Opinión
Mafias madereras no es lo mismo que grupos violentos organizados. Los primeros tienen un fin económico, mientras que los segundos, político. De ahí que perseguir el dinero, las empresas de papel y fortalecer la fiscalización de la producción y el uso de facturas es fundamental.
A propósito de la visita del Presidente Gabriel Boric a La Araucanía, es importante realizar ciertas precisiones que contribuyen a entender la problemática que allí se vive. Si bien los actos de carácter terrorista son parte del problema, también hay otros que preocupan bastante y que cuentan con una naturaleza muy distinta: las mafias madereras que, recurriendo a la violencia, usurpan los predios para montar una empresa criminal.
Los contratistas forestales han sido víctimas de más de 90 atentados en lo que va del año, algunas forestales ya han dado por perdidos ciertos predios y desde el próximo año la inversión en esa industria es cero. Un panorama preocupante, si se considera que ese sector representa el 2,1% del producto interno bruto, es responsable por el 9,1% de las exportaciones totales, genera 121.000 empleos directos y más de 180.000 indirectos.
Desde la mitad de la segunda década de este siglo que se observa el avance de mafias en las regiones de La Araucanía y Biobío, siendo el año 2020 el hito donde la violencia aumenta y el negocio se consolida.
En un contexto de retroceso del Estado de Derecho derivado de los actos de carácter terrorista desarrollados por agrupaciones armadas, las mafias madereras han podido avanzar en el territorio nutriéndose de la debilidad institucional que se evidencia en la zona. En ese sentido, la presencia de las instituciones del Estado es percibida como débil, especialmente de aquellas a cargo de la fiscalización de producción de predios y el debido control del uso de boletas y facturas. Por otro lado, la aplicación de la ley y las sanciones para quienes son descubiertos con madera robada suma un grado de frustración adicional a las víctimas, quienes han dejado de denunciar como consecuencia de la falta de confianza en el término de las causas judiciales.
Si bien hoy contamos con una legislación actualizada para el robo de madera en troza, aún queda mucho por hacer en esa materia. Esta, podría complementarse con aquella sobre el sistema de inteligencia y la relativa al delito de usurpaciones. Ambos proyectos entregarían aún más herramientas para perseguir y sancionar a estas empresas criminales.
El control de la violencia es otro aspecto clave, pues si bien las comunidades que se declaran en conflicto con el Estado no son mafias madereras, aunque algunas puedan dedicarse a ese negocio, contribuyen a debilitar las instituciones estatales y al retroceso del Estado de derecho, llegando incluso a interactuar con las mafias organizadas en la primera etapa del negocio: la usurpación del predio.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, precisiones conceptuales. Mafias madereras no es lo mismo que grupos violentos organizados. Los primeros tienen un fin económico, mientras que los segundos, político. De ahí que perseguir el dinero, las empresas de papel y fortalecer la fiscalización de la producción y el uso de facturas es fundamental. Para que todo lo anterior funcione, es esencial, primariamente, restaurar el Estado de derecho.
Otro aspecto importante es identificar claramente cómo esa economía criminal interactúa con la violencia rural y avanzar hacia una estrategia de control de la violencia que se integre a una de análisis financiero. Un acuerdo transversal para combatir el crimen en la Macrozona Sur es crucial para avanzar en soluciones, pero siempre teniendo en cuenta la naturaleza del problema.
Finalmente, la visita presidencial al sur vino a demostrar algo que ya sabíamos: la problemática de seguridad en esa zona es multidimensional, y que es necesario conocer y trabajar cada una de esas dimensiones.
Para más información, ver aquí documento en que este tema se trabaja en detalle.
