Opinión
Construir una Paz de verdad, implica que el Estado y los privados asuman su responsabilidad, tal como lo señaló hace 21 años el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Y no se trata de recursos fiscales reasignados para financiar obras, sino de construir un compromiso fiscal para sufragar el costo de la Paz. Sí, la Paz no es gratis. Nunca ha sido gratis, en ningún proceso. Y si Chile quiere terminar con las violencias en el sur, la Paz con el pueblo Mapuche tiene un costo. Esto requiere voluntad política y compromiso público a nivel Gobierno-empresas-Congreso-ciudadanía.
Aunque parezca increíble, el viejo dilema qué fue primero, si el huevo o la gallina, tiene siglos de antigüedad. Aristóteles concluyó que primero fue la gallina, “pues el acto precede a la potencia”. Plutarco, más tarde, comparó el dilema con la creación del mundo. Macrobio destacó la trascendencia del problema. Siglos más tarde, Stephen Hawking y Christopher Langan concluyeron que el huevo es antes que la gallina. Langan, incluso, escribió un detallado estudio el 2001, etc. Falaz o no, el dilema aplica a la propuesta por la Paz y el Entendimiento, anunciada en Villarrica por el Presidente Boric hace un par de semanas. Podría entenderse que primero es la Paz y después el Entendimiento. ¿Y si fuese lo contrario? Un materialista histórico podría decir que, entre la Paz y el Entendimiento, hay una “relación estrictamente dialéctica”… Pero, dejemos de lado esto que pudiese resultar un tanto prosaico para algunos lectores.
El tema principal (y volvemos al dilema) es, por de pronto, ¿por dónde empezamos? El conflicto del Estado con el pueblo Mapuche, en particular (acreditado por el informe oficial del Estado de Chile de Verdad Histórica y Nuevo Trato, de hace 21 años) establece que, por una falta de voluntad por parte del Estado para entenderse con el pueblo Mapuche y, en cierto modo, viceversa, la relación entre ambos nunca ha sido totalmente pacífica y por décadas ha prevalecido una tensión que ha ido escalando. Todo, amparado y consumado por el Estado. Resolver la historia de estas violencias tiene una importante prioridad. Y el punto de partida es reconocer y valorar la diversidad que representan los Pueblos Indígenas (PPII), entidades totalmente diferentes en su origen a los colonos e inmigrantes. Por algo, Naciones Unidas y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas acredita a los PPII como “Pueblos” y/o “Primeras Naciones”. España combatió a muerte al pueblo Mapuche por más de 200 años y no logró vencerlo. Incluso, tuvo que firmar –finalmente– un par de tratados reconociendo su condición de tal, lo que el naciente Estado de Chile, después, desconoció.
Al reconocer esta diversidad y, con ello, la calidad de sujetos políticos, habría sido posible un régimen de convivencia adecuada y pacífica con el pueblo Mapuche, pero no. Mirados en menos (indios), la clase oligarca estatal acometió con todo para la conquista de sus territorios simplemente despojándolos primero con la fuerza militar y, luego, por décadas, mediante normas, decretos y leyes inicuas. ¿Paz con los mapuche en estas condiciones?
Los escenarios de “entendimientos” logrados desde mediados del siglo XIX hasta ahora, han sido parciales: la reforma agraria de Frei Montalva abrió una pequeña ventana. La Ley indígena de Allende permitió a los mapuche recuperar un limitado porcentaje de sus tierras comunitarias. La dictadura echó abajo todo aquello. Y una nueva Ley Indígena, en 1993, volvió a abrir algunas ventanas, pero he aquí que el “desarrollo país” ha seguido cobrándoles a los indígenas un alto costo. La Central Ralco entre 1990 y 1997 es la mejor señal de que los indios debían costear el consumo energético de los criollos con compensaciones diferentes, según fuesen indígenas o no. Y los recursos destinados a comprar tierras fueron estrechos hasta el punto en que, hoy, las comunidades acumulan una pesada demanda de recuperación de tierras usurpadas y el Estado, solo, no es capaz de responder a aquello.
Construir una Paz de verdad, implica que el Estado y los privados asuman su responsabilidad tal como lo señaló hace 21 años el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Y no se trata de recursos fiscales reasignados para financiar obras, sino de construir un compromiso fiscal para sufragar el costo de la Paz. Sí, la Paz no es gratis. Nunca ha sido gratis, en ningún proceso. Y si Chile quiere terminar con las violencias en el sur, la Paz con el pueblo Mapuche tiene un costo. Esto requiere voluntad política y compromiso público a nivel Gobierno-empresas-Congreso-ciudadanía.
Este proceso está lleno de “entendimientos” que deben ser construidos y para lo cual hay acumulada una larga historia de documentos, informes y todo tipo de escritos y ensayos. Como dijo el Presidente en Villarrica, “ya no hay nada más que diagnosticar; ahora hay que hacer”. La construcción de entendimientos tiene varios niveles: Gobierno-Autoridades ancestrales del pueblo Mapuche (PM); Gobierno-empresas forestales-PM. Todos los mencionados, más el Congreso (porque habrá que formular leyes de compromiso nacional), además de la comunidad internacional como garante. El entendimiento principal proviene de la relación entre las grandes empresas forestales, hoy “propietarias” de tierras ancestrales, y el pueblo Mapuche, despojado, con el Gobierno como garante.
Ninguno de estos procesos es primero o segundo: son simultáneos. Si todo se abandona en la Comisión por la Paz y el Entendimiento y las demás instituciones quedan como “observadoras”, tenemos un problema. Y no están los tiempos para seguir perdiéndolo. No es que sea “ahora o nunca”. La política –dicen– es muy dinámica. Pero si queremos enfrentar y superar las violencias del sur y sobre todo restablecer confianzas con los Pueblos Indígenas, la ecuación “Paz y Entendimiento” debe ser trabajada con mucha eficacia política.
