Opinión
En primer lugar, este pacto debiese dar vida a una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años. A diferencia de lo hecho anteriormente, esta Política, si bien debe seguir siendo de iniciativa y responsabilidad del Ejecutivo, en esta oportunidad es preciso que cuente con el respaldo de todos los sectores políticos, al punto de establecerse una vigencia mínima de la misma de, al menos, dos administraciones gubernamentales, sea cual sea su signo. De esto hablamos cuando nos referimos a que la seguridad pública debe ser una política de Estado que transcienda al Gobierno de turno. Lo anterior, permitirá una sana continuidad y evaluación de los planes y programas en ejecución, sin que se haga borrón y cuenta nueva al momento de asumir una nueva administración gubernamental.
El Gobierno del Presidente Boric por intermedio de su ministra del Interior, Carolina Tohá, ha invitado a todas las fuerzas políticas a conversar con miras a alcanzar un acuerdo transversal en seguridad pública, a fin de combatir con mejores herramientas el fenómeno delictual y la criminalidad, principal preocupación y desvelo de quienes viven en el país.
Sin duda, es valorable el llamado a dialogar y alcanzar consensos, como también la temprana respuesta de la mayoría de los sectores políticos frente a este emplazamiento. Lo anterior demuestra la voluntad del Gobierno y del mundo político por hacerse cargo y poner atajo al problema más angustiante para las chilenas y chilenos, como lo son la delincuencia y el crimen organizado.
Ahora bien, es dable preguntar: ¿es viable alcanzar un acuerdo nacional en tiempos de divisiones, conflictos, ataques cruzados, crispación política, y luego de un polarizado proceso constituyente?
Absolutamente.
Por supuesto, para concretar lo anterior, es menester entender que la seguridad pública debemos abordarla como una Política de Estado, como un solo equipo y que el único bando contrario es el de la delincuencia y el crimen organizado.
Fácil es comprender que las cifras delictuales dan cuenta de que el país atraviesa por un complejísimo momento en materia de criminalidad que amerita con creces alcanzar un amplio acuerdo, no porque se evidencie un aumento generalizado de la victimización, la cual según cifras actuales ha registrado una baja, sino porque existe un alza en determinados delitos de alta connotación social, como el homicidio, y un aumento en la violencia y letalidad. En efecto, el último reporte de la Jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, cifra en 413 el número de víctimas de homicidios hasta fines de junio del presente año, y en 434, si se suman los femicidios y parricidios.
Otro objeto de estudio es el uso de las armas de fuego que predomina en las estadísticas como el elemento más usado en la comisión de delitos, registrándose su utilización en el 58,98% del total de casos investigados a la fecha. Mientras que, en el mismo lapso del año anterior, este porcentaje alcanzaba a un 46,76%.
De otra parte, la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) arrojó una preocupante alza en la percepción de inseguridad. De acuerdo a la medición, la percepción de aumento de la delincuencia en el país llegó a 86,9 puntos porcentuales, superando el 84,3 informado el año pasado en este informe. En abono de lo anterior, un reciente estudio de Paz Ciudadana indica que un 28% de los encuestados afirmó vivir con «alto temor», el máximo histórico de la medición. Además, en el 32% de los hogares chilenos algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Cifras nada alentadoras.
Debemos entender que la delincuencia cambió, en el sentido que se ha vuelto más violenta, irracional y letal, siendo imperioso adoptar nuevos instrumentos y medidas que vayan unidos a la construcción de políticas públicas en seguridad que apunten, precisamente, a cortar no solo el camino del delito, sino también la ruta de las armas y de las municiones.
A lo anterior, lamentablemente, debemos añadir el aterrizaje en el país de una serie de bandas criminales y carteles asociados al narcotráfico y a la trata de personas, como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Juárez, cuyos integrantes ya han perpetrado actos criminales asociados a nuevas figuras delictivas importadas, no deseadas, e impensadas hace algunos años en Chile, como el sicariato, los secuestros extorsivos, la explotación sexual, las extorsiones con amenazas, el tráfico de migrantes, decapitaciones, descuartizamientos y asesinatos, entre otros.
De ahí la relevancia de alcanzar un amplio acuerdo en seguridad pública que ponga freno a este complejo momento delictual, siendo clave apurar el tranco, pues el tiempo de los diagnósticos se agotó. Es tiempo de acción.
Resuelto el punto anterior, es pertinente dar respuesta a otra pregunta: ¿cuál debe ser –grosso modo– el contenido de este acuerdo? En otras palabras, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a alcanzar un acuerdo en materia de seguridad pública?
Valga indicar que existen una serie de medidas que, además de necesarias, coherentes y maduras, gozan de un transversal apoyo en el mundo político, policial y académico para ser parte de este acuerdo nacional. Tales iniciativas se focalizan esencialmente en robustecer la institucionalidad pública, adecuar el marco regulatorio y fortalecer la gestión policial para abordar el flagelo delictual, pero en ningún caso guardan relación con abrazar tipologías del populismo penal, como el aumento efectista de penas. Debemos ser capaces de distinguir una agenda legislativa que conlleva una política criminal seria, de aquella que cada cierto tiempo impulsan retóricamente agentes políticos que explotan los temores y las insatisfacciones sociales como la inseguridad, ofreciendo modificaciones normativas mágicas, efectistas y de dudosa eficacia, en aras de endurecer el tratamiento y las penas a los implicados en la comisión de delitos –léase: el ofertón de mano dura–, a cambio de garantizarse la popularidad o la elegibilidad del tribuno que la impulsa. Qué bien le haría a Chile erradicar el populismo punitivo.
Volvamos al contenido del Acuerdo.
1. En primer lugar, este pacto debiese dar vida a una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años. A diferencia de lo hecho anteriormente, esta Política, si bien debe seguir siendo de iniciativa y responsabilidad del Ejecutivo, en esta oportunidad es preciso que cuente con el respaldo de todos los sectores políticos, al punto de establecerse una vigencia mínima de la misma de, al menos, dos administraciones gubernamentales, sea cual sea su signo. De esto hablamos cuando nos referimos a que la seguridad pública debe ser una política de Estado que transcienda al Gobierno de turno. Lo anterior, permitirá una sana continuidad y evaluación de los planes y programas en ejecución, sin que se haga borrón y cuenta nueva al momento de asumir una nueva administración gubernamental.
2. En segundo término, es clave aprobar el proyecto de ley, en actual tramitación parlamentaria, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, cuya dedicación va a estar 100 % enfocada en la generación e implementación de políticas públicas en materias de seguridad, así como avanzar en mayor coordinación con las policías y por mejorar su gestión. Además, se podrá concretar la real dependencia política y técnica de ambas policías a un ministerio enfocado esencialmente en la lucha contra el delito y el crimen organizado, lo que a su vez posibilitará un mayor control y evaluación de la gestión policial y gubernamental. En esta línea, es fundamental dotar al Estado de una autoridad que pueda aspirar a tener una política de seguridad más técnica, menos politizada, con indicadores de gestión, con equipos profesionales calificados, que puedan llevar adelante la conducción de la referida política en el tiempo y, por consiguiente, obtener los resultados esperados.
3. Además, urge aprobar una nueva legislación penal en materia de delincuencia y crimen organizado, en actual discusión en el Senado. Efectivamente, es clave sancionar un marco jurídico que permita perseguir penalmente y con mejores herramientas a bandas criminales y carteles que vienen llegando al país, y cuyo accionar delictivo ha generado un aumento en la criminalidad, mayor violencia e inseguridad en la comunidad.
Es altamente valorable el abnegado y valiente trabajo que realizan día a día las Fiscalías Regionales para desarticular y poner tras las rejas a quienes integran dichas bandas, resultando urgente y prioritario brindarles un nuevo estatuto para combatirlas. Los fiscales y sus equipos persecutores requieren desplegar nuevas técnicas especiales de investigación, y que su alcance y sus efectos se extiendan a todos los casos de criminalidad organizada.
Nuestra legislación penal ha envejecido, qué duda cabe; por ello, se torna esencial modernizar el tipo penal del delito de asociación ilícita (Código Penal) que actualmente regula “las asociaciones ilícitas”, por uno más amplio y moderno, que regule “las asociaciones delictivas y criminales”. Es el momento de crear estos nuevos tipos penales, a fin de actualizar lo que hoy día constituye una asociación criminal, esto es, lo que en la doctrina internacional se conoce como: toda organización formada por 3 o más personas que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes; sancionándose la participación en estas con presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a cinco años).
A mayor extensión, también es el momento de regular el comiso de las ganancias y disponer que por ganancias obtenidas se comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica.
De igual modo, resulta imperioso establecer nuevas medidas especiales de investigación, siendo esencial reformular la procedencia de la medida de interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas, disponiendo que ellas serán procedentes cuando existan indicios suficientes –y ya no “fundadas sospechas, basadas en hechos determinados”, como se exige actualmente– de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión. Finalmente, es hora de regular de mejor forma algunas medidas intrusivas referidas a las comunicaciones, imágenes y sonidos, y al registro de equipos informáticos, en los casos de delitos cometidos por organizaciones criminales, a fin de establecer la participación y la acreditación del hecho punible.
De la mano del nuevo marco normativo, es imprescindible que el Gobierno culmine y ponga en práctica la nueva Política Nacional contra el Crimen Organizado, a fin de seguir combatiendo estas asociaciones, confiscando sus bienes de capital y destruyendo su logística. Para ello, también es esencial aprobar el proyecto de ley de inteligencia que duerme el sueño de los justos en el Parlamento, y fortalecer el sistema de inteligencia financiera para perseguir el lavado de activos, principal mecanismo de reinversión de utilidades fruto de la actividad delictual.
En el plano operativo y de coordinación intersectorial, será necesario evaluar el establecimiento de una fuerza de tarea conjunta y multidisciplinar comandada por fiscales a cargo o con dedicación exclusiva, e integrada operativamente por Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, el SII, el SAG, la ANI y la UAF, y todos ellos en coordinación con el Gobierno a través del futuro Ministerio de Seguridad Publica, para combatir frontalmente el crimen organizado. Por cierto que esto involucra cuantiosos recursos, pero la explosión de la criminalidad por la que atraviesa el país lo amerita con creces. No debemos bajar los brazos, la Fiscalía de Arica, gracias a un trabajo meticuloso y valiente contra el crimen organizado, ha obtenido resultados exitosos que nos deben animar a fortalecer la labor realizada. Lo mismo respecto de las fiscalías de Tarapacá y de Aysén, que han desbaratado, en las últimas semanas, importantes bandas dedicadas a la trata de personas y al narcotráfico. Especial reconocimiento merece el trabajo de la Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo del fiscal Héctor Barros, cuya labor en el año 2021 registró un aumento del 137% en los decomisos de droga en la Región Metropolitana en relación con el año 2020, periodo en el cual 3.760 personas fueron formalizadas por tráfico de drogas, y en cuanto a dineros incautados el año 2021, estos superaron los mil quinientos millones de pesos en efectivo.
Por otra parte, especial atención debiésemos poner sobre el delito de secuestro, el cual históricamente había estado circunscrito en nuestro país al narcotráfico, a través de la narcoextorsión y el narcosecuestro, pero que, lamentablemente, empieza a evidenciar una extensión hacia otros segmentos de la sociedad, lo que hace urgente que, además de las medidas aludidas, relativas al fortalecimiento de las policías y del sistema penal, debieran revisarse otras normas e instituciones que pudieran tener incidencia en la información que las bandas recaban sobre sus posibles víctimas. Por ello, se torna necesario hacer aún más estrictas leyes, tales como de protección de datos y de ciberseguridad. No olvidemos que, hace muy poco, fue secuestrado un escolta presidencial, lo que no es tolerable. No se trata de retroceder en materia de transparencia –activa– sino de exigir que la información sensible de autoridades públicas o de personas expuestas, no fluya libremente por la web sin un mínimo de exigencias para su captura o acceso.
4. Otra pieza clave del acuerdo transversal dice relación con introducir modificaciones al marco jurídico de Carabineros de Chile, siempre en el sentido de reforzar su accionar. Es dable reconocer el acierto que significó la entrada en vigencia este año de la Ley 21.427 , que vino a modernizar y establecer un nuevo sistema de gestión en materias operativas, administrativas, financieras y de rendiciones de cuentas de Carabineros a la autoridad y a la ciudadanía. Sin embargo, aún faltan determinados cambios para volver a sintonizar a Carabineros con la ciudadanía en su rol insustituible de policía preventiva y comunitaria. Sin duda, es importante concluir en este Gobierno la reforma a Carabineros, pues no es sano que este proceso se naturalice y se extienda en el tiempo, ya por dos administraciones gubernamentales. Por lo demás, es un hecho indubitado que en los últimos meses Carabineros se ha vuelto a reposicionar en las encuestas, ocupando los primeros lugares de aprobación ciudadana, situación que no ocurría hace mucho tiempo, producto de casos que golpearon fuertemente la imagen de la institución policial, como el caso Fraude, la Operación Huracán, el caso Catrillanca y luego los excesos y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social.
¿Qué falta para concluir la reforma a Carabineros? Se debe avanzar en el rediseño y especialización de sus escalafones y funciones policiales asociadas. Es clave que Carabineros asuma el desafío de desarrollar nuevos indicadores de su labor policial y someta a revisión tanto sus estrategias policiales como sus indicadores de efectividad, todo a fin de alcanzar y demostrar científicamente la eficacia policial. Por otra parte, y en el plano normativo, se deben tipificar con total nitidez las funciones preventivas que quedarán bajo la competencia de Carabineros, así como, las menos, de carácter investigativo que se determine conservar en su poder. Si esas funciones no están claras, ¿cómo se le puede exigir a Carabineros que las ejecute y las cumpla de buena forma? Ahora es cuando debe quedar nítida la frontera que la separará de la PDI, lo que implica introducir cambios en nuestro sistema procesal penal, consagrando que de aquí en adelante la Fiscalía solo investigará con la PDI y Carabineros se abocará a su rol de policía preventiva. Sin duda, concretar una medida como esta, requiere fortalecer institucionalmente a la Policía de Investigaciones, tanto en recursos humanos, materiales y logísticos, para desarrollar su labor adecuadamente de manera estandarizada en todo el territorio de la República.
Es fundamental actualizar los protocolos de actuación en materia de control de orden público, en dos vertientes, primero, la actuación policial y el uso racional y legítimo de la fuerza, y por otra parte, el irrestricto respeto al derecho de reunión y el mantenimiento del Orden Público.
Un Estado de Derecho requiere de unas policías eficaces, legitimadas y respetuosas del derecho, todo lo cual les otorga la anhelada licencia social para desplegar su rol de policía preventiva y comunitaria.
5. Otro aspecto que no debiese estar ausente del acuerdo, dice relación con el control de armas, materia en la cual se debe avanzar fortaleciendo su persecución penal; la fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés. En lo que se refiere a las armas del Estado, es clave que cada rama de las instituciones armadas digitalice y actualice el registro de las armas y municiones a su cargo, además de efectuar una revisión y actualización de los protocolos de cautela y de eliminación de armas.
6. Por su parte, el mundo municipal ha pedido la palabra y ser incluido en el acuerdo, solicitando en lo medular que se introduzcan modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades, con el fin de fortalecer el rol de los municipios en seguridad. Los resultados de las últimas encuestas llevadas a cabo por la Asociación Chilena de Municipalidades, dan cuenta del anhelo de mayor seguridad en la población y de un abierto apoyo a los servicios comunales de seguridad. De ahí que sea importante dotar a los municipios de mayores medios en lo que dice relación con el despliegue territorial comunal y la protección del personal que realiza esa delicada labor, que apoya y complementa el trabajo de Carabineros y de la PDI. Pero, cuidado, no se trata de instalar una suerte de policía municipal paralela a Carabineros o la PDI, porque esto significaría de cierto modo privatizar la seguridad a nivel comunal o hacer depender o indexar su eficacia al nivel de recursos que disponga cada municipio, en circunstancias que, además, hablamos de una función indelegable del Estado y que se encuentra radicada en sus policías.
Así las cosas, contribuye sustancialmente a que se alcance este acuerdo por la seguridad el hecho de que el diálogo esté bajo la conducción de las ministras Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, a todas luces mujeres de Estado, de mirada amplia, con capacidad de escucha y densidad política, que además poseen la debida experiencia y sobradas capacidades para sacar adelante el acuerdo que el país demanda y merece.
Es dable preguntar: ¿qué es la política sin el diálogo? Willy Brandt intentaba dar respuesta a esta pregunta aseverando: “No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia”.
La democracia no se basa solo en reglas y leyes; se basa en la buena fe, la convergencia y la confianza. Es el momento de pensar en Chile, de alcanzar un acuerdo nacional, y hacer de la seguridad pública una verdadera Política de Estado.
