PAÍS
La empresa El Cerrito, de la familia Luksic, desvió, acumuló y canalizó ilegalmente por 15 años aguas precordilleranas de la localidad de Paihuano, en el valle de Elqui, Región de Coquimbo. Durante todo ese tiempo, los pequeños agricultores solo recibían aguas los domingos, justificando esto en la sequía y el cambio climático. Pero no era así. Al final se supo la causa verdadera: las aguas eran desviadas cerro arriba para regar las parras de la familia Luksic, único vergel de la zona. La Dirección General de Aguas (DGA) confirmó hace poco la extracción ilegal del recurso y aplicó una sanción por 60 millones de pesos. En sus redes sociales, Andrónico Luksic sostuvo que la compañía debía ser sancionada, pero –en la práctica– sus abogados han negado todos los cargos, al tiempo que la causa penal por el delito de usurpación de aguas, investigada por el fiscal Juan Rubén González de la Fiscalía de Vicuña, fue sobreseída sin pena ni gloria, a pesar de un contundente informe de la PDI.
«No era sequía, era saqueo», repiten los pequeños agricultores de la localidad de Paihuano, en el valle de Elqui, Región de Coquimbo. En medio de la peor crisis hídrica de las últimas décadas que afecta al país, una empresa agrícola controlada por Andrónico Luksic, cabeza de la familia más rica de Chile, ha recibido una multa de aproximadamente 60 millones de pesos por extracción ilegal de agua.
La firma desvió aguas para regar sus viñas por 15 años consecutivos. Para ello no solo instaló de forma ilegal una bomba de agua, sino que además construyó un dique para acumularla. Los afectados calculan que se quedó con millones de metros cúbicos del recurso vital, mientras ellos no tenían ni para regar sus maceteros.
Todo ocurrió en una zona precordillerana que es clave no solo para la agricultura local, sino también para abastecer de agua potable a los habitantes de Paihuano, Vicuña, Andacollo, Coquimbo y La Serena. Fueron 15 años de apropiación ilegal del aguas por parte de una empresa, controlada por la familia más rica de Chile.
«La zona donde se está realizando la extracción ilegal, conforme a la información de la Dirección General de Aguas (DGA), órgano dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), corresponde al de una cuenca sobreotorgada, afectada por puntos de extracción ilegal, lo que ha abierto un conflicto latente en la zona, que se ve agudizado producto de la la baja de precipitación persistente en esa zona del país, lo que ha implicado que esta comuna esté continuamente afecta a decretos de escasez, catástrofe o emergencia hídrica», advirtió Greenpeace en una denuncia judicial por los hechos en 2021.
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El año pasado, el empresario Andrónico Luksic mencionó la grave situación en sus redes sociales: “Si Agrícola El Cerrito incurrió en una falta grave, debe ser sancionada por la autoridad con toda la fuerza de la ley”, sentenció. Sin embargo, su empresa, lejos de admitir su responsabilidad, se ha dedicado a negar las irregularidades. Sí debió desinstalar el dique y la bomba. Y el agua volvió a correr: los parceleros afectados pasaron de disponer de agua solo los domingos a tenerla todos los días.
«Imagínate una bomba de 50 hp extrayendo agua, ocho, diez horas al día, agua que fue usada para que esta empresa regara sus uvas. Regaron durante años con agua que no era de ellos. Es muy grave», comenta Sergio Alemparte, el agricultor que denunció los hechos en octubre de 2020. El afectado ha intentado por años, infructuosamente, conversar con los gerentes o los abogados de la compañía del empresario, pero –dice– nunca han querido hablar con él.
La sanción de solo 60 millones de pesos, que fue impuesta inicialmente por las autoridades regionales de la Dirección General de Aguas (DGA), acaba de ser confirmada en noviembre por los responsables de la entidad en Santiago, aunque los Luksic podrían interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Además, en 2021, Greenpeace y el abogado Luis Mariano Rendón denunciaron los graves hechos, a su entender constitutivos del delito de usurpación de aguas, ante un tribunal de Vicuña. De ser condenado, Luksic enfrentaba una pena de entre 61 días y 3 años y un día.
Sin embargo, tras la investigación criminal, el tribunal de Vicuña, presidido por el juez Felipe Ravanal, decidió aprobar la solicitud de sobreseer al empresario y su gerente, Rodrigo Santander. Peor aún, el fiscal de Vicuña, Juan Rubén González Tobar, ni siquiera consideró un claro informe de la PDI al respecto, que señalaba la existencia del delito de usurpación.
«Es algo que le hace mal a la administración de justicia, sobre todo tratándose de la empresa de un multimillonario», critica al abogado Rendón.
El pasado 9 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Vicuña, presidido por el juez Felipe Ravanal, decidió sobreseer a los representantes de la empresa, a instancias de su defensa.
Pese a que el fiscal Juan Rubén González Tobar se opuso formalmente al sobreseimiento, no apeló al fallo, por lo que no pudo ser revisado por la Corte de Apelaciones de La Serena, lo cual fue duramente criticado por el abogado denunciante, quien explicó –además– que él no había podido apelar, por su lado, ya que no es parte querellante en la causa. Para haber podido apelar tendría que haber sido designado como abogado por la parte afectada por el delito (las víctimas de la usurpación de aguas), la que –paradójicamente– nunca designó abogado en la causa.
«Nosotros no hemos hecho nada a ese nivel judicial todavía, porque estamos esperando (la confirmación) del fallo técnico», explica Alemparte.
«Se sobreseyó primero a Luksic, seguramente con el argumento de no estar directamente en la gestión operativa del predio, y luego a Santander, el gerente operativo del predio», lamenta Rendón. «Lo que no me calza es que si el Ministerio Público se opuso a la solicitud de sobreseimiento, por qué no interpuso el recurso de apelación correspondiente. Es sumamente extraño, incoherente», señala.
El Ministerio Público informó a este medio que la Fiscalía de Vicuña desarrolló diligencias de investigación en la causa, tomó diversas declaraciones a distintos intervinientes, ordenó la concurrencia de la Policía de Investigaciones al sitio del suceso, y reunió diversos documentos sobre los hechos.
«La Fiscalía y la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional concurrieron al lugar y al sector donde presuntamente se extraería el agua y a los lugares presumiblemente afectados, para efectuar otras diligencias en canales y compuertas», informó el Ministerio Público.
«Pese a las diligencias efectuadas y otras acciones derivadas en la causa y dadas las condiciones en que se realizaba dicho proceso de distribución de agua, no se acreditó afectación del suministro total a los fundos aledaños. Por ende, no existía forma de acreditar la perpetración de algún delito, al menos en el área penal, no así la infracción que sancionó la DGA», indicó.
Específicamente, el caso involucra a la sociedad El Cerrito, de propiedad del family office de los Luksic, que –según la DGA– se apropió ilegalmente de aguas durante tres lustros.
Por lo mismo, le aplicó una multa por 1.050 UTM (unos 60 millones de pesos) «por extracción ilegal de agua», en una resolución del pasado 21 de noviembre.
El caso fue denunciado el año pasado por Sergio Alemparte, accionista del Canal Asiento de la zona, según el cual la firma de propiedad del empresario Andrónico Luksic mantuvo de forma ilegal un dique y una bomba de agua.
«Últimamente tenía agua una vez por semana, ahora tengo todos los días», grafica Alemparte, para explicar la diferencia del caudal tras el retiro del aparato ilegal de desvío de aguas, en enero del año 2021.
Por este caso, la DGA del Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició en 2021 un procedimiento administrativo contra El Cerrito. Una resolución del 21 de noviembre de 2022, determinó la confirmación –por la DGA en Santiago– de la sanción impuesta por la DGA Regional «por extracción no autorizada» de agua, resolución que puede ser apelada hasta el 27 de diciembre ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la misma resolución, la DGA instruyó a la seccional regional de la entidad realizar la apertura de un nuevo expediente de fiscalización contra la empresa, por «una presunta obra no autorizada en el cauce del estero Derecho».
La resolución inicial aplicó a la agrícola una multa de 1.100 UTM por la extracción no autorizada de aguas superficiales, desde una bocatoma ilegal ubicada en la ribera izquierda del Estero Derecho, en el tramo que recorre el Fundo El Cerrito, en el sector Pisco Elqui, de la comuna de Paihuano. Además, se ordenó a la empresa deshabilitar totalmente el sistema de captación de aguas superficiales no autorizadas, y retirar todas las instalaciones correspondientes a la caseta de la bomba, tablero eléctrico y tubería, informó la DGA.
De forma paralela, la organización Greenpeace, a través de su director nacional, Matías Asún, y el abogado Luis Mariano Rendón, presentaron en 2021 una denuncia ante la Fiscalía de Vicuña.
El director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, señaló en su momento que «evidentemente, la extracción de agua en canales que se encuentran en zonas en donde cada vez las precipitaciones son menores, y en donde la disponibilidad hídrica es menor, tiene un impacto respecto de las actividades productivas y para con las personas y el medioambiente en la cuenca».
La empresa de los Luksic, sin embargo, ha negado todos los cargos.
«Las acusaciones que se hicieron desde el comienzo de esta investigación han demostrado ser infundadas en todas las instancias que corresponden, tanto judiciales como administrativas”, señaló El Cerrito a este medio.
“La DGA, si bien optó por rebajar la multa originalmente aplicada, reiteró su parecer de que se habría cometido una infracción de carácter administrativo. La empresa se encuentra estudiando en detalle toda la documentación y fundamentación de la decisión de la DGA, y en base a ella determinará las acciones a seguir», indicó la firma.
Alemparte, agricultor de la zona afectado por la falta de agua y que se ha hecho asesorar por abogados, lamenta la situación, y además señala que, aunque ha intentado comunicarse con la empresa El Cerrito, no ha tenido éxito. Asimismo, indica que, en caso de confirmarse la multa, podría querellarse. Fue Alemparte quien descubrió la bomba ilegal de 50 hp en octubre de 2020, que según información local data de 1996. La zona además sufre de una sequía desde hace 12 años.
«Somos 22 accionistas del canal Asiento, que somos los afectados por este hecho», explica. «Nosotros hemos tratado de acercarnos a ellos, yo personalmente, para ver la posibilidad de conversar, pero no abren la puerta. No quieren conversar nada, absolutamente nada, ni conmigo ni con los abogados. Su defensa es que con la cantidad de acciones de agua que ellos tienen, tienen para regar sus cultivos», agrega.
«El daño es duro. Además ellos estaban ocupando derechos de agua de terceros», reclama. «En un lugar como Elqui, el agua es el hilo vital para que todo funcione», subraya.
Por otra parte, el agricultor destaca que después de que sacaron la bomba, «el caudal de agua es otro».
«Imagínate una bomba de 50 hp extrayendo agua, ocho, diez horas al día, agua que fue usada para que esta empresa regara su uva. Regaron durante años con agua que no era de ellos. Es muy grave. Como regante, tras el retiro de la bomba, hoy tengo agua todos los días. Antes tenía agua solo los domingos. Ahora el agua se ve, antes no se veía, sobre todo en la época de verano», relata.
«Esta gente además construyó un dique que interrumpió el curso del estero. Al hacer el dique, una laguna con geomembrana, empezaron a acumular agua y a sacarla con la bomba», añade. Sin embargo, también debieron desarmar esta estructura.
Por su parte, el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, señala que «cualquier tipo de extracción irregular tiene que ser penalizada con la normativa y las leyes que existen».
«Nosotros no compartimos para nada esta situación. Todo lo que sea extracción irregular de aguas, sobre todo en una comuna que sufre una sequía bastante grande hace muchos años, tiene que ser sancionada con las normas que correspondan», expresa, sobre todo tomando en cuenta que en la precordillera de la zona surge el agua que abastece no solo a Paihuano, sino también a Vicuña, Coquimbo, La Serena y Andacollo.
Y aunque la municipalidad ha recibido apoyo de la Fundación Educacional Oportunidad, ligada a la familia Luksic, el jefe comunal indica que las ayudas han sido utilizadas para pagar sueldos de profesores de inglés en la comuna, una situación que data de administraciones anteriores.
«Con Luksic directamente, prácticamente no hay relación», asegura, además de afirmar desconocer si ha habido visitas del empresario a la zona.
