BRAGA
El abogado y candidato a Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez –que volvió a alcanzar la «pole position», debido a sus fuertes vínculos con Renovación Nacional, la UDI, el piñerismo duro a través de Andrés Chadwick, y también con el PS, de la mano de su compadre, Álvaro Elizalde–, suma nuevas representaciones en polémicos casos de delitos sexuales. De su carpeta de clientes, donde además figuran el exjuez Luis Barría, formalizado por abuso sexual contra una funcionaria del tribunal, y un psicólogo condenado por violación reiterada contra una menor de edad, ahora se conocen las representaciones que ha asumido en favor de un acusado por los delitos de secuestro y violación, así como de imputados por violencia intrafamiliar, seguida de amenazas de muerte, más violencia física y otra vez violación.
En la carpeta «ecuménica» de clientes del abogado Ángel Valencia, hay de todo. Asumiendo esencialmente un rol de defensor, ha representado a políticos querellados en causas de derechos humanos, como Mario Desbordes; es conocido en la plaza como el abogado del hermano del ex Presidente Piñera, Miguel Piñera Echenique, a quien defendió en una polémica causa por manejo en estado de ebriedad; ha compartido oficina –en comunidad de techo– con los representantes en Chile de la firma “Mossack Fonseca”, vinculada a uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, conocido como «Panama Papers»; y también ha tenido representaciones en causas emblemáticas de corrupción en el país, como el financiamiento ilegal de la política en el caso Corpesca y el fraude al fisco en el marco del «Pacogate».
Las causas más sensibles, sin embargo, han estado relacionadas con defensas en materia de delitos sexuales contra la mujer, en cuya carpeta de clientes figuran un exjuez formalizado por abuso sexual y un psicólogo condenado por violación reiterada contra una menor de edad. A estas defensas se suman ahora la representación de un acusado por secuestro y violación, y las de imputados por violencia intrafamiliar, que han ejercido violencia física y sexual contra sus víctimas.
Tras dos intentos fallidos del Gobierno en el proceso de ratificación en el Senado para nombrar a un nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia vuelve a tomar la delantera, debido a sus fuertes contactos en Renovación Nacional, la UDI, el piñerismo duro a través de Andrés Chadwick, y también del PS, de la mano de su compadre, Álvaro Elizalde.
Para reducir el impacto de las causas que comprometen violencia de género y donde la línea transversal de sus argumentos ha sido la del descrédito de las víctimas, Ángel Valencia solicitó el pronunciamiento del Colegio de Abogados por el reproche de autoridades, lo que apuntaría –aunque no la identifica– a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, a quien la UDI le atribuye un veto a su candidatura. Durante la noche de este lunes, dicha organización gremial se reunió para discutir esta materia y se espera que emita una declaración de carácter ético al respecto.
Más allá de que la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la propia ministra Orellana han descartado políticas de «cancelación a su nombre», poniendo el énfasis en la debilidad que ha mostrado la Fiscalía en la persecución de delitos de género, lo cierto es que el mundo feminista tiene sendos reparos a su candidatura, los que se han mostrado a través de las aprensiones de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres respecto a su participación, en calidad de abogado defensor, en diversas causas que han tenido como víctimas a mujeres por violencia sexual, física y psicológica.
A las conocidas defensas como la del exjuez del caso Caval, Luis Barría –a quien la Fiscalía formalizó cargos, en septiembre de 2022, por abusos sexuales contra una funcionaria administrativa de actas del tribunal–, y la del sicólogo David Bros –condenado en febrero de este año en Antofagasta a 13 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación contra una menor de edad–, se suma la defensa a un ingeniero agrónomo acusado por el Ministerio Público del delito de secuestro con violación contra una mujer, por hechos ocurridos en enero de 2013.
En la acusación fiscal se especifica que el delito se consumó un 7 de enero de 2013, cuando el imputado, Héctor Aldrin Valdés González, de profesión ingeniero agrónomo, abordó a su víctima y, bajo amenazas, la tomó a viva fuerza e ingresó a un taxi para luego trasladarla a su domicilio, en la comuna de Ñuñoa, donde la mantuvo retenida y encerrada contra su voluntad por un lapso de 24 horas. Estando en ese lugar, utilizando intimidación y aprovechándose de la privación de sentido de la víctima producto de pastillas que este le proporcionó, la penetró anal y vaginalmente.
En el contexto de los alegatos, el Ministerio Público sostuvo que los delitos traídos a juicio «son de aquellos que no se quiere tener noticia, pues una persona, una mujer, fue retenida contra su voluntad por casi 24 horas, donde ella temió por su integridad física y donde su intimidad sexual fue vulnerada, sin que ella tuviera las capacidades de oponerse, porque estaba retenida y dopada. El imputado la fue a buscar y la llevó a un departamento que estaba especialmente acondicionado para retenerla, la mantuvo incomunicada, le obligó a tomar sustancias que le causaron sueño y le impidió oponerse a lo que quería hacer el imputado, que era mantener relaciones sexuales con la víctima, lo que finalmente logró».
A través de la defensa encabezada por Valencia, y según denunció el Ministerio Público, se intentó poner una «cortina de humo» a lo ocurrido en los días en que se llevaron a cabo ambos delitos, donde es posible identificar que permanentemente se pretendió prejuiciar a la víctima, una acción que es absolutamente contraria a lo que se entiende por perspectiva de género.
La utilización de fotografías y transferencias bancarias, entre otros elementos, fueron utilizados –según se detalla en la sentencia– por la defensa encabezada por Ángel Valencia para prejuiciar al tribunal, tratando de invalidar la postura de la víctima. Finalmente, el acusado fue condenado por el delito de secuestro.
En otra causa que se mantiene vigente, Valencia asumió la defensa de David Calcumil Gutiérrez, quien fue formalizado por violencia intrafamiliar y violación contra su esposa, a quien en junio de 2021 el imputado amenazó de muerte y posterior a ello agredió con golpes de pie y puños en el rostro y el cuerpo, para luego proceder a violarla anal y vaginalmente.
Según fuentes cercanas a Ángel Valencia, esta causa la delegó recientemente «porque su actual postulación puede condicionar los argumentos de la defensa, y prevenir conflictos de intereses». Asimismo, sostienen estas fuentes que, en su carrera profesional de casi 30 años, «son muy pocos casos de este estilo que él ha asumido como defensor».
