Opinión
Cualquier nuevo impulso a procesos de integración regional tiene que partir del supuesto de una reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Se establece, entonces, una posición diferente en el enfrentamiento de los asuntos públicos. Mientras en el pasado se identificaba lo público con lo estatal, en la actualidad se admite un espacio público no estatal en el cual se establecen diferentes formas de coordinación entre ambos. Un tema central en consecuencia será: ¿cómo potenciar dichas formas?, ¿qué requerimientos se plantean para fortalecerlas y hacerlas sostenibles?, ¿de qué manera se puede cooperar para ello? No basta, por tanto, con establecer mecanismos institucionales solo a nivel de los Estados.
El exministro y exsenador Carlos Ominami, junto a otras distinguidas personalidades del ámbito político y académico de América Latina, han planteado la necesidad de impulsar un nuevo proceso de integración regional. Hay que destacar esta loable, necesaria e indispensable tarea.
Un relato histórico del proceso de integración latinoamericana puede dividirse al menos en tres fases que, en parte, se superponen: los primeros intentos fueron para la organización de amplias zonas latinoamericanas de Libre Comercio, lo que llevó a la firma el tratado de Montevideo en 1960. En esa época se pensó que el desarrollo nacional de los países de América Latina exigiría solo una ampliación de sus posibilidades de mercado, pero dentro de cautelosos límites para impedir desequilibrios que se temían como consecuencias de posibles niveles disparejos de productividad entre los países y las empresas más grandes de la zona.
Como resultado de los magros resultados de la Alalc, expertos en economía de los distintos países presentaron la idea de integración sectorial planificada, agregada a la liberación comercial de la Alalc. La idea central de esta segunda fase era la elaboración de un plan maestro integrador que debería ponerse en funcionamiento mediante las instituciones comunes adecuadas. Este plan estimularía la creación y desarrollo de algunas supercorporaciones conjuntas en los sectores comercial e industrial, financiero y del transporte, que abriría fronteras nuevas en la región sin los efectos perturbadores de la libre competencia sin freno. Esto tuvo una amplia acogida del ex Presidente Frei Montalva de Chile, pero no estimularon a otros gobiernos, en especial al brasileño y argentino, que mostraron menos interés en apresurar la consolidación de los vínculos latinoamericanos.
A fines de la década del 60, sin interrupción, se inicia una tercera fase en la integración latinoamericana caracterizada por formas subregionales. Mediante la declaración de Bogotá de 1966, firmada por los presidentes de Chile, Colombia, Venezuela y representantes del Perú y Ecuador, a lo cual se sumó Bolivia el año siguiente, se formalizó por la convención de Bogotá que creó el Grupo Andino con el fin de lograr, dentro del marco general de la Alalc, la integración económica subregional de los países interesados. Se consideró que en términos subregionales, la integración latinoamericana parecía más factible, al menos en una primera etapa.
Se podría señalar que la cuarta etapa continuadora de las tres anteriores está dada por la combinación de acuerdos subregionales de carácter económico, con la suscripción de acuerdos de libre comercio básicamente con la comunidad europea y con Estados Unidos, y alineamientos regionales en función de determinadas decisiones de algunos países.
Sería largo enumerar los éxitos y las restricciones alcanzados por este y otros procesos de integración. Solamente interesa destacar que estos procesos fueron impulsados por los gobiernos de los Estados nacionales de nuestra región.
Los procesos de integración de América Latina tienen que ser visualizados en una perspectiva de cambio societal mucho más por lo que se ha señalado, en la evolución que ha tenido este proceso en las últimas décadas. Para avanzar y dar un nuevo impulso a este proceso será preciso descubrir en qué tipo de sociedad estamos viviendo, que transformaciones está experimentando y cuáles probablemente serán las del futuro. Esta sociedad en que vivimos, es más una sociedad de ruptura que un tipo social cristalizado, como por ejemplo fueron la sociedad feudal o la sociedad industrial. Por ello, está dotada de una plasticidad que la hace difícil de predecir en el largo plazo. Las sociedades en que vivimos y viviremos por largo tiempo se definen más por su dinámica, por su cambio, que por su estructura. Si esto es así, la pregunta que surge es: ¿de qué sociedades estamos hablando cuando decimos la sociedad actual?
El primer problema que surge, en consecuencia, es que las sociedades históricas concretas que conocemos, como por ejemplo Chile, Brasil, Argentina, México Colombia, etc., pueden ser pensadas con una confluencia de al menos dos tipos societales: la sociedad industrial del Estado nacional es uno, y el otro, es la que se ha denominado la sociedad postindustrial informatizada y globalizada. Ninguno de estos dos tipos se da de manera pura, porque ambos incorporan elementos del otro tipo.
La sociedad industrial del Estado nación, que fue el actor fundamental en todos nuestros procesos anteriores de integración, tiene como rasgo principal la correspondencia en un determinado espacio territorial, entre un sistema económico, un modelo político, una forma de organización social y una dimensión cultural. Existe una correspondencia entre economía, organización social cultura y política en un espacio determinado, que se llama sociedad. La otra característica es que esta sociedad industrial del Estado nación se constituyó como una sociedad “polis”, lo que significa que tiene un “centro” de toma de decisiones. En esta sociedad, la política en cualquiera de sus formas es la expresión principal de la vida social, lo que es especialmente cierto en sociedades que se construyeron desde el Estado, como son prácticamente todas nuestras sociedades de América Latina.
El otro tipo de sociedad que está presente en nuestras sociedades concretas y que es paralela a la sociedad industrial del Estado nación, es la que se ha denominado la sociedad posindustrial informatizada globalizada. No podemos definir esta sociedad a partir de sus instrumentos, como por ejemplo el Internet. Es muy probable que estemos en un período en que no se la puede definir tampoco por su contenido, ya sea la sociedad de la información o del conocimiento, ni tampoco por algunos rasgos particulares en las relaciones sociales, como sería la sociedad del riesgo, o una sociedad red. Todas ellas están en continúo cambio y nadie puede predecir si estos serán los rasgos predominantes de aquí a 10 o más años.
Para los efectos de los procesos de integración la característica central de este tipo de sociedad consiste en que no hay una correspondencia absoluta entre determinados límites territoriales y un modelo político, una organización social, un modelo económico, una dimensión cultural. Todas estas variables están en distintos grados transnacionalizadas. Por lo tanto, la gran mayoría de los problemas relevantes no pueden resolverse dentro del marco territorial del Estado nación: los problemas del uso de los recursos naturales, del calentamiento global, del medio ambiente, del narcotráfico, de los circuitos financieros, las migraciones, el uso del agua, etc., son todos problemas que no pueden ser resueltos integralmente dentro del espacio del Estado nación. Por otro lado, no hay un solo “centro” como referencia de demanda para sus reivindicaciones, un solo “eje” del cambio social. Existe un estrechamiento de la reducción de la sociedad política, de la “política clásica” que fue el Estado Nacional y que ahora pasa a compartir su rol de centro de decisión, en la esfera pública de referencia para los proyectos de acción colectiva, con el mundo de las comunicaciones, los mercados, las redes interpersonales, las ciudades, la comunidad, etc.
Por tanto, los procesos de integración deben considerar y referirse a estos nuevos ámbitos que interactúan más allá de las fronteras nacionales de los Estados naciones y que constituyen elementos centrales de la articulación de la sociedades contemporáneas latinoamericanas. No habrá integración efectiva sin un compromiso activo de estos actores y ámbitos
Cualquier nuevo impulso a procesos de integración regional tiene que partir del supuesto de una reformulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Se establece, entonces, una posición diferente en el enfrentamiento de los asuntos públicos. Mientras en el pasado se identificaba lo público con lo estatal, en la actualidad se admite un espacio público no estatal, en el cual se establecen diferentes formas de coordinación entre ambos. Un tema central en consecuencia será: ¿cómo potenciar dichas formas?, ¿qué requerimientos se plantean para fortalecerlas y hacerlas sostenibles?, ¿de qué manera se puede cooperar para ello? No basta, por tanto, con establecer mecanismos institucionales solo a nivel de los Estados.
Por otra parte, la presión de la sociedad civil es diversa y plural, es un espacio de acción que es necesario identificar en los procesos de integración. No es un proyecto político propiamente tal. Requiere acuerdos público-privados que cuenten con un protagonismo directo de los actores involucrados en los procesos. Supone poner énfasis en una democracia no solamente representativa, sino también participativa y deliberativa. La deliberación efectiva presupone el razonamiento público entre participantes libres e iguales. Ha sido descrita como una conversación en la que los individuos hablan y se escuchan consecutivamente antes de tomar una decisión colectiva. Las conversaciones deliberativas se sitúan en un punto intermedio entre la negociación que implica intercambiar promesas y amenazas, y el razonamiento que tiene que ver con cuestiones de principio, y de hecho. El objetivo de la discusión, a diferencia de la negociación, es persuadir a otros del valor de las propias opiniones.
Otra dimensión indispensable de considerar tiene que ver con las llamadas integraciones subnacionales. Junto a la tradicional política exterior conducida por el Presidente de la República, es decir, a la política supranacional, ha surgido la política externa subnacional, que otorga un nuevo protagonismo y participación en el entorno internacional a entidades públicas no nacionales, como las regiones, las provincias los Estados, o como entes autónomos que encuentran un campo específico en el ámbito global para complementar la actividad de los gobiernos centrales.
Algunos temas impulsores de estas integraciones subnacionales son: captación de inversión extranjera, el fomento a las exportaciones del producto característico de la región, con énfasis en las pymes, intercambio y cooperación académica, iniciativas turísticas, etc .Es importante también destacar el impulso de corredores bi oceánicos como ejes articuladores para construir cadenas regionales de valor y llegar más eficientemente a terceros mercados, especialmente a los países del Asia Pacífico
