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Crédito: Agencia Uno
En un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) rechazó la nominación de Marta Herrera como nueva Fiscal Nacional. La asociación indicó que Herrera fue partícipe y asesora de confianza de la «nefasta administración» de Jorge Abbott. En esa línea, aseguraron que tuvo tuvo un «alto grado de involucramiento personal en calidad de asesora cercana y de confianza del fiscal Abbott en las decisiones institucionales, de las que ha sido protagonista y responsable y de las que es imposible que ahora pueda legítimamente desmarcarse aduciendo que no tenía las facultades». «Marta Herrera es partícipe y avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismos, endogamia y falta de transparencia y accountability, utilizando para ello su calidad de Jefa de Asesoría Jurídica, lo cual se ha perpetuado por la falta de controles institucionales», agregaron.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) rechazó, en un documento de 11 páginas, la nominación de la abogada y directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del ente persecutor, Marta Herrera, como nueva Fiscal Nacional. La asociación se declaró en «alerta nacional» y apuntó que Herrera sería la continuidad del cuestionado exjefe del Ministerio Público, Jorge Abbott.
En un comunicado, la Anfumip indicó que Herrera fue partícipe y asesora de confianza de la «nefasta administración» de Abbott. A su vez, señalaron que tras la administración del ex Fiscal Nacional, «la institución se encuentra debilitada, desprestigiada y no goza de confianza de la ciudadanía por la incapacidad de asumir adecuadamente su función».
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Asimismo, sostuvieron que Herrera «no cumple un perfil de independencia» y que mantiene compromisos internos con actuales autoridades regionales y directivos que «se mantendrán con ella a la cabeza del Ministerio Público, perpetuando la situación actual de estancamiento, falta de modernización e innovación que actualmente caracteriza a la institución».
Recordemos que el Presidente Gabriel Boric nominó este miércoles a Marta Herrera como nueva Fiscal Nacional. Herrera deberá hacer una presentación ante la Comisión de Constitución del Senado y luego la Cámara Alta votará su ratificación. Para su aprobación, necesita un quórum de 2/3.
La Anfumip señaló que Herrera tuvo un «alto grado de involucramiento personal en calidad de asesora cercana y de confianza del fiscal Abbott en las decisiones institucionales, de las que ha sido protagonista y responsable y de las que es imposible que ahora pueda legítimamente desmarcarse aduciendo que no tenía las facultades».
«La trayectoria de Marta Herrera al interior del Ministerio Público denota claramente que ha ejercido durante más de 17 años altos cargos directivos de exclusiva confianza del fiscal nacional, situándola como asesora directa y mujer fuerte de los dos últimos fiscales nacionales, Sabas Chahuán y Jorge Abbott», continuaron.
«Este último (Abbott) avaló que continuara ejerciendo el doble rol de directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, que equivale a una Fiscalía interna y de directora de la Unidad Anticorrupción, ostentando un grado 3 del escalafón de directivos, con significativo poder, alta influencia y responsabilidad directa en las más altas decisiones de las autoridades institucionales», complementaron.
Asimismo, apuntaron que Abbott designó a Herrera como «vocera de la Fiscalía Nacional durante los momentos más críticos de su gestión, siendo reconocida como su persona de confianza».
Los funcionarios de Fiscalía expusieron que Herrera ha promovido «malas prácticas» con «graves y negativas consecuencias en la cultura interna del Ministerio Público, al asesorar y avalar interpretaciones y decisiones jurídicas injustas, infundadas, abiertamente vulneratorias de los derechos de las y los funcionarios».
En esa línea, acusaron que «Marta Herrera coordinó la elaboración de un código de ética y un sistema de de integridad, que en la práctica no funciona, pero ella misma participó y visó decisiones institucionales altamente cuestionables desde este punto de vista».
La Anfumip también expresó que Herrera avaló «la línea y definiciones jurídicas de tolerancia o encubrimiento que el Sr. Abbott adoptó en las investigaciones administrativas por maltrato y acoso laboral ejercido por directivos o personas cercanas a ella o a la administración y que afectaron principalmente a mujeres funcionarias y también a dirigentes gremiales».
«Pese a haberse acreditado los hechos denunciados y la calidad de ellas como víctimas, quedaron impunes los agresores», afirmaron.
