Contenidos para una nueva Constitución

Después del demoledor triunfo del Rechazo, se ha instalado en la ciudadanía un comprensible desinterés por el tema constitucional, privilegiándose los temas más urgentes, como la delincuencia y la situación económica. Sin embargo, no debemos autoengañarnos: la Constitución que tenemos actualmente deja mucho que desear, y no podemos desaprovechar el escaso impulso que todavía tiene el tema, para avanzar.

La prensa nos trae a diario estériles peleas parlamentarias respecto al número de constituyentes, o la participación de expertos, basadas principalmente en cálculos misteriosos acerca de qué formula permitirá una mayor proporción de convencionales de sus propios partidos. Precisamente lo que tiene hastiada a la ciudadanía. Lo que se está dejando de lado es el fondo del tema: por qué y para qué necesitamos una nueva Constitución.

Me atrevo a aventurar proposiciones en torno a algunos asuntos de los más conflictivos o prioritarios, que ciertamente no agotan el tema:

1. Necesitamos urgentemente un nuevo sistema político. Es precisamente el triste espectáculo que vemos a diario en el Congreso el que nos señala la necesidad de corregirlo. No podemos seguir con 22 o más partidos políticos disputándose en ese hemiciclo los huesos del sistema, “como perros”, y hay que elevar las exigencias para su creación y perdurabilidad. Asimismo, hay que extender la duración del período presidencial o, bien, deseablemente, transitar a un régimen semiparlamentario, base del éxito en la mayoría de los países avanzados. De más está decir que, si persiste el régimen presidencial, debemos preservar un Senado como contrapeso real de una Cámara que suele ser presa de pulsiones crecientemente populistas. En cualquier caso, se debe dotar al Poder Judicial de autonomía plena, preservando rigurosamente el principio de la separación de poderes.
2. Debemos resolver definitivamente el dilema de los Pueblos Originarios. Los excesos plurinacionales del intento anterior no eran la solución, pero es obvio que debemos consagrar con rango constitucional su representación política en el Congreso, el derecho a la restitución de tierras, el reconocimiento a sus idiomas, y la creación de un Tribunal ad hoc para resolver estos conflictos, como se hizo en Nueva Zelanda.
3. Profundizar la descentralización. Lo recientemente logrado en cuanto a la elección de gobernadores regionales fue un gran paso, pero todavía son “gobernadores sin dientes”. Es imprescindible otorgarles mayores atribuciones en materia financiera, así como descentralizar una lista –inicialmente mínima pero indispensable– de competencias que hoy tienen los ministerios centrales… Traspasando dichos funcionarios a regiones.
4. Los derechos de aguas. Este fue un tema altamente polémico, impulsado por las fake news respecto a ciertos productores de paltas, que estarían dejando sedientos a los ciudadanos. En los hechos, hoy tenemos aprobado por Ley un magnífico Código de Aguas, aprobado recientemente por la unanimidad de los partidos. Solo resta… darle rango constitucional, y otorgarle al Estado mayores capacidades y competencias para fiscalizar su cumplimiento.
5. La inadecuada institucionalidad ambiental. Tenemos, igualmente, entidades con pocos dientes para hacerla respetar, pero a la inversa, la aprobación de nuevos proyectos de inversión debe transitar por un calvario de aprobaciones, manejadas por entes completamente politizados. Urge la creación de una nueva Agencia Ambiental, con autonomía de rango constitucional, que maneje el tema con criterios más técnicos que los del Gobierno de turno. Este es uno de los principales lastres del crecimiento económico y el empleo.
6. La modernización y reforma del Estado. Si bien la eficiencia de nuestro gasto público es más elevada de lo que se cree, este es un tema de clamor permanente y justificado. Es necesario consagrar constitucionalmente: a) un sistema autónomo de Alta Dirección Pública con mayores atribuciones que las actuales respecto a la modernización; b) una Agencia de Evaluación de Instituciones y Programas Públicos, dándole ese rango a la actual Comisión de Productividad; y c) un estatuto renovado de los empleados públicos y municipales, sobre el cual todas las propuestas y estudios necesarios están elaborados hace años.
7. La protección de la niñez y adolescencia. Ellos constituyen el futuro del país, y la magnitud de sus problemas en materia de salud mental, salud general, educación inicial, violencia intrafamiliar, justicia de familia, o delincuencia juvenil, puede sencillamente calificarse de “terremoto silencioso”. Urge la creación constitucional de una entidad con dientes suficientes para demandar al Estado y las familias en caso de atropello a sus derechos. Si tenemos hoy un Consejo de Defensa del Estado, con mayor razón necesitamos un Consejo de Defensa de la Niñez y Adolescencia.
8. Derechos sociales. Para quienes votaron Apruebo en el anterior plebiscito, las centenas de derechos sociales garantizados eran su principal anhelo. La larga lista de derechos consagrados en aquella propuesta constitucional parecía prometer futuro esplendor. Por tanto, para un 38% del país este es un tema que sí importa. Pero… confieso que el tema me enreda. Las constituciones de América Latina son las más abundantes en listados de “derechos a XX”, y estos países son los menos cumplidores de los mismos. Si este sector del país puede elaborar una propuesta sensata al respecto, que asegure su financiamiento y su buena gestión, seré el primero en aplaudirlos.

Cada uno de los ocho temas arriba enunciados requiere la creación urgente de un pequeño grupo experto y transversal que, a la brevedad posible, pueda elaborar propuestas más detalladas, para ofrecerlas tan pronto la nueva Convención Constitucional entre en funciones.