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La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga abusos y negligencias al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) también citó a declarar a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al director general de la PDI, Sergio Muñoz, y a otras autoridades. La comisión -cuyo funcionamiento termina el miércoles- revisó 38 denuncias sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros, al interior de la institución.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga abusos y negligencias al interior de la Policía de Investigaciones (PDI), acordó el lunes pedir una audiencia al Presidente Gabriel Boric. Ello, para conseguir el compromiso del Estado de responder a las cientos de denuncias que han salido a la luz.
La comisión también citará a declarar el miércoles a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al director general de la PDI, Sergio Muñoz; y al director del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora, entre otras autoridades.
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La comisión -cuyo funcionamiento termina el miércoles- revisó 38 denuncias sobre abuso laboral, abuso sexual, acoso, homicidios y suicidios, entre otros, al interior de la institución.
Durante el desarrollo de la comisión, la instancia recibió numerosas denuncias que no alcanzarán a ser revisadas. Por ello, entregarán al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, una carpeta con 100 testimonios adicionales.
La comisión ha enviado 23 oficios a la PDI, que la institución no ha respondido. Los requerimientos buscan acceder a la hoja de vida de las víctimas y otros antecedentes.
«Es una falta de respeto que solo hayan contestado un oficio de los 23 enviados por esta comisión. No queremos que todo este trabajo quede en nada. Tenemos serias aprensiones de las consecuencias que puedan tener las víctimas que se han atrevido a denunciar», dijo la diputada Claudia Mix (Comunes), integrante de la comisión.
«Queremos tener el compromiso de la institución de que estas personas no sufrirán represalias por decir una verdad, que ya no pueden ocultar», añadió la diputada Mix.
En tanto, la diputada Marisela Santibáñez (PC) indicó que «si esto termina y no pasa nada, significa que la policía tiene más poder que el Presidente».
En la sesión del lunes, expusieron Ricardo Boop, por caso de tortura; Catalina Navarro, por violencia de género; Cristian Canales (activo), por amenazas y amedrentamiento; Ariel Albornoz, por tortura y apremios ilegítimos; Fernando Ulloa, por denuncia de tráfico de influencias de autoridades y encubrimiento de narcotráfico durante el Gobierno de Sebastián Piñera.
Además, declararon los familiares y representantes de funcionarios fallecidos; el abogado Juan Carlos Clatet a nombre de dos casos de suicidio con reserva de identidad.
En la sesión, la madre de Francisco Gutiérrez acusó ocultamiento de antecedentes y pruebas falsas en el supuesto suicidio de su hijo. «Le entregué a mi hijo a la institución y me lo devolvieron muerto y su caso tapado de puras mentiras», dijo.
También declaró la madre de Sebastián Ley, cuya caso se intentó tapar cambiando el sitio y circunstancias del deceso. Acusa que su hijo fue inducido al suicidio por sus compañeros de labores.
El padre de Agustín Plaza indicó que nunca apareció la bala que mató a su hijo y señaló como cómplice al Servicio Médico Legal. «La PDI se manda sola», reclamó.
El hermano de Luis Morales, fallecido en extrañas circunstancias en Temucuicui, solicitó un nuevo Código de Ética para la institución, que a su juicio «se percibe con un alto grado de degradación».
Igualmente testificó el representante de Claudio Orellana, muerto por el disparo de un compañero, cuyo caso también presentó un falso peritaje que hablaba de apuñalamiento.
También expuso el hermano de Valeria Vivanco. Las pruebas falsas presentadas por su muerte encarcelaron a inocentes y aún se desconoce a los verdaderos culpables.
