Opinión
Esta columna ha intentado demostrar cómo es que un problema público y social, muchas veces denominado como un «derecho humano», es transformado en una responsabilidad individual de quienes levantan un requerimiento por agua en su Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural. Sin embargo, esto es así solo para el caso del Chile rural, pues en el Chile urbano la infraestructura necesaria para distribuir agua potable ya ha sido construida por el Estado.
El Banco Mundial ha elogiado la principal legislación chilena sobre aguas, el controvertido Código de Aguas, redactado bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990), como una forma eficaz y eficiente de gestionar el agua, destacando los beneficios de su privatización. Esto ha resultado en que algunos autores retraten a Chile como “un líder mundial en la gobernanza del agua”,. Sin embargo, los análisis relacionados con la gestión del agua potable que presentan la eficiencia técnica y la rentabilidad económica como las formas más adecuadas de gestionar el agua, suelen ignorar las experiencias de grupos más marginados. Cuando estas experiencias ya no pueden ser ignoradas, se recurre a tácticas discursivas en las que estas localidades se describen como «excepciones», como me lo mencionaron informantes de la Federación de Canalistas de Chile. Al mirar en detalle, podemos ver que las excepciones son más comunes de lo que pensamos, y más bien se están convirtiendo en la norma en tiempos de crisis hídrica, cambio climático y escasez.
Para poder mejorar, o transformar instituciones para que efectivamente sirvan a quienes pretenden ayudar, es necesario que estas instituciones sean pensadas desde las experiencias cotidianas de su público objetivo. Cuando las instituciones son creadas desde ideas abstractas, ideologías fantásticas y conceptos representados como “objetivos”, por lo general fallan en su misión. Sin embargo, lo más común es que las instituciones públicas suelan ser creadas sobre la base de conocimiento experto y teórico/abstracto, que proviene de visiones del mundo que se imponen por medio de mecanismos institucionales y legales como «superiores» y que nada tienen que ver con la realidad vivida por las mismas personas. Ejemplo de ello son las categorías de «derecho de agua» y «(no)vulnerabilidad», que luego se utilizan para prevenir (o negar) sistemáticamente el derecho al agua potable en zonas rurales. Es así como las instituciones que debiesen procurar este elemento vital terminan negándolo, y las instituciones que debieran identificar a aquellos más vulnerables y que necesitan apoyo estatal, terminan no recibiéndolo. Esto ocurre principalmente con el agua.
Mi investigación comienza en las experiencias de un grupo de personas que viven en la localidad de Arrayán, en la Región de Coquimbo, y quienes no cuentan con acceso a agua potable. Al realizar una etnografía que documenta todos los pasos burocráticos, textos y formularios utilizados y esfuerzo que las personas de Arrayán realizaron para poder acceder al agua, el análisis revela una conclusión bastante diferente a la que llega el Banco Mundial.
Las experiencias de la comunidad de Arrayán son un punto concreto de partida para hacer una investigación anclada en experiencias reales vividas por seres humanos reales, y no en ideologías de mercado basadas en una fantasía. Por ejemplo, es una fantasía que 1 lt de agua/segundo equivalga a 1 acción de agua. Esto, al ser una fantasía teórica, no se cumple en el norte de Chile en una zona que ha sufrido más de 10 años de sequía. Tampoco se cumple en el sur de Chile, donde los camiones aljibes proveen de agua cada día a más APR. Otro gol para las sanitarias.
Comenzando en experiencias locales, la investigación describe cómo la institución que gestiona el agua en Chile previene el acceso al agua potable para el caso de esta comunidad, mostrándonos los mecanismos institucionales que no están hechos para el beneficio de habitantes rurales, sino que están construidos explícitamente para beneficiar a la poderosa elite del agua en Chile y a empresas sanitarias. La investigación concluye indicando que no solo el Código del Aguas debe ser modificado, junto con la Constitución de la República, como ya lo han mencionado hasta el cansancio organizaciones sociales como Modatima, Fenapru, Chile Sustentable y Newenko. También es fundamental modificar aquellos textos como la «Ficha de solicitud de factibilidad», que debe llenarse en toda APR, y que se basa en los Requisitos de Inversión Sectorial (normas RIS) que se utilizan en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y por medio de los cuales los proyectos son evaluados en Mideso de acuerdo a su potencial beneficio social.
Estas RIS reproducen las inequidades inherentes al Código de Aguas y se imponen en el mundo rural y específicamente en la distribución del agua potable, al exigir la existencia de suficientes derechos de agua en la APR para poder proveer de esta a sus integrantes. Cunado las APR no cuentan con derechos de agua, deben acudir a la sanitaria más cercana para que esta les venda agua «cruda», la cual después debe ser clorada y distribuida por la APR a su comunidad.
Por otro lado, el Registro Social de Hogares (RSH), que clasifica a algunos ciudadanos como “no-vulnerables”, indica que cuando se vive en zonas rurales, son las personas mismas quienes deben pagar el estudio preliminar y parte del proyecto de «Mejoramiento y Ampliación de la red del APR» en cuestión. Esto se basa en la idea inherente de que las personas que viven en zonas rurales deben ser de «escasos recursos» para que el Estado invierta en infraestructura. Sin embargo, cuando se vive en zonas urbanas, el ser o no vulnerable no define el acceso a la red de agua potable. En zonas urbanas el Estado ya ha invertido para que las compañías sanitarias puedan utilizar esa infraestructura y llevar a cabo el negocio del agua potable. Esto revela el trato diferencial entre poblaciones rurales y urbanas, pero también entre personas no-vulnerables de zonas rurales y compañías sanitarias internacionales.
El documento oficial del Registro Social de Hogares realizado desde un supuesto punto de vista «neutro» y «objetivo» y con el respaldo del Banco Mundial, define «vulnerabilidad» no desde las experiencias de aquellos que viven en la pobreza o viven de manera vulnerable. El documento titulado «Registro Social de Hogares» publicado en 2018 por Mideso, en conjunto con el Banco Mundial, indica explícitamente: “Con un enfoque orientado a asignar las transferencias monetarias por el mecanismo de la exclusión de los sectores de mayores ingresos, donde el Estado asumiera la responsabilidad de identificar y seleccionar y no el ciudadano, el Registro Social de Hogares reemplazó a la Ficha de Protección Social”.
El RSH, por tanto, no identifica a las personas vulnerables, sino que hace una identificación por exclusión. Además, tampoco considera la cantidad de derechos de agua que una persona pueda tener y cómo ello influirá en su condición de (no)vulnerable. Como ya lo indicara un artículo publicado en CIPER Chile en 2013, hay quienes se han enriquecido legalmente bajo las condiciones permitidas por el Código de Aguas y la Constitución. Un ejemplo es la historia del «zar del agua», Isidoro Quiroga, un empresario que ha recaudado más de 25 millones de dólares a través de la venta de derechos de agua que le fueron entregados inicialmente de forma gratuita por el Estado de Chile.
El RSH tampoco se refiere al trabajo no remunerado que miles de hombres y mujeres deben realizar para proveer de agua a sus comunidades, ni de las oportunidades que estos(as) dirigentes pierden al tener que hacer este trabajo comunitario que termina beneficiando a empresas privadas. Lo que este instrumento incluye y lo que ignora para tomar decisiones supuestamente objetivas, beneficia nuevamente a la elite chilena en vez de estar al servicio de los ciudadanos, ya sean rurales o urbanos.
Mi interés de contribuir a hacer investigaciones que tomen en serio las experiencias concretas de personas reales, en vez de hacer investigación desde un punto de vista «objetivo» (lo cual es una falacia e imposibilidad), viene dado por la teoría y método elegido, lo cual busca mostrar cómo funcionan las instituciones, y cómo es que, a pesar de querer –al menos discursivamente– mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios, resultan oprimiéndolos aún más. El objetivo final es buscar soluciones e identificar aquellos aspectos que necesitan ser modificados para tomar en cuenta las necesidades reales de las personas y crear instituciones que finalmente logren en concreto, y no solo en el discurso, lo que se proponen. Esto supone que el lugar desde donde se crea conocimiento respecto a un tema o institución, en este caso el acceso al agua potable, determina cómo vemos el mundo.
Por lo general, las instituciones son creadas con intereses y puntos de vista que se enmascaran como «objetivos» y «neutros», sin embargo, cuando analizamos a quiénes benefician y qué conocimiento valoran y cuál desvalorizan, nos damos cuenta de que esa supuesta objetividad está en realidad basada en una ideología y una visión del mundo particulares, que benefician aquellos usos de agua considerados como productivos (industriales y agrícolas) por sobre los reproductivos (o domésticos). Esta visión del mundo percibe el agua únicamente como un bien económico. En ella no caben concepciones espirituales, ecológicas o relacionales del agua. El agua así se transforma en un recurso, que está a disposición de algunos seres humanos. Como esta investigación demuestra, esta forma de ver el mundo se traduce en valorar a ciertas personas por sobre otras, en este caso las poblaciones urbanas por sobre las rurales, y pretende que hombres y mujeres que habitan en zonas rurales trabajen por sus comunidades de manera voluntaria. Lo mismo jamás se exigiría de empresas sanitarias privadas que suministran agua potable y saneamiento a poblaciones urbanas.
Esta columna ha intentado demostrar cómo es que un problema público y social, muchas veces denominado como un «derecho humano», es transformado en una responsabilidad individual de quienes levantan un requerimiento por agua en su Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural. Sin embargo, esto es así solo para el caso de Chile rural, pues –como se explicaba– en el Chile urbano la infraestructura necesaria para distribuir agua potable ya ha sido construida por el Estado.
En las ciudades chilenas, las empresas sanitarias no necesitan incurrir en inversión, al contrario de lo que se les pide a las 34 familias de Arrayán por no ser «vulnerables», decisión que depende del veredicto del RSH. La investigación concluye demostrando cómo las categorías y conceptos abstractos, que solo existen en textos, de «derecho de agua» y «vulnerabilidad», son construcciones ideológicas que representan una visión parcial del mundo. Cuando miramos el mundo desde el lugar que ocupamos, desde nuestro cuerpo ubicado en un contexto ambiental, social y económico específico, y tomamos la experiencia de vida cotidiana de aquellos que necesitan agua en zonas rurales, vemos claramente cómo estas experiencias reales han sido sistemáticamente suprimidas. La institución que gestiona el agua en Chile ha sido creada para beneficiar a empresas sanitarias transnacionales y a una poderosa elite, en detrimento de mujeres y hombres del mundo rural.
Si realmente queremos acercar visiones de mundo que muchas veces se ven como si estuvieran asentadas en extremos opuestos de un espectro ideológico, lo mejor que podemos hacer es crear instituciones que tomen las experiencias de sus usuarios en serio. Eso significa crear esas instituciones PARA ellos, y con ellos en mente. Esto apunta a un objetivo aún mayor: compartir poder, un ejercicio que en Chile, ya sabemos, necesitamos de manera urgente.
