Opinión
Crédito: Agencia Uno
Chile se está quedando atrás. Casi 30 países ya han aplicado medidas impositivas directas a alimentos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas, porque es creciente la evidencia científica de lo útil de esta política para cambiar la conducta alimentaria (…). Le hemos pedido al Gobierno aplicar impuestos a todos los alimentos con sellos. Pero con su actual propuesta de Reforma Tributaria se insiste en aplicar impuestos solo a las bebidas azucaradas, lavando así la imagen de otros productos que también son dañinos para la salud y debieran tener una mayor carga impositiva porque, de hecho, generan gastos gigantescos al Estado.
La obesidad es la mayor pandemia mundial: mata 41 millones de personas al año y 112 mil cada día. El COVID-19, que movilizó gigantescas políticas públicas, cobró en dos años 8 millones de víctimas.
En Chile, la obesidad genera enfermedades crónicas prevalentes –cáncer, infartos al corazón o al cerebro, hipertensión, diabetes, artrosis, Alzheimer y demencias– que deterioran la vida de cientos de miles de chilenos chilenas, particularmente, entre los más vulnerables, y son las responsables de 200 de las 300 muertes que a diario ocurren en nuestro país. Un tercio de ellas son prematuras (40 a 60 años) y evitables.
Chile fue pionero en la lucha contra la comida chatarra al crear la Ley de Etiquetado Nutricional que obliga a los productos altos en sodio, azúcar o grasas saturadas a presentar sellos que lo señalen claramente y que prohíbe su publicidad en horario infantil, venta en los colegios y entorno y participar en compras públicas del Estado.
Pese a la resistencia de las transnacionales, esta iniciativa legal se ha multiplicado en el mundo. Más de 32 países la han implementado o están en vías de hacerlo y ha sido reconocida como una política prioritaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En 2015, Chile también innovó al implementar una pequeña alza del impuesto a las bebidas azucaradas y disminuir el de las no azucaradas. Hubo buenos resultados: disminuyó el consumo de bebidas azucaradas y, sobre todo, se incrementó el de líquidos bajos en azúcar, con un descenso también del consumo de las alternativas sin cambio impositivo (Caro et al., 2018).
Pero en esta materia, Chile se está quedando atrás. Casi 30 países ya han aplicado medidas impositivas directas a alimentos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas, porque es creciente la evidencia científica de lo útil de esta política para cambiar la conducta alimentaria (WHO, 2022).
Y, como país, lo sabemos hace años: uno de los estudios mejor evaluados a nivel mundial, realizado en 2017 –a solicitud del Ministerio de Hacienda de Chile– por un panel interdisciplinario de 40 expertos, estableció que aplicar impuestos a los alimentos con sellos puede reducir el 63,7% de los casos de hipertensión, un 59 % de diabetes, un 43 % de accidentes vasculares encefálicos y un 22 % de los infartos.
El mismo estudio dimensionó el óptimo impuesto específico para eliminar las externalidades negativas del consumo de nutrientes críticos: $1,9 por gramo de azúcares, $23 por gramo de sodio y $31 por gramo de grasa saturada (en pesos 2016), ajustable según inflación.
Además de la recaudación, el Estado ahorraría más de 2 mil millones de dólares en atención de salud a personas que no se enfermarían.
Y a nivel internacional se calculó el impacto sanitario de estas medidas tributarias –para solo 6 países– en más de 170 mil millones de dólares de ahorro en gastos en salud para la atención de las enfermedades derivadas de la obesidad (Liu, S., Veugelers, P.J., Liu, C. et al., 2022)
Le hemos pedido al Gobierno aplicar impuestos a todos los alimentos con sellos. Pero con su actual propuesta de Reforma Tributaria se insiste en aplicar impuestos solo a las bebidas azucaradas, lavando así la imagen de otros productos que también son dañinos para la salud y debieran tener una mayor carga impositiva porque, de hecho, generan gastos gigantescos al Estado.
Es un consenso científico internacional que el impacto de impuestos a los productos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas favorece la reducción del consumo excesivo y mejora la situación de salud, particularmente de los hogares de menores ingresos, lo que constituye una medida de equidad, considerando que es donde más se encuentran las consecuencias crónicas y fatales de la obesidad.
Además, por este impuesto, se podrían recaudar cerca de 500 millones de dólares y con ello financiar una medida complementaria fundamental, que es implementar en Chile el uso de una tarjeta verde.
Como en nuestro país la comida ultraprocesada es más barata que las frutas y verduras, solo el 20% de los chilenos consume las cinco porciones diarias recomendadas para no enfermar. Los recursos recaudados por los impuestos específicos a alimentos con sellos podrían financiar esta iniciativa y permitir, a las familias de menores ingresos, adquirir exclusivamente frutas y verduras solo en mercados y ferias públicas, lo que fortalecería –además– el encadenamiento social y productivo con la agricultura familiar campesina.
Ambas políticas públicas agregadas –impuestos específicos a la comida chatarra y Tarjeta Verde–, permitirían reducir a la mitad los cánceres en Chile, y disminuir en un 75% los casos de infartos, hipertensión, diabetes y demencias.
Sabemos que el tema tiene urgencia ética, sabemos qué hay que hacer, cuánto, cómo, y con qué resultados. Por ello, no es comprensible la falta de voluntad política de los gobiernos para avanzar en una estrategia costo-efectiva (recauda y ahorra gastos multimillonarios al Estado), basada en la evidencia científica, en la experiencia nacional e internacional y en la opinión unánime de expertos chilenos y extranjeros citados por el propio Ministerio de Hacienda para analizar la materia.
Desafíos de gran magnitud exigen estrategias complejas. ¿Y qué mejor desafío que cuidar la salud y la calidad de vida de miles de ciudadanos que hoy mueren antes de lo debido o viven enfermos producto de la obesidad? Este problema debe ser abordado integralmente y con políticas inteligentes. Y la política tributaria no es la excepción.
