresas forestales también sean parte de esta cadena, aunque reconoce que hay empresarios del rubro que «se están aprovechando de la falta de control». «Compran madera robada sin importar la procedencia», señala el ejecutivo, evidenciando una relación con el crimen organizado y grupos radicales. Ante estos hechos, diversas fuentes confluyen en la misma reflexión: la ausencia del Estado. Esto es algo que el Presidente Gabriel Boric ha abordado recientemente, anunciando desde La Araucanía el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, aunque los «actos de carácter terrorista» que denunció el Mandatario, son para el diputado Eric Aedo (DC) «simplemente una pantalla para este delito que mueve grandes cantidades de dinero», donde hay empresarios del rubro forestal y cuyo ilícito «maneja dinero que, probablemente, se utilice para corromper a personas que trabajan en distintas instituciones del Estado».
Hace unas semanas, Carabineros y el Ministerio Público de La Araucanía desbarataron una banda compuesta por 12 personas, quienes se dedicaban al robo de madera. Específicamente, el empresario maderero y contratista Waldo Núñez lideraba al grupo, detenido con dos camiones cargados con pino y 500 metros cúbicos listos para ser distribuidos. Todo ello avaluado en más de $30 millones.
Núñez fue el único que quedo en prisión preventiva, pero en las últimas horas la Corte de Apelaciones de Temuco modificó la medida cautelar al resto de los imputados, quedando todos tras las rejas mientras dure la investigación. Este caso dejó en evidencia algo que era un secreto a voces en la denominada «macrozona sur»: que el robo y hurto de madera era un negocio con muchos actores. Choferes, contratistas, dueños de predios, grupos radicales y hasta las forestales, desde donde hoy reconocen que, a pesar de los mecanismos de control que han dispuesto, “hay flancos abiertos”.
Y es que Waldo Núñez era un empresario contratista –con personalidad jurídica– que trabajaba hace varios años con forestales y aserraderos de la zona norte de La Araucanía. Por eso en la audiencia de formalización de cargos tras ser detenido, una de las asistentes dijo que le costaba creer que estuviera involucrado en «algo ilegal». Pero según la investigación del Ministerio Público y Carabineros, se comprobó con escuchas telefónicas que este contactaba a personas y pagaba hasta 600 mil pesos por un camión cargado de madera. Madera que estaba en predios forestales, pero que eran tomados por comunidades. Para concretar aquello, debían hacer «tratos».
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Entre el círculo de corrupción, están también por cierto los grupos radicalizados. Respecto a estos últimos, un alto ejecutivo de Forestal Arauco, quien prefiere resguardar su identidad, sostiene que «aquí hay bandas que amedrentan, hay actos de corrupción, como, por ejemplo, exigirles a particulares que para operar en la zona tengan que pagar algún tipo de peaje. El peaje puede ser en dinero, puede ser guardar silencio, puede ser permitir que se hagan ciertas cosas a través de lugares donde ellos están. Esto es una extorsión muy concreta».
Y agrega: «Es un tema que requiere de un grupo especializado que haga seguimiento y que desbarate esto. Eso falta. Hay mucha, mucha plata de por medio. Son millones y millones de dólares solamente en lo que es el robo de la madera y todo el encadenamiento que eso produce».
Ante la posibilidad de que las empresas forestales también sean parte de esta cadena, la fuente sostiene que «no tiene ningún sentido. Que me estén robando y que además tenga que pagar por lo que es mío… Yo creo que ahí hay una cierta confusión o falta de claridad de cómo opera en la cadena de suministro». Sin embargo, también reconoce que hay empresarios del rubro que «se están aprovechando de la falta de control».
«Esto es una cadena. Las pérdidas son fácilmente de 15 millones de dólares al año, por ende, se produce una distorsión en la economía y el valor de venta. Los más perjudicados son las pymes, que compran más caro. Por lo mismo, hay muchos que se han ido por el camino de lo ilegal y compran al postor más barato, pasando por alto los controles y el origen de esa madera. Es decir, compran madera robada sin importar la procedencia», puntualiza el ejecutivo de Forestal Arauco.
Nada de esto era un secreto, pero las voluntades políticas y las bajas penas asociadas a estos delitos no generaban resultados concretos. Es por eso que la detención de estas 12 personas resonó en las pautas nacionales. Recién se había aprobado la ley que sanciona con penas efectivas de cárcel el robo y sustracción de madera en Chile.
Según el informe del Observatorio Judicial, el aumento de las causas por este tipo de delitos, entre los años 2018 y 2021, suman casi 850 en la denominada «macrozona sur».
El 80% de los procesos se inició por una querella presentada por los propietarios afectados, mientras que un 19% de las causas se inicia por denuncia.
Y, en la inmensa mayoría, en la que las causas resultan con imputados, es porque son encontrados casi in fraganti por guardias de los predios forestales. Y en un 63%, estas terminan con la decisión del Ministerio Público de no perseverar.
Un exfuncionario del Gobierno de Sebastián Piñera en la Región de La Araucanía, estrechamente vinculado a tareas de seguridad del Ministerio del Interior, contó a El Mostrador que, a pesar de las solicitudes, «la Fiscalía no quiso agrupar las causas. Paredes no estaba ni ahí». Esto, refiriéndose al ex Fiscal Regional, Cristián Paredes.
Y agrega: «Él (Paredes) quería dejar las causas en manos de la Unidad de Alta Complejidad, pero esta unidad estaba colapsada. En todo caso, la Fiscalía puede investigar hasta cierto punto. Remite los datos al Servicio de Impuestos Internos, pero si este no se querella ni emite informes, el Ministerio Público no puede hacer mucho».
Y es aquí donde algunos entrevistados confluyen en la misma reflexión: la ausencia del Estado, ya sea en garantizar seguridad para realizar actividades productivas, para realizar fiscalizaciones en terreno y en la coordinación de las instituciones involucradas en esta tarea.
Para uno de los miembros de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que agrupa a actores del sector forestal y maderero, esto se nota.
«Conaf, el SII y Carabineros no tienen información cruzada, no comparten la misma información. Por ejemplo, el modus operandi más común es que estos camiones circulan impunemente sin patente y, cuando pasan por el sector, se cambia la guía, entonces esa guía viene de un predio que no es, con un plan de manejo que no es, pero que se blanquea y sigue circulando».
Las grandes distancias, la geografía de los terrenos y el control territorial de ciertos grupos radicales tornan más compleja la presencia policial. Y a esto se suma la forma de operar de estos grupos delictuales.
“En algunas ocasiones, llegan los camiones al predio, pagan para sacar, cortar los pinos en edad de cosecha, con verdaderos aserraderos móviles, cargan y salen del lugar”, asegura un alto ejecutivo de empresa forestal. Por eso –agrega– “es tan difícil encontrarlos”.
El año 2020, tres conductores de camiones fueron detenidos en la Región de La Araucanía transportando madera robada. Las guías de despacho estaban a nombre de la empresa Comercial Mijael Carvones LTDA, cuyo nombre corresponde al vocero de la comunidad tradicional de Temucuicui y de la Alianza Territorial Mapuche, uno de las ORT (Órganos de Resistencia Territorial) pertenecientes a la Coordinadora Arauco-Malleco. Lo que llamó la atención en ese momento es que, según los documentos, la madera había sido sacada desde el ex Fundo Alaska (terrenos que pertenecieron a la forestal Mininco y que fueron vendidos al Estado, tras años de ocupaciones intermitentes, para ser entregados a la comunidad de Temucuicui), pero en la investigación de la Fiscalía se demostró que el producto pertenecía al Fundo El Cielo, de propiedad de Forestal Arauco.
«Es irrisorio. Porque si suman todas las guías de despacho, es mucho más que el volumen de madera que había en el Fundo Alaska», comenta el ejecutivo de la Forestal Arauco que prefiere resguardar su identidad.
«Carvones lo que está haciendo en un negocio. Aquí debe existir la voluntad para darse cuenta de que esto es muy extraño», agrega.
Con varios años de experiencia en este rubro y conocimiento del contexto que se vive en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, el profesional que prefiere resguardar su identidad insiste en que aquí existe un vínculo entre el crimen organizado y grupos radicales.
«Por ejemplo, yo te llamo por teléfono, tú eres de la CAM y a mí me interesa sacar madera sin que nadie se dé cuenta. Mientras un grupo hace atentados o cortes, otro grupo aprovecha de entrar y robar la madera. Eso me da oportunidad a mí cuando sepa que la están revolviendo. Así el ataque es en la madrugada y yo salgo en la noche siguiente. O sea, hay una cierta coordinación, hay una ventaja de tener esto desordenado».
En el caso de la detención del 21 de octubre pasado, la Fiscalía acreditó que las 12 personas que integraban la banda, entre ellos Waldo Núñez, constituían una asociación ilícita con el fin de cometer usurpaciones violentas, sustracción de madera, extorsiones y otros delitos relacionados, en la comuna de Galvarino. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, el grupo era liderado por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, propietarios de empresas del rubro forestal, y estaba integrado entre otros por el contratista forestal Arnaldo Millán Marín, quien mantenía contactos con una comunidad radicalizada vinculada a la Coordinadora Arauco-Malleco, que participaba en los delitos. Dos integrantes de esa comunidad, denominada Lof Xilco, también quedaron en prisión preventiva en esa audiencia junto a choferes y personas que cumplían diferentes roles en la organización.
En total, 25 personas han sido detenidas en la Región de La Araucanía en las primeras 4 investigaciones desarrolladas por la Fiscalía de Alta Complejidad al alero de la nueva ley que regula la sustracción de madera, la cual está vigente en el país desde el pasado 27 de septiembre. Para 16 de los imputados, los tribunales acogieron las solicitudes de prisión preventiva realizadas por fiscales, mientras que para las restantes 9 fue aplicada la segunda medida cautelar más gravosa, que es el arresto domiciliario parcial o total.
Así lo dio a conocer el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, al hacer un balance del primer mes de vigencia de dicha modificación legal. «Se trata de una herramienta que nos ha permitido profundizar y perfeccionar las diligencias de investigación y aquellas indagatorias que estábamos desarrollando hace tiempo y a esta altura ya podemos dar cuenta de que, en cuatro investigaciones, tenemos un total de 25 personas que han sido detenidas por la policía en relación con la sustracción de madera».
El fiscal Garrido confirmó asimismo que, entre los 16 detenidos que permanecen en prisión preventiva, hay 3 empresarios y un contratista del rubro forestal. «Algunas personas que se dedican a la explotación directamente, son los que proveen de mayores recursos, hay otros que se dedican a las labores de transporte. Para nosotros lo relevante es que participen en este emprendimiento criminal que significa la explotación de la madera. No se trata de una persecución en contra de empresarios legítimamente establecidos sino que de personas que se aprovechan de la ocupación violenta de determinados predios para la explotación de la madera de manera ilegal», puntualizó el persecutor.
Recientemente, en su primer viaje a La Araucanía como Jefe de Estado, el Presidente Gabriel Boric –que reconoció la ocurrencia de «actos de carácter terrorista» en la zona– presentó el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado que se ejecutará en todo el país y tendrá, en el caso de la zona cero del robo de madera, un cuarto del presupuesto. En ello, se considerarán tres tipos de acciones prioritarias: la fiscalización de armas, la seguridad agroalimentaria y el robo de madera.
Respecto de este último punto, la delegación presidencial dispondrá de una brigada de televigilancia móvil, a lo que se añadirán procedimientos policiales diferentes en cadenas de producción y venta de la materia prima. El monitoreo y seguimiento de las causas judiciales también será otro de los temas. Finalmente, se utilizarán las herramientas que permitan hacer más eficientes las incautaciones en estos procedimientos.
El anuncio presidencial se dio un día después de que la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia logró detener a dos sujetos por el delito de sustracción de madera, en la comuna de Panguipulli. Los hechos habrían sucedido cuando los detectives se encontraban efectuando indagaciones por otros antecedentes delictivos en la comuna. En ese contexto, se percataron de que dos sujetos se encontraban talando árboles nativos (robles) y guardando la madera en una camioneta desde el predio Santa Rosalía de Forestal Arauco. Ambos imputados mayores de edad y que cuentan con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición de la justicia para el respectivo control de la detención.
Junto con poner especial énfasis en la nueva ley que sanciona este ilícito como un delito grave, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Eric Aedo, presidente de la Comisión Investigadora del Robo de Madera de la Cámara, valoró los dichos del Mandatario respecto del terrorismo, que –a su juicio– es «una pantalla para este delito que mueve grandes cantidades de dinero».
«Antes solo se perseguía a quienes cortaban los árboles y que en general eran personas trabajadoras de comunidades mapuche o también personas, obreros y trabajadores, chilenos de la zona de La Araucanía y de la Provincia de Arauco. Hoy, lo que permite esta ley que tipifica el robo de madera, que debería ser acompañada por una ley en el tema de las usurpaciones y una ley de inteligencia, es perseguir a los autores intelectuales y seguir principalmente la ruta del dinero. Es decir, a los empresarios del rubro forestal que están detrás de este delito», señaló el parlamentario a El Mostrador.
Por poner un ejemplo, dijo, «cada actividad ilegal de robo de madera, cada faena ilegal, significa un capital inicial o requiere un capital inicial de aproximadamente mil millones de pesos». Por lo tanto, para el diputado Aedo, «no son pequeños campesinos o transportistas los que tienen este nivel de capital para iniciar esta activada ilegal». En ese sentido, apuntó a los empresarios que son parte de esta cadena de corrupción.
Para el legislador DC es clave que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se haga parte de estas investigaciones. «Este robo de madera, actividad ilícita asociada a la violencia, maneja dinero que, probablemente, una parte se utilice para corromper a personas que trabajan en distintas instituciones del Estado», planteó Aedo.
«No es posible que tengamos a empresarios que no den cuenta de dónde salen las enormes cantidades de dinero que se mueve a través de este delito. Por eso, esta ley que tipifica el robo de madera permite el seguimiento de las guías de despacho electrónicas, de facturas electrónicas, permite la utilización de agentes encubiertos, permite las escuchas telefónicas, y eso obviamente que ayuda en una investigación», insistió.
Finalmente, el parlamentario valoró que el Presidente Gabriel Boric haya dicho públicamente que en La Araucanía, pero también en la Provincia de Arauco, existe terrorismo. Ese terrorismo, recalcó, «es simplemente una pantalla para este delito que mueve grandes cantidades de dinero, al que también está asociado el tráfico de drogas y la venta de autos robados».
«Eso es lo que enfrentamos, este es el crimen organizado que enfrentamos, y si queremos llegar a los cabecillas de este crimen, tenemos que seguir esa ruta del dinero. Y, para llegar y seguir esa ruta, el trabajo de la Fiscalía, de las policías y principalmente de instituciones como Conaf y en especial el SII, es altamente gravitante», cerró, complementado que la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados ya ha reunido antecedentes de ubicación de más de 30 aserraderos clandestinos.
La policía uniformada aseguró que en los últimos seis años se ha logrado la detención de 2.563 personas por delitos relacionados con el robo de madera, principalmente en la denominada «macrozona sur». Del total de detenciones por estos delitos, 147 se registraron en Ñuble, 1.443 en Biobío, 602 en La Araucanía, 304 en Los Ríos y otras 67 en Los Lagos.
Además, de acuerdo a la institución policial, un 46% de los detenidos ya registraba antecedentes al momento de su detención, mientras que, en el caso de un sujeto apodado «Pejerrey», se ha llegado a 38 detenciones por diversos delitos, incluyendo un homicidio.
A la vez, se ha registrado la detención de 25 personas en el primer mes de vigencia de la ley que sanciona el robo de madera, y 16 de ellas permanecen bajo prisión preventiva.
Según datos de la Defensoría Penal Pública, de los imputados por el robo de madera en la región, un 20% es mapuche.
A través de un comunicado, el jefe de la Defensoría Penal Mapuche de la Región de La Araucanía, Humberto Serri, afirma que el delito mencionado es ‘»común» y no se debe asociar a la causa mapuche.
«Estamos en condiciones de señalar que, de 20 personas, 2 personas son de origen mapuche y tienen domicilio fuera de la región, en el Maule. Eso nos lleva a la conclusión de que es un delito que no está asociado a la causa mapuche ni a la reivindicación de tierras», recalca.
De acuerdo a las estadísticas de la Defensoría Penal Pública, en La Araucanía, 1 de cada 5 imputados que representa la institución pertenece al pueblo mapuche y los delitos que se les imputan con mayor frecuencia son los de lesiones por violencia intrafamiliar y manejo en estado de ebriedad.
