Opinión
Como país, esto significa poner sobre la mesa una vez más el desafío de concretar a nivel territorial los nuevos compromisos adquiridos para impulsar un desarrollo nacional realmente ecológico y justo. De hecho, aún debemos avanzar en tareas esenciales, como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas, como ya lo ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente; impulsar proyectos de inversión que incorporen la pertinencia territorial y ecológica; y, por supuesto, aumentar el presupuesto de las Áreas Protegidas.
“El mundo está en una autopista hacia el infierno climático”. Esas fueron las palabras que eligió el secretario general de la ONU, António Guterres, para alentar a los países a aumentar su ambición climática en el seno de la 27° versión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Egipto y conocida como COP27.
Es un balance controvertido pero certero. Año tras año los compromisos climáticos se han dilatado más de lo necesario y esta vez tampoco fue la excepción, pues el documento final se limitó a un llamado a abandonar el carbón y los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles. Si bien estos son avances concretos, se trata de una narrativa aún muy limitada ante las profundas transformaciones que impone la evidente crisis climática y que atestigua el Panel Intergubernamental de cambio climático.
En consecuencia, es muy probable que la dirección que seguimos –la autopista climática que recorremos– mantenga su dirección inercial: según estimaciones de la ONU sobre los compromisos climáticos vigentes, la reducción actual de las emisiones apunta a una disminución del 5% o 10% hacia el 2030, cuando lo necesario para limitar el calentamiento global a 2 °C o 1.5 °C es entre 30% y 45%, respectivamente.
Aun así, cabe destacar el rol desempeñado por nuestro país al coordinar junto a Alemania la discusión sobre “Pérdidas y daños”. Entre los principales logros de esta mesa temática, destaca el anuncio de un fondo para los países más vulnerables. Además, en la reciente COP27, Chile presentó nuevos compromisos climáticos, como la reducción de emisiones de metano y el aumento de la superficie de ecosistemas protegidos. En especial, cabe destacar la incorporación de la Transición Socio-Ecológica Justa como pilar social de las políticas de Estado en la materia.
Como país, esto significa poner sobre la mesa una vez más el desafío de concretar a nivel territorial los nuevos compromisos adquiridos para impulsar un desarrollo nacional realmente ecológico y justo. De hecho, aún debemos avanzar en tareas esenciales, como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la construcción de políticas, como ya lo ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente; impulsar proyectos de inversión que incorporen la pertinencia territorial y ecológica; y, por supuesto, aumentar el presupuesto de las Áreas Protegidas.
En perspectiva, los desafíos son compartidos globalmente y en la última conferencia nuestro país tomó un rol de liderazgo, al encaminarnos en una dirección que busca evitar el destino catastrófico al que nos lleva la actual autopista climática. Lamentablemente, el desempeño nacional se ve opacado ante el balance internacional; la urgencia es clara y los desafíos son crecientes.
