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Fotos: Carolina Reyes Montero y Lukas Solis, ambos de Agencia Uno.
Después de más de tres meses de negociaciones en este segundo intento constituyente, los partidos políticos presentaron un órgano que estará conformado por 50 electos y 24 expertos, ambos grupos paritarios. Quienes han sido parte de las negociaciones explican que el diálogo entre el presidente de CS, Diego Ibáñez, y el secretario general de RN, Diego Schalper, fue clave, ya que al representar ambos las posturas más obstinadas de sus sectores durante las conversaciones, las negociaciones bilaterales permitieron conseguir las concesiones necesarias para destrabar un acuerdo que ya estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un pie en el cajón. El punto más crítico durante la jornada del lunes fue el de los quórums del Consejo Constitucional. Relatan que el diputado Ibáñez empujaba la opción de que para aprobar una norma constitucional se requiriera de 2/3 de los integrantes, mientras que la derecha proponía 4/7. Finalmente quedó en un punto intermedio: 3/5.
A las 18:00 horas de este lunes el diputado Raúl Soto (PPD), expresidente de la Cámara Baja, a los pies de una escalera en la sede del Congreso Nacional en Santiago, dijo ante las cámaras: “Hay acuerdo”. Este lunes 12 de diciembre se contaban 99 días desde que se rechazó la propuesta de nueva Constitución el 4 de septiembre, con 61,9% de los votos para la opción Rechazo.
Más temprano, antes de que empezaran las negociaciones en el tercer piso del edificio, se reunían en una de las salas el diputado y presidente de Convergencia Social (CS) –la colectividad del Presidente Gabriel Boric–, Diego Ibáñez, y el también diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper.
¿La razón? Cercanos a ambos parlamentarios aseguran que debían “coordinar los últimos detalles». Esto, porque parte de la propuesta que redactó Schalper –con ayuda de expertos y con ideas de integrantes de la UDI, como su presidente, Javier Macaya– en gran medida había surgido de las conversaciones que mantuvieron los dos diputados.
El origen de la fórmula que presentó Chile Vamos este lunes, proyectándola en la sala donde se reunían los diferentes negociadores de la alianza de Gobierno y la oposición, se remontaba al viernes. Según cuentan quienes estuvieron presentes en las reuniones de la semana pasada, uno de los momentos de mayor tensión se dio cuando ese día Zarko Luksic (Amarillos) avisó que, como eje –es decir, junto a Chile Vamos–, no aceptarían la última propuesta que el oficialismo había puesto sobre la mesa.
Se trataba de una mayoría de electos, con expertos que pudieran redactar un anteproyecto y votar en armonización y normas transitorias.
Tras la negativa, cuentan que Natalia Piergentili, presidenta del PPD, fue la primera en levantarse de la mesa –molesta y cansada, tal como admitió el domingo en ‘Mesa Central’– y bajar las escaleras para anunciar que no tenían acuerdo.
Después de que Piergentili se dirigiera a la puerta, miembros del oficialismo que estaban allí describen que se les acercó Diego Schalper y se comprometió a llevar una contrapropuesta el lunes (ayer).
El domingo, Diego Schalper –quien estaba redactando una fórmula para presentar el lunes con influencia de la UDI y ayuda de expertos– contactó a Ibáñez. Ambos, según indican cercanos, mantuvieron conversaciones telefónicas y por mensaje durante todo el día para acordar ciertos temas de la propuesta.
De acuerdo a lo que señalan desde su entorno, ambos representaban “la manija”, los más obstinados con sus posiciones, y habían construido confianzas desde la redacción de las bases institucionales para el proceso. Esto explicaba la decisión de mantener una serie de conversaciones.
El martes 6 de noviembre, cuando se impulsó una comisión mixta –con voz y voto de los expertos– y el nudo había estado en el porcentaje de cada grupo que integraría la instancia, desde la oposición acusaron específicamente al diputado Ibáñez de intransigencia, al negarse a estar disponible para definir un órgano que tuviera expertos con voto.
Ese día y ante las cámaras, el diputado y jefe de la bancada Evópoli, Francisco Undurraga, reclamó que “a la pregunta sobre si había factibilidad de las fuerzas que representan al actual Gobierno de llegar a un acuerdo hoy, el diputado Diego Ibáñez dijo que ‘ninguna posibilidad'».
Mientras que una de las razones que daban desde la alianza oficialista para no llegar a acuerdo, tanto el miércoles como el viernes, fue la de una “inflexibilidad de Renovación Nacional, escudado en Amarillos». Presentes relataban que, al tener la propuesta de la izquierda el miércoles 7 de diciembre, que contemplaba 50 electos, Schalper se negó, ya que –según lo que habría dicho el parlamentario– la fórmula no garantizaba la moderación y tenía ánimos refundacionales.
A las 20:00 horas del domingo 11 de diciembre –un día antes de que lograran acuerdo— la alianza de Gobierno tuvo una reunión en la casa de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS). No llegó Diego Ibáñez, sin embargo –de acuerdo a lo que relató uno de los asistentes–, en esa instancia se describió «cómo venía la mano” de la oposición para el lunes, razón por la cual no muchos en el oficialismo estaban sorprendidos con la propuesta que presentó Chile Vamos.
La última propuesta que había sido empujada por Chile Vamos fue la de Amarillos, presentada el viernes. La que presentó este lunes era radicalmente distinta y se asemejaba más a la que ese mismo día había impulsado la izquierda.
En síntesis, la última idea del oficialismo consistía en un órgano conformado por 70 electos y 30 expertos. El segundo grupo cumpliría un rol asesor y podría votar en la última etapa de redacción de la nueva Constitución: armonización y normas transitorias.
Los principales puntos que recogía el mecanismo propuesto el lunes por Chile Vamos eran:
-La redacción de un anteproyecto por un comité de expertos (que serviría de base).
-Un órgano redactor que trabaje sobre el anteproyecto.
-Comisión mixta para el espacio final donde expertos y elegidos puedan resolver diferencias.
El documento, que lleva el nombre “Acuerdo Constitucional, Definitivo 2.0″ y que cuenta con cinco páginas, propone:
-Una comisión experta conformada por 24 personas redactará un anteproyecto que servirá como base para la redacción del nuevo texto constitucional (aprobará por 4/7).
-Consejo Constitucional compuesto por 50 personas, sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos (aprobará por 3/5).
-Una vez que el texto de nueva Constitución esté listo y antes de armonizarlo, el Comité Experto entregará un informe al Consejo Constitucional con propuestas que mejoren la redacción y comprensión de las normas.
-Las propuestas serán votadas por el Consejo Constitucional: “Se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio”.
-Si el resultado de las votaciones no se encuentra en ninguna de las condiciones anteriores, se resolverá mediante una comisión mixta compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y resolverán con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia.
-En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, y por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se repita el proceso.
La idea que empujó Chile Vamos, bajo el lápiz de Schalper y expertos, también fue en la línea de lo que planteó el senador Javier Macaya (UDI) el viernes por la mañana. El pasado miércoles el oficialismo propuso un órgano de 50 electos más asesores sin voto, dos días después el presidente de la UDI propuso un anteproyecto vinculante. Esto quiere decir que los redactores electos deberían escribir la nueva Constitución a partir de la propuesta base de los expertos.
Más allá de la idea puntual –según presentes el viernes–, el timonel de la UDI compartió que era clave que los expertos con derecho a voto tuvieran mayor incidencia.
“Tenemos que aprender con mucha humildad de las lecciones de nuestra historia. No solo las del pasado reciente, y por ello se ha suscrito esta noche un acuerdo por Chile con un sinnúmero significativo de fuerzas políticas», aseguró el senador Álvaro Elizalde (PS), cuando presentaron el «Acuerdo por Chile» en el hall de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, cerca de las 22:00 horas.
El punto más crítico durante la jornada del lunes fue el de los quórums del Consejo Constitucional. Relatan que el diputado Diego Ibáñez impulsaba la opción de que para aprobar una norma constitucional se requiriera de 2/3 de los integrantes, mientras que la derecha proponía 4/7. Finalmente quedó en un punto intermedio: 3/5.
Desde los demás partidos interpretaron la insistencia de Ibáñez en un quórum de 2/3 como una forma de defender las posturas de la izquierda, por temor a tener un mal desempeño electoral. Esto, por el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, y debido a que la elección de consejeros y consejeras constitucionales está fijada para abril de 2023, el mismo mes en que –según un informe de la secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados– podrá ponerse en tabla un nuevo proyecto de retiro de fondo de pensiones.
Que la resolución de controversias entre el Consejo Constitucional y la comisión experta conduzca a una comisión mixta, desde la derecha se comentaba en reserva que era una especie de “joda jurídica”. Esto, pues el no llegar a acuerdo con la recomendación de los expertos, supondría un problema para los redactores. Con lo cual, explican, quedaron conformes.
Desde el oficialismo admiten que esta idea no era totalmente de su agrado, sin embargo, precisan que fue uno de los temas en que cedieron para evitar la idea de que, una vez lista la propuesta de Constitución, tuviera que ser ratificada por 4/7 del Congreso –propuesta que surgió de la conversación que mantuvieron el Presidente Gabriel Boric y el timonel de la UDI, Javier Macaya–.
Otro de los temas que causó resquemor entre la alianza de Gobierno fue el de la cantidad de electos, ya que desde la izquierda se impulsaba un número de 70 y quedó en 50. Quienes fueron parte de las negociaciones, puntualmente desde el oficialismo, detallan que reducir el número de redactores fue la moneda de cambio para que expertos tuvieran voto acotado (solo a través de los mecanismos antes señalados).
Aunque todos los grupos estaban satisfechos, teniendo claro que habían llegado a «un acuerdo imperfecto» –como los instó el Presidente Boric el miércoles 7 de diciembre–, integrantes de la oposición pedían realismo y decían: “Ahora debemos ver si están los votos, los parlamentarios siempre se pueden arrancar».
