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El abogado, que es parte de la quina para Fiscal Nacional –cuyo nombramiento se decide en los próximos días–, ha representado a una variopinta clientela y defendido causas de connotación pública que van desde el financiamiento ilegal de la política hasta el abuso sexual, pasando por violaciones a los derechos humanos. En su despliegue profesional, sus redes con el poder están relacionadas principalmente con la derecha, pero también llegan a sectores de centroizquierda. Ahí es donde posee una carta bajo la manga que lo puede poner por sobre sus competidores: fue abogado de Carolina Tohá en una de las aristas del caso Publicam. Consultada la ministra Tohá descartó conocer al abogado Valencia, ya que las conversaciones las habría mantenido entonces con el jefe del estudio, Juan Domingo Acosta.
Como ya es sabido, Ángel Valencia Vásquez, uno de los postulantes a Fiscal Nacional, es un experimentado litigante y posee una nutrida agenda donde, en lo político, se juntan derechas e izquierdas. Si bien es carta abierta del piñerismo, su nombre también resulta familiar tanto para la UDI como para el mundo socialista. Y esta transversalidad llega directo al corazón de La Moneda: en el Ministerio del Interior.
La cercanía con la ministra Carolina Tohá Morales tiene raíces en el bullado caso Publicam, arista Servel (fraude a las platas electorales con boletas y facturas ideológicamente falsas), que quedó al descubierto hace 16 años, cuando era diputada. Entonces, Valencia fue su abogado y la representó en una querella interpuesta por ella en contra del representante de una sociedad comercial que había confeccionado y emitido facturas, y contra todos los demás que resultaran responsables de los ilícitos investigados. Y si bien la ministra del Interior le respondió a este medio que no conoce personalmente a Ángel Valencia, porque –según señaló– fue el abogado Juan Domingo Acosta –en ese entonces socio de Valencia– quien encabezó la causa, hay quienes ven en dicha conexión un punto a favor que podría sumarse al candidato Valencia para llegar a la cabeza del Ministerio Público.
El lunes 20 de noviembre de 2006, la entonces diputada PPD por Santiago, Carolina Tohá, se enteró de que el Servel había cuestionado su contabilidad electoral, correspondiente a la elección realizada el 11 de diciembre de 2005. El problema radicaba en una factura emitida por la Sociedad Comercial Trony Limitada. Un nombre que se repetiría en la investigación y que el SII incluyó —más adelante en el proceso— dentro de las sociedades investigadas como emisoras de facturas falsas y que conformarían la arista Publicam-Servel.
El caso de corrupción Publicam quedó al descubierto a fines de 2006 y tuvo también una arista en Chiledeportes. En simple, se trataba de la infracción del artículo nº4 del Código Tributario por la facilitación y emisión de facturas falsas para evadir impuestos y para justificar gastos fantasmas en las campañas electorales. Publicam era una de las empresas que confeccionó las facturas.
La investigación dejó al descubierto una verdadera organización criminal dedicada a crear sociedades de papel y la emisión de facturas sin respaldo, que eran utilizadas por empresas legales para descontar impuesto a la renta e IVA. La red para defraudar al fisco contaba con unas 70 personas, incluidos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). En la investigación de los fiscales Iván Millán y Nancy González, en 2007, se hablaba de más de $730 millones defraudados. Y se identificó como cabecilla a Manuel Arancibia. La investigación terminó con condenados por delitos tributarios, penas remitidas y pago de multas de seis imputados.
Este escándalo de facturas y boletas falsas para justificar gastos electorales salpicó a varios políticos de la época.
Fue así que apareció una factura de la Sociedad Comercial Trony Limitada, por la suma de $ 4.804.832 entregada por Einar José Aros Salazar al primo de Carolina Tohá, Jaime Tohá Lavanderos, que era el jefe de la campaña de la diputada por el distrito 22.
Una vez desenredada la madeja de pagos, cheques, facturas, Tohá Morales se querelló por “Falsificación o uso malicioso de documentos privados” contra Aros Salazar, quien entregó la boleta falsa por conceptos de impresión de folletería para la campaña, y contra todos los demás que resultaran responsables.
En dichas acciones, la actual ministra fue representada por el abogado Ángel Valencia Vásquez, quien aparece en la causa como apoderado junto a Juan Domingo Acosta Sánchez y Darío Silva Villagrán.
Consultada la ministra Tohá descartó conocer al abogado Valencia, ya que las conversaciones las habría mantenido entonces con el jefe del estudio, Juan Domingo Acosta.
La querella contra Aros fue cerrada en febrero de 2008, pero la conexión del abogado Valencia con el mundo PPD se mantuvo.
