Rodrigo Mundaca: “Cuando pedimos un Estado descentralizado chocamos con los mismos que quieren mantener sus cuotas de poder»

Hace ya un par de meses que el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera (61), tras recibir amenazas de muerte, se desplaza con una cápsula de seguridad adondequiera que vaya. Sin embargo, “a veces se escapa” para recorrer su barrio en Playa Ancha, hacer compras, conversar y saludar a los vecinos y –algo que, con cierto pudor, dice que le gusta– recibir los “buenos días, señor gobernador” de la guardia del Museo Marítimo Nacional, que está cerca de su casa.

Con docenas de querellas en el cuerpo, hoy le preocupa el fallo del Tribunal Constitucional (TC) –que está por salir– que lo podría desaforar de su cargo y llevar ante tribunales por “injurias con publicidad”, en el marco de una querella presentada por un exministro (Antonio Walker) de Sebastián Piñera. “No podría resistir un segundo juicio condenatorio para cumplirlo en libertad (antes fue condenado a un año de firma mensual y una multa de 3 UTM por una causa de 2012). Cuando era vocero nacional de Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) denuncié, durante el Gobierno anterior, a un ministro que tenía propiedad de aguas e intervenía en el debate público para mantener el régimen político privado de aguas. A los pocos meses de asumir el Gobierno Regional presentaron una querella por injurias. Ganamos en la Corte de Apelaciones de Santiago 23/7 y ahora estamos esperando el fallo del TC. He estado criminalizado durante todo este periodo. La institucionalidad jurídica intenta acallarme. Ha sido difícil, un desdoblarse y hacer como que todo está bien, pero estoy preocupado de cómo van a fallar, ha sido un trastorno grande”, expresa.

Aprovechando su viaje a Santiago conversamos en un café cerca de La Moneda, minutos después de reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Una reunión de la Agorechi (Asociación de Gobernadores Regionales de Chile), donde también participaron los gobernadores de Los Lagos, Patricio Vallespín; del Biobío, Rodrigo Díaz; y de Magallanes, Jorge Flies. Una conversación intensa que trató sobre descentralización, rentas y seguridad.

“Planteamos la necesidad de estar dotados de mayores atribuciones para abordar la multiplicidad de problemáticas que tenemos en nuestros territorios. Señalamos con mucha fuerza que las y los gobernadores de Chile fuimos destinados, hace más de un año, y hemos gastado más de 300 mil millones de pesos en seguridad. En Valparaíso, por ejemplo, hemos invertido más de 25 mil millones en adquisición de vehículos policiales, de vehículos artillados para el combate del narcotráfico, sistemas de televigilancia, reparación de módulos en la cárcel, etc. Tenemos iniciativa presupuestaria, pero nada de competencia. El Consejo Regional financia proyectos presentados por servicios públicos e instituciones”, detalla.

-¿Cómo les fue con la ministra?
-Tenemos buenas noticias. Primero, porque nos escuchamos y porque se resolvió que en diciembre deberíamos tener un gran acuerdo nacional por la seguridad y combate del crimen organizado desde los Gobiernos Regionales y el Gobierno Central. Eso significa que nos doten de ciertas competencias para abordar la situación delictual en nuestras regiones. Y a fines de enero deberíamos fraguar un acuerdo nacional por un nuevo modelo de descentralización. Lo que pasa básicamente por terminar con la figura de la Delegación Regional Presidencial. La ministra Tohá acaba de ratificar que ese proyecto de ley lo va a mandar. Además de comprometer que enviará una Ley de Rentas Regionales para tener descentralización también en lo fiscal.

-La figura de Delegación Presidencial ha sido punto de conflicto desde que asumieron los gobernadores en julio de 2021.
-Hemos insistido en terminar con la duplicidad de autoridades. Los Gobiernos Regionales deben tener la prerrogativa de gobernar y no solo administrar, porque somos el gobierno en el territorio. Para ello, debemos tener la posibilidad de impulsar empresas públicas, capacidad de endeudamiento, que los servicios públicos dependan directamente del gobernador regional. Con mucha fuerza también planteamos la necesidad de que se reconozca que somos autoridades democráticas, subnacionales y, por lo tanto, dejamos de ser la figura de los intendentes designados por los gobiernos, que cuando se portaban mal los sacaban del cargo. El proceso de descentralización en Chile ha durado casi 50 años: en dictadura, en 1974, se crearon las regiones; en 1993, los Gobiernos Regionales; y el 2021, recién, se escogieron los gobernadores.

-¿Por qué se ha dado tan lento?
-Es un proceso de redistribución del poder y a nadie le gusta ceder poder, más hoy cuando hay gobernadores que tienen un caudal electoral que supera el de cualquier parlamentario en ejercicio. Es un proceso muy a la chilena, que viene con un freno de mano puesto, pero que no tiene vuelta atrás. Hoy todos los seremis, directores de servicios, ministros, pasan por los Gobiernos Regionales a pedir apoyo a sus iniciativas. Es un rol insustituible. Lo ideal es que la Delegación Presidencial se pudiera transformar en una Secretaría Regional del futuro Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo.

-¿Hay apoyo en el Congreso para ello?
-La ministra dijo que en materia de Ley de Rentas le iban a poner mucho empeño, que lo impulsarán con mucha fuerza. Les quiero creer. Y sin duda que habrá materias, que son de ley, que van a requerir de acuerdos y esperamos que los parlamentarios que cacarean que están con el proceso de descentralización cumplan.

-¿Por qué la duda?
-Tengo la sensación de que hay algunos parlamentarios que nos ven como una amenaza en términos electorales, porque efectivamente el caudal electoral que tenemos varios gobernadores excede con creces el que tienen algunos senadores y diputados en ejercicio. En política nadie te entrega el poder si no te lo has ganado con mucho coraje y esfuerzo.

-El Presidente Boric se había comprometido a enviar la ley que finaliza con las Delegaciones Presidenciales durante los primeros 100 días de gobierno. Hace rato venció ese plazo.
-Claro. Personalmente he estado en una discusión muy intensa con el Gobierno. Lo que hace la ministra Tohá ahora es ratificar el compromiso del Gobierno de mandar un proyecto de ley para terminar con la Delegación Presidencial, además de una Ley de Rentas Regionales para impulsar la descentralización fiscal efectiva. Es un nuevo diálogo con el Gobierno, de respeto recíproco. Una señal muy importante.

-¿Ha faltado respeto en estos ocho meses?
-Más que irrespeto, ha habido –de parte de algunos sectores– falta de comprensión sobre la importancia que tiene la descentralización en Chile.

-¿Cómo es eso?
-Por ejemplo, a veces llegan ministros a las regiones sin informar ni reunirse con la máxima autoridad. Lo digo sin pretensión, pero los gobernadores somos la máxima autoridad elegida. Pasan esas descoordinaciones y después sus subalternos llegan al Gobierno Regional a pedir recursos precisamente para materializar un proyecto que les pidió el ministro. Esa falta de comprensión debe corregirse, porque la autoridad tiene que acostumbrarse a dialogar con quienes fuimos elegidos democráticamente.

-A usted le ha tocado ejercer en dos administraciones diferentes. Con el cambio de Gobierno, ¿varió el diálogo?
-Llevamos más de 8 meses y el Gobierno actual continúa instalándose. Hemos pedido que apure la designación de autoridades en algunos servicios. Por ejemplo, en Valparaíso todavía no tenemos los directores de Servicios de Salud, faltan los del Minvu, los del Indap. Ha habido un tardanza por parte del Gobierno Central en designar el Ejecutivo Regional. Pero esta relación de unidad y lucha de la Agorechi ha hecho que, cada vez más y con mayor certeza, el Gobierno Central comprenda que los gobernadores y gobernadoras regionales no somos una filial decorativa, sino que una instancia relevante para el desarrollo de nuestras regiones.

-Han tenido que ganarse el puesto.
-No hay ninguna disputa de poder que no requiera de energía. Y tenemos mucha energía para seguir en ello.

-¿Por eso se organizaron?
-Creamos Agorechi, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, que en este primer periodo la preside el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín; a partir del 19 de enero la presidirá el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, y el tercer periodo me toca a mí. Nos dimos una orgánica de conducción colectiva y estamos permanentemente en contacto. Porque los temas de descentralización en lo político, lo administrativo y lo fiscal son el nudo gordiano que tenemos con el Gobierno Central.

Y agrega que como gobernador, esté o no entre sus atribuciones, termina involucrándose en todas las problemáticas de la región: “El paro de camioneros, que es de Seguridad Interior, las demandas de los trabajadores de la salud, de los pescadores artesanales, los pobladores sin casa, la mesa de trabajadores del sector público… Es insoslayable que la comunidad vea en nosotros un espacio de escucha y que intenta resolver conflictos y problemas. Como Gobierno Regional hemos destinado 40 mil millones de pesos en los próximos tres años a un convenio que firmamos con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el barrio y la vivienda digna. Tengo esa disposición, pero ninguna competencia en la construcción de viviendas, por ejemplo”.

-La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), que por primera vez fue presidida por usted, rechazó cinco solicitudes de concesiones marítimas de empresas de las comunas de Puchuncaví y Quintero.
-Rechazamos todas las concesiones porque hoy en el instrumento de ordenamiento territorial en estudio no tenemos zonificación del borde costero. Ese territorio no resiste más carga ni sufrimiento ambiental. Hay empresas que piden seguir derramando RILes (Residuos Industriales Líquidos) al mar, que buscaban mayor capacidad de carga y descarga. Ahora, la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas es la que se tiene que pronunciar. Si el Gobierno lo hace a favor, se aumentará el sacrificio ambiental, pero prevalece la opinión central.

Activista por el agua

Mundaca habla pausada y amablemente. Lleva tres pulseras, dos de ellas de ojo de tigre, una piedra considerada protectora. Y tiene una doble faz: la de duro militante por el medioambiente que ha enfrentado al poder y la otra que lleva un protector de pantalla con “la jefa”, el apodo de su gata Rayén, quien en segundos le cambia el semblante y el ánimo. Vive con ella y desde hace poco se les unió el gato Nico. A su familia prefiere protegerla dejándola fuera de las entrevistas, pues durante la campaña para gobernador una de sus hijas y su expareja recibieron amenazas.

Es ingeniero agrónomo de profesión y militante del agua por convicción. Sigue marchando y trabajando ad honorem, los fines de semana, junto al Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), del que fue vocero nacional durante 11 años. Por ese compromiso, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg en 2018, y en 2019 el premio Danielle Mitterrand en Francia.

En marzo de 2020, Modatima tomó la decisión de disputar espacios de poder y, con ello, el proceso constituyente y también al cargo de gobernador regional. “Yo quería ser candidato a constituyente, creo que tenía argumentos para estar en ese proceso. Sin embargo, la mayoría dentro de la organización dijo que tenía que ir por la Gobernación Regional. Y yo soy disciplinado”, cuenta.

Como movimiento encontraron un cupo político en el Frente Amplio. Disputaron la primaria y, aunque eran el pariente pobre, se transformaron en la carta del pacto Apruebo Dignidad y luego ganaron la elección con la primera mayoría proporcional del país.

Hoy, con distancia, Mundaca dice que entendió tempranamente que podía hacer un aporte “poniendo la institucionalidad al servicio de nuestras comunidades. A la lucha por el agua, le sumé la lucha por la vivienda, por la salud, el transporte, la educación, las disidencias, las diversidades y los migrantes”.

El 14 de julio de 2021, asumió como el primer gobernador de la Región de Valparaíso elegido democráticamente, y se instaló, junto a 12 funcionarios, en un ala del piso 6 de la ex Intendencia. “Éramos 13 compañeras y compañeros compartiendo un baño. Después nos arrendaron un departamento mientras nos reparaban el lugar. Cuando volvimos, ya estaba en ejercicio Gabriel Boric y tomamos la decisión de recuperar terreno. Aprovechando que se instaló la delegada presidencial en el piso 19 y después de tener un par de discusiones agrias, hoy estamos instalados allí. En los pisos 16, 17 y 18 está la Delegación Regional Presidencial. De ahí para abajo se ubican las reparaciones del Gobierno Regional», relata.

-En términos de espacio están reorganizados.
-Batallamos muy intensamente –fue una batalla factual– y ya recuperamos gran parte del edificio (sonríe). Estamos donde estaban los antiguos intendentes designados. La gente no entendía que disputáramos el espacio físico, pero sí tenía un valor simbólico, porque se trataba de definir dónde se instalaba la autoridad democrática electa por la población. Saqué 300 mil votos, proporcionalmente la primera mayoría del país, y no tenía dónde ejercer el cargo. Ha sido una instalación larga. Pero nuestras discrepancias son públicas, no he eludido el debate con nadie.

Y como ejemplo agrega que, concluida la reunión con la ministra Tohá, le entregó una carta firmada por 741 organizaciones socioambientales del país y por cientos de personalidades de la vida pública.

“Le solicitamos al Presidente Boric que no ratifique el TPP11. Porque significa hipotecar la escasa soberanía que tiene el pueblo de Chile ante empresas transnacionales. Por ejemplo, que en materia de recuperación del agua, al ver amenazados sus intereses, puedan concurrir a tribunales internacionales y demandar al Gobierno de Chile ante tribunales supranacionales que trasgreden las fronteras jurídicas del país”, señala.

-A pesar de su cargo mantiene su militancia medioambientalista.
-Claro. Las actividades las hago en tiempo libre. Y puedo opinar, por ejemplo, que me parece curioso que el Consejo de Ministros haya rechazado las reclamaciones en torno a Anglo American y del Alto Maipo; incluso hoy se interpuso un reclamo de la abogada Alejandra Donoso por el Alto Maipo y simplemente se rechazó. Esos son proyectos extractivistas que hipotecan el acceso a bienes naturales como el agua. También me parece curioso que en la discusión presupuestaria no hubiese recursos para protección de humedales.

Pero también reconoce lo que le parece un avance, como el Consejo de Cuenca, impulsado por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“Significa una nueva organización de aguas donde la titularidad de una acción de agua o de un litro por segundo no será obstáculo para que la ciudadanía opine sobre qué hacer con el agua de sus territorios. Hoy tenemos 16 cuencas pilotos para impulsar estos consejos. Tengo una mirada crítica en cuanto a algunas decisiones que se toman en materia ambiental, pero objetivamente coopero en aquellas cuestiones que me hacen sentido, especialmente en materia de agua. Estoy muy vivo y presente en ese debate”, aclara.

-Igual compró camiones aljibes, ¿contradicción?
-Tuvimos que levantar una licitación para comprar 52 camiones aljibes antes del proceso plebiscitario y los entregamos en marzo-abril de este año, porque todos los alcaldes y alcaldesas nos pedían repartir agua. ¡Imagínate lo que significa para alguien de Modatima salir a comprar camiones aljibes, nos criticaron muchísimo! Y la verdad es que sé que no es una solución estructural, pero qué hacer cuando hay territorios sin agua. También levantamos una política hídrica de gobernanza donde estamos identificando nuevas fuentes de agua, impulsando una planta piloto de desalinización de agua de mar, armando mesas de agua para que las comunidades se pongan de acuerdo.

La derrota de los nadies y el nuevo proceso constituyente

Hace pocos días, Rodrigo Mundaca lanzó La hora de los nadie, un compilado de varios textos que escribió durante su ejercicio como vocero nacional de Modatima. “El texto que da nombre al libro, lo escribí después de ganar la Gobernación en mayo de 2021 y es la cita de Eduardo Galeano, de Los nadies”. Toma aliento y recita parte del poema del escritor uruguayo: “(…) Los nadies: los hijos de nadie,/ los dueños de nada./ Los nadies: los ningunos, los ninguneados (…) Que no son, aunque sean./ Que no hablan idiomas, sino dialectos./ Que no son seres humanos, sino recursos humanos…”.

Con este ejemplar busca resumir lo que ha sido su vida como activista. “Cuando lo escribí, me acordé del 2012, del 2014, cuando me llevaron 24 veces a tribunales, cuando me condenaron, cuando nuestro movimiento sufrió, y más tarde, cuando nuestras constituyentes fueron amenazadas… es un texto inspirado en los nadies… porque sigo perteneciendo a ese segmento. Hoy la institucionalidad no se adecua a interactuar con los nadies, un porcentaje no logra comprender que los nadies llegamos para quedarnos. Hoy, por ejemplo, echo de menos que no haya dirigentes del movimiento social en el gabinete presidencial, porque, cuando se sale a campaña, ¿a dónde van a buscar los votos? A los movimientos sociales, van a buscar a los nadies”, recalca.

-¿Cómo explica que los nadies rechazaran una propuesta de Constitución medioambientalista?
-Estamos muy orgullosos de nuestros 8 constituyentes. Son responsables en parte de haber plasmado en esa propuesta el agua como un bien común, un derecho humano, el haber hablado de la naturaleza como sujeto de derecho, etc. Hoy todavía se procesan las causas de la derrota del 4 de septiembre. Probablemente se cometieron muchos errores. Hace una semana  y media estuve con Pepe Mujica. Me invitaron en el marco de los 18 años de la recuperación del agua como bien común y derecho humano en Uruguay –lo hicieron votando un plebiscito–. El expresidente es agrónomo también, aunque se declara chacrero. Estuve en su chacra y, con la sencillez que tiene, hablamos de los desafíos de la humanidad, las preocupaciones por la naturaleza, el cambio climático, el rol de China. Y cuando llegó el turno de Chile, fue difícil explicarle cómo fuimos derrotados. “Era una lista de demandas interminables y no se concentraron en lo prioritario”, me dijo.

-El tema medioambiental parecía bien instalado, ¿cómo se retoma ahora?
-Aunque el tema del agua quedó muy instalado en la opinión pública, hay que volver a empezar, no podemos quedarnos impávidos ante las necesidades de las comunidades. Hoy se puso cuesta arriba la batalla porque el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso para considerar el agua como un bien común y derecho humano y restituir la propiedad, pero eso no significa que como movimiento vayamos a dejar de batallar.

-Petorca rechazó la propuesta de Constitución, ¿cómo enfrentó ese momento?
-Viví allí 24 años, me movilicé por el agua, fui preso por aquello, fui el único dirigente socioambiental criminalizado por denunciar a un personaje que tenía malas prácticas en materia de aguas. Me agredieron, fui amenazado de muerte, Amnistía Internacional tuvo que levantar una campaña mundial para que no me mataran en Chile y… por todo eso, desconozco el lugar que habito.

-Un fuerte golpe personal
-Más de alguna lágrima derramé, lloré esa noche. Me dolió muchísimo. Creo que a todos los luchadores medioambientales nos quedó grabado ese día a fuego eterno en nuestra memoria.

-¿Y esas poblaciones ya no exigen agua?
-Curiosamente después del plebiscito siguen llegando peticiones, pidiendo que nos pongamos al frente. Sigue todo como antes en materia de aguas. Tenemos mesas de agua en todo el Aconcagua… en Quillota, Petorca, San Antonio, estamos impulsando una política de sustentabilidad en materia hídrica, ahora desde la Gobernación.

-¿Cómo evalúa el actual funcionamiento del proceso constituyente?
-Declaraciones como las del senador Moreira que dice que ellos son el poder constituido, por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de que haya un órgano elegido, porque va a ser el propio Parlamento el que va a definir los bordes constitucionales, da cuenta efectivamente de las causas por las que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Parte de la masiva movilización tuvo que ver con las formas convencionales y conservadoras de hacer política. Hoy, esa situación se replica, porque aquellos que son causa de esa movilización vuelven a incurrir en las mismas prácticas. Porque tienen secuestrado el proceso constituyente. Así no hay ninguna garantía ciudadana de que haya un nuevo proceso constituyente con un órgano 100% elegido. Incluso podría ser causante de una masiva movilización nuevamente. No logran dimensionar aquello. Todo porque un porcentaje de la casta política quiere seguir manteniendo sus privilegios.

-Dilatación del proceso…
-El proceso constituyente está secuestrado por un porcentaje de la casta política que no quiere perder sus privilegios. Y que desea definir un proceso desde bordes que no toquen la propiedad privada de derechos sociales ni de bienes naturales comunes, entre ellos, el agua. Y eso hay que denunciarlo permanentemente. Es una tarea que tenemos los gobernadores regionales, porque está anidado en el proceso de descentralización. Cuando decimos «queremos tener un Estado descentralizado, honesto», chocamos con los mismos que quieren mantener sus cuotas de poder y, por tanto, seguir manteniendo con freno de mano el proceso de descentralización cuando de iniciativas de ley se trata. Es bien vergonzosa la conducta, pero también nos ha faltado fuerza, desde el mundo popular, para denunciar esta conducta que tiene un porcentaje de la casta política que quiere mantener sus privilegios.

-¿Dónde está el movimiento social ahora?
-Después de todas las elecciones que habíamos tenido, hay un componente que no logró ser bien dimensionado: el voto obligatorio. Cuatro millones de electores nuevos. También había una suerte de complacencia de los sectores populares que señalaron: “No importa que aumente el padrón electoral, si esos van a votar por nosotros”, y resulta que los 4 millones nuevos prácticamente votaron por el Rechazo. Hay que volver a construir mayorías sociales y políticas que pongan en el centro la elaboración de una Carta jurídica distinta a la que tenemos desde la dictadura. Claro que se cometieron errores en el proceso constituyente, pero sin duda la Carta que se le ofrendó al pueblo de Chile ponía en el centro la recuperación de nuestros derechos, la regulación de los bienes naturales comunes. Ese sigue siendo el piso para seguir debatiendo. ¿Cómo te explicas que en Galvarino el 71% votara Rechazo o en Tirúa el 70% rechazara? ¿Cómo es posible que en los territorios con pueblos originarios votaran mayoritariamente por el Rechazo? Eso quiere decir que aquellas demandas que históricamente reivindicamos no estaban lo suficientemente instaladas en el imaginario colectivo e individual de quienes votaron y, por tanto, ahí hay un trabajo que hacer.

-¿Mea culpa?
-Creo que escuchamos poco, pensamos que nuestras propuestas iban a calar y hacer sentido en el pueblo sencillo. Hay que volver a remar, pero con la perspectiva de construir una mayoría social y política que comprenda la importancia de los cambios que hay que realizar en nuestro país para poner en el centro el ejercicio de la democracia. Lo que no puede ocurrir hoy es que nos adecuemos a este secuestro que hace la casta política de la discusión constituyente.

-¿Cómo se libera el proceso que dice está secuestrado?
-Se reclama cuando existe un 62% que votó Rechazo y los sectores más conservadores de la sociedad intentan apoderarse de él, ergo, la derecha. Ese porcentaje no les pertenece. Esos 4 millones que entraron a votar obligados y que no se sentían representados, son los mismos que siguen demandando acceso a la vivienda, al agua, a la salud, a barrios dignos… Entonces, es importante instalar este debate. Decir que el proceso constituyente está secuestrado por los mismos que motivaron la movilización del 18 de octubre de 2019.

-¿El Gobierno debería cumplir un rol ahí?
-El Gobierno tiene dos almas: el pacto Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, por lo tanto, los parlamentarios que son el soporte político e ideológico del Gobierno deben jugar un rol importante. Los sectores progresistas del Congreso, dentro de Apruebo Dignidad en general, tienen que batallar con más energía y no darse por vencidos. No decir “bueno, no están las condiciones para tener un órgano 100% elegido, entonces veámonos un órgano mixto”. Es importante levantar la voz, es peligroso guardar silencio. De mantenerse esta situación, las movilizaciones van a seguir manteniéndose y probablemente van a crecer por la incapacidad que tienen los sectores progresistas en el Congreso de imponerse. Más allá de que no haya mayorías parlamentarias, hay un tema político, ético-moral que hay que defender. No hay ninguna posibilidad de elaborar una nueva Constitución que tenga legitimidad democrática soslayando el rol de la ciudadanía.

Cuenta que como gobernador regional ha vuelto a los lugares donde perdió el Apruebo.

“La semana pasada tuve una audiencia vecinal en Petorca, porque también hemos cambiado la forma de relacionarnos, abrimos la posibilidad de audiencias vecinales. En la última llegaron más de cien personas, fuimos a contar lo que estamos haciendo, pero también a escuchar, para formular políticas públicas desde las necesidades reales. Esta semana iremos a Cartagena”, detalla.

-En esos encuentros a los que va, ¿qué dice la gente?
-Necesidad de vivienda, de agua, de transporte y movilidad, recuperación de espacios públicos, seguridad, medioambiente… Me pasa que los escucho y pienso: “Ups, ¡¿qué paso aquí?! Dan ganas de decirles: hubo una propuesta constitucional que hablaba de regular estos derechos y hoy en esta audiencia me estás hablando que necesitas acceso a todo eso…”. Entonces vivimos en una sociedad más conservadora de lo que pensábamos. Una sociedad que valora el acceso al mall, a la tarjeta de crédito, al auto último modelo, cuestiones que para uno pueden ser muy suntuarias, pero que la población valora. Eso también tiene que ver con cómo penetró el modelo de despojo en nuestros territorios, ese modelo donde se dice: “Bah, si tengo que pagar para que mi hijo vaya a una universidad, pago; bah, si tengo que pagar para una prestación médica, pago; bah, si tengo que pagar por una buena jubilación, pago…”. Ese modelo caló de tal manera en el país que el acceso a derechos sociales, a bienes naturales comunes, está determinado por la billetera. A eso me refiero con sociedad conservadora… mucha población considera que acceder a derechos sociales depende básicamente de la capacidad adquisitiva que tengamos y eso es muy difícil de explicar y da mucha pena.

-¿Seguirá por la senda institucional, iría por otro cargo público?
-Cada día tiene su afán. Milito en Modatima y me someto a las decisiones que tome mi organización, donde sigo trabajando los fines de semana. Porque ese tejido sigue vivo. Tenemos representación en 25 territorios del país. Nuestra red está intacta. Por ahora sigo trabajando para lo que fui elegido, para servir a la comunidad de mi región, por todos los nadies.