Conversaciones atascadas entre oposición y oficialismo dejan al proceso constituyente con un pie en el cajón

“Estamos medio empantanados, por eso se dieron 48 horas de consulta interna”, advertía el viernes pasado uno de los negociadores oficialistas, al salir de la sede del Congreso en Santiago, donde oficialismo y oposición estuvieron una vez más negociando para elaborar una propuesta de nuevo órgano constituyente, tras la debacle electoral que sufrió la opción que apoyó el Ejecutivo. Hoy lunes –a las 09:00 de la mañana– se reinician las conversaciones y, con ellas, las esperanzas del Gobierno de salvar un proceso que tiene un pie en la tumba.

Pero esto no es sorpresa, pues es el clima que existe hace casi tres meses y que parece girar sobre el mismo eje. Por eso, ante la gravedad del enfermo, se dio sábado y domingo a los partidos para realizar consultas internas, con el fin de tener mayor claridad y llegar con el oxígeno necesario para el encuentro de hoy.  

El pasado viernes, 2 de diciembre, había empezado con mucha energía. El Presidente Gabriel Boric se reunió temprano en La Moneda con los timoneles de los partidos que conforman la alianza de Gobierno. “Prepárense para trasnochar”, dijo Paulina Vodanovic (PS), mientras ingresaba a Palacio. Esto, porque el objetivo de la cita era aunar al oficialismo para, dos horas más tarde, llegar compenetrados a las conversaciones con la oposición. Se repetía una y otra vez que ese día saldría humo blanco. En la cita, el Mandatario les habló específicamente del modelo que había explorado con el líder de la UDI, Javier Macaya, el miércoles 30 de noviembre, en una breve conversación.

Este consistía en que un grupo de expertos redactara un anteproyecto constitucional, que luego se entregaría a un órgano 100% electo. Esa instancia –con los expertos que podrían funcionar como asesores– elaboraría una propuesta de nueva Constitución, que posteriormente el Congreso tendría que ratificar por 4/7. Por último, si conseguía el apoyo suficiente, podría pasar por un plebiscito de salida. 

Un punto que dejó claro el Jefe de Estado es que, en este proceso, el Parlamento no podría cambiar el texto que guardaba la propuesta constitucional. Y –según quienes asistieron a la reunión– puso especial énfasis en la necesidad de culminar el proceso.  

Sin embargo, cuando estaban dentro se difundió una propuesta de mecanismo que elaboró Chile Vamos, la que, además de plantear la ratificación por 4/7 por el Congreso de la nueva propuesta de texto, incluía un órgano mixto: 50 expertos nombrados a partir de las fuerzas del Congreso y 50 personas electas.  

Al salir, los dirigentes explicaban –en reserva– que para algunos sectores de la alianza de Gobierno era difícil apoyar una ratificación del Congreso. “El Partido Comunista no estuvo en el punto de prensa”, subrayaban algunos al salir. Y efectivamente, los dos representantes del PC en la reunión –la senadora Claudia Pascual y Lautaro Carmona, secretario general de la colectividad– no estuvieron en la conferencia tras la reunión, ni caminaron junto a los demás dirigentes por calle Morandé en dirección al ex Congreso.  

Y es que la ratificación del Parlamento no es un punto con que Apruebo Dignidad se sienta cómodo, sin embargo, algunos dirigentes explicaban que preferían eso a un órgano mixto. “No es deseable, pero es el escenario que tenemos”, precisaban el viernes. 

Un día antes, la diputada comunista Karol Cariola tuiteó que “la convicción democrática de la derecha es a medias: se sienten más cómodos con designaciones que con elecciones. Es lamentable que busquen retroceder a un proceso tutelado”. 

Así, en dicho contexto, el Presidente les plantó su línea roja: que fuera un órgano 100% electo. No era una sorpresa, ya que en el Palacio de Gobierno había planteado que, para resguardar a futuro la legitimidad, debía ser «un organismo electo el que la redacte”, con «toda la colaboración de expertos que se establezca”.

Ya en medio de su visita de Estado a México, el Mandatario había compartido una idea parecida. Sin embargo, constituía una señal fuerte, dado el rol de prescindencia que cumplía el Ejecutivo desde el inicio de las conversaciones, cuando surgió una desavenencia con la derecha y se acusó a la ministra vocera, Camila Vallejo, de intervenir en el proceso con sus palabras, lo que entonces, incluso, provocó que desde la oposición pidieran aplazar una reunión. 

Pese a ello, los dichos de los dirigentes del oficialismo jugaban en contra de este nuevo empuje del Primer Mandatario. Algunos ya se habían abierto a un órgano mixto, es decir, donde los expertos nombrados por el Congreso tuvieran no solo voz sino también voto. Juan Ignacio Latorre, líder de Revolución Democrática (RD), aseguró a mediados de noviembre que «tenemos toda la disposición para flexibilizarla y ceder, incluso a introducir modalidades mixtas con expertos y personas elegidas”, y Paulina Vodanovic señaló que el PS no rechazaba el órgano mixto.  

Restando diez minutos para las 10 de la mañana, hora en que estaban citados los negociadores del oficialismo y la oposición para seguir discutiendo sobre un nuevo órgano constituyente, salía de La Moneda la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS). Una vez en la reunión entre oficialismo y oposición, cuentan que durante su turno la ministra defendió la posición del Presidente: la importancia de un órgano 100% electo.  

El portazo de la derecha a la propuesta de Macaya 

“Voy a ser súper sincero. Cuando tú transmites cosas sin tener una conversación previa con tu coalición o las distintas personas, eso evidentemente hace que la disposición al diálogo se vaya diluyendo”, dijo el presidente de la UDI y senador, Javier Macaya, al salir de las reuniones que se sostuvieron durante el viernes. El mismo que cuando arribó, casi a las 11 de la mañana, subió las escaleras para llegar al tercer piso del edificio sin responder preguntas a los medios. 

La frase que dijo al final de la jornada se entendía como un gesto de mea culpa hacia su sector, por haber explorado un mecanismo –órgano con personas 100% electas, con un anteproyecto y la necesidad de una ratificación del texto por el Congreso– que no encontró apoyo entre las bases de la derecha.  

La entrada del líder de Renovación Nacional (RN), el también senador Francisco Chahuán, contrastaba con la de Macaya. Chahuán se dirigió rápidamente a responder las dudas de los periodistas que estaban apostados en el ex Congreso. “No hay espacio para un organismo 100% electo. Nuestras bancadas optan por uno con 50 expertos y 50 elegidos. Vamos a cumplir la palabra de una nueva Constitución, pero para avanzar se requiere contar con los votos en el Congreso”, lo que parecía una respuesta al timonel de la UDI.  

Antes de las 13:00 horas, Macaya pidió tiempo para unificar posiciones dentro de la derecha. La dinámica fue fijar interrupciones al diálogo común y separarse en tres salas distintas para conversar sobre las tratativas entre miembros del mismo eje. En una quedó Chile Vamos; en otra, la alianza de Gobierno; y en una tercera, Demócratas y Amarillos. 

De acuerdo a los presentes, en una de las reuniones generales Macaya confesó que el mecanismo explorado con el Presidente Gabriel Boric fracasaría en su bloque.  

Las fórmulas que se estudiaron durante la jornada 

Aunque el nudo principal es el rol de los expertos –el mismo que existe desde el inicio de las conversaciones en septiembre, ya hace casi tres meses de desarrollada la primera reunión posplebiscito–, durante el día se tantearon distintas fórmulas, ninguna de manera oficial. Una es la conocida, un anteproyecto constitucional redactado por expertos, un órgano 100% electo y una necesaria ratificación de la propuesta por el Congreso para ir a plebiscito.  

La segunda, menos difundida, tenía que ver con abrirse a un órgano mixto –expertos designados por el Congreso con derecho a voto–, si es que se eliminaba la idea del anteproyecto constitucional. 

Según explicaba Francisco Chahuán, la derecha no quería ceder a un órgano 100% electo, “para evitar cualquier ejercicio refundacional o pretendidas hojas en blanco”, mientras la izquierda indicaba que el producto de un órgano que contara con miembros con derecho a voto y que no hayan sido elegidos por la ciudadanía, carecería de legitimidad en el futuro. 

El Presidente con el tiempo en contra

El panorama del Mandatario no es fácil y está contra el tiempo. Ya sufrió un duro golpe con el rechazo en el Senado a la opción que el Gobierno propuso para nuevo Fiscal Nacional, José Morales, específicamente porque incluso hubo integrantes del oficialismo que se abstuvieron o votaron en contra. A esto se añade el cambio, en marzo de 2023, de la directiva del Senado que hoy preside el socialista Álvaro Elizalde, por el UDI Juan Antonio Coloma. Todo ello, sumado a que una posible elección de convencionales se aplace cada día más del plan original que era en abril –dado que el Servel indicó necesitar 150 días, cinco meses previos a la votación para elaborar el padrón electoral– y al temor de que esa votación se junte con las municipales y regionales fijadas para octubre de 2024 o con el resultado de la discusión de un nuevo retiro de fondos previsionales (cuya fecha para ser discutido vence en abril). 

De acuerdo con Marco Moreno, académico de la U. Central con Magíster en Ciencia Política, el Presidente puso una vez más su capital político en dirección de una nueva Constitución, esta vez para destrabar un acuerdo hoy «empantanado, que ha ido perdiendo atracción en la ciudadanía”. 

La principal razón, explica Moreno, es despejar el tema constituyente para canalizar la energía hacia “las dos reformas importantes que hoy día se están discutiendo en el Congreso: la reforma tributaria y la reforma al sistema de pensiones”.  

El mejor escenario para el Gobierno, indica el académico de la U. Central, es que el tema constituyente se resuelva rápido y que los partidos políticos logren un acuerdo en el mes de diciembre, y pueda esto concretarse en la elección de convencionales, “ojalá entre marzo y septiembre de 2023”.  

Por el contrario, el peor de los escenarios “sería la imposibilidad de llegar a un acuerdo, que esto se dilate más allá del verano, y tengamos una campaña para elegir a los futuros convencionales con el invierno encima y la posibilidad de que parlamentarios puedan reponer un nuevo retiro a los fondos de pensiones, lo que podría generar un efecto muy complejo para el proyecto de Gobierno y para la tramitación de sus reformas”. 

Según Mauricio Morales, académico de la U. de Talca y doctor en Ciencia Política, si Boric se involucró en esta discusión es porque cuenta con información suficiente para garantizar que ese acuerdo finalmente se firme. “De lo contrario, habría cometido un tremendo error, pues sería protagonista de un nuevo fracaso en un tema altamente sensible para su coalición de gobierno. El Presidente ya vivió la experiencia del plebiscito del 4 de septiembre. En lugar de jugar un rol absolutamente neutral, él y su gabinete se inclinaron de manera abierta por la opción del Apruebo, que fue vapuleada en esas elecciones”, recalca. 

Agrega que “el hecho de prácticamente anunciar un acuerdo constitucional, fue sumamente riesgoso. Pero si ese acuerdo se materializa, entonces el Presidente podrá fortalecer su liderazgo”. 

Y puntualiza que, si el acuerdo estipula una Convención Mixta y no una Convención Constitucional 100% electa, que es lo que pidió el Jefe de Estado, “la celebración sería a medias, pues, si bien se consiguió un acuerdo, ese acuerdo estaría en las antípodas de las preferencias del Presidente y su coalición respecto a la conformación del órgano encargado de escribir la nueva Constitución”. 

De todos modos y mientras tanto, el proceso está en la UTI, esperando a que los actores logren salvarlo contra reloj.