Catalina Pérez (RD), vicepresidenta de la Cámara: «El desafío de entregar certidumbres es un esfuerzo que debe liderar el Gobierno»

Después de un proceso plagado de complejidades, presiones, disputas ideológicas y constantes desencuentros entre la ciudadanía y quienes fueron elegidos para plasmar dichas demandas sociales en una nueva Carta Fundamental, la clase política se vio apremiada y obligada a forzar un acuerdo constitucional que, según alertan algunas voces oficialistas, no dejó satisfecho a ningún sector, y dejó la impresión de lo que precisamente el estallido social de 2019 enjuició y cuestionó con dureza: aquella política que se decide entre cuatro paredes, con partidos desconectados de la realidad, imponiendo términos y cambiando las reglas del juego, a su antojo.

Precisamente, un diagnóstico de esta naturaleza es el que hace la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez, que se refirió a un acuerdo que, más que plantear los bosquejos iniciales del proceso, delineó también la forma y fondo, acordando gran parte del trabajo a futuro. Al respecto, la parlamentaria de Revolución Democrática (RD) reconoció que el triunfo del Rechazo en el pasado plebiscito del 4 de septiembre obligó al oficialismo a reafirmar las convicciones de cambio, instándoles a diseñar un proceso en condiciones distintas al del acuerdo del 15 de noviembre, el que –asume– se acercaba mucho más a las pretensiones de la alianza de Gobierno, sector que ha debido ceder frente al empoderamiento de una derecha que ahora busca imponer sus propios términos.

En ese contexto, la vicepresidenta de la Cámara asume que el país transita un momento de «inflexión política», en donde los partidos tradicionales viven diferentes procesos de reestructuración, fenómeno que la parlamentaria reconoce en sectores de oposición como la DC, o el surgimiento de nuevos espacios de representación como el PDG o el Partido Republicano. Sin embargo, además, Pérez también reconoce lo propio en un oficialismo que también se reordena, a propósito, por ejemplo, del reciente éxodo de más de 50 militantes de Comunes –liderados por la diputada Emilia Schneider– hacia Convergencia Social, y que reflotó la vieja idea de un partido único en el Frente Amplio.

-Diputada, ¿es el acuerdo constituyente un motivo para celebrar en el oficialismo? ¿Cuál es la sensación de su sector respecto a dicho proceso? ¿Hay disconformidad con la forma y el fondo de esta discusión?
-Existe un sabor amargo respecto del proceso, pero también existe la convicción de que Chile merece una nueva Constitución, y el compartir ambas ideas ha sido algo difícil, muy acorde al momento político que estamos viviendo, después de un plebiscito del 4 de septiembre que para nosotros reafirma las convicciones de cambio, más obliga a diseñar un proceso en condiciones distintas al proceso que diseñamos el 15 de noviembre. Y lo hacemos con la convicción de que mantener abierta la posibilidad de transformar Chile, exige el tener también una nueva Constitución que habilite el debate democrático, que logre ser capaz de conducir los procesos de cambio del Chile del siglo XXI, y no ser una camisa de fuerza para las transformaciones, como es la actual Constitución de 1980.

-¿No cree que no ha existido la suficiente autocrítica, por parte del oficialismo y de las fuerzas progresistas, en torno a la fallida Convención y al fracaso en el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Cuáles son los aspectos que se hicieron mal por parte de su sector, que permitieron el empoderamiento de la derecha a partir del triunfo del Rechazo?
-Creo que Chile habita un momento de inflexión política, que está muy caracterizado por un ánimo más de destituir que de constituir. Creo que hay una enorme crisis política de representación, que hace que incluso los que han sido llamados y elegidos para constituir una propuesta constitucional que refleje un Chile distinto, son también destituidos en ese proceso, en un ciclo de muchísima desconfianza.

En ese sentido, creo que, por supuesto que se pudo haber hecho mucho más, en términos de vincular las urgencias de la ciudadanía y la nueva Constitución como una respuesta concreta a ellas, en términos de la conversación pública, pero creo que también el resultado obedece a este diagnóstico político de este Estado societario que tenemos en Chile, y es algo de lo que creo que tenemos que hacernos cargo para enfrentar esta nueva oportunidad constitucional que termina abriéndose, no en los términos en que nos hubiese gustado, pero sí en los términos en que fue posible, dada la correlación de fuerzas que existe a nivel institucional y la ausencia de presión social, a nivel de las calles en nuestro país, que suman una ecuación compleja para las fuerzas progresistas y de cambio.

-Usted se refiere a mínimos civilizatorios que debiesen ser el piso de la nueva propuesta constitucional, ¿están en cuestión aspectos del fallido proceso anterior, tales como paridad o representación de pueblos originarios en el órgano redactor? ¿Son elementos que tensionaron el debate interno oficialista?
-Es relevante diagnosticar en qué piso estamos parados hoy día, respecto del piso en el que estábamos parados ayer, y teniendo una evaluación crítica de las condiciones del nuevo acuerdo, que nos gusta mucho menos de aquel del 15 de noviembre que con tanta convicción defendimos, también hoy día la conversación política o desde dónde se parte gracias a la movilización, también ofrece mínimos civilizatorios distintos, y ahí la paridad, la participación de pueblos originarios o el Estado social y democrático de Derecho, están menos puestos en cuestión.

-En ese sentido, ¿cómo cree que es posible dar certezas sobre la continuidad de un proceso constituyente, en el contexto de un sistema político en crisis? ¿Cuál es su visión al respecto?
-Creo que otro fenómeno tiene que ver con el reorden de las fuerzas políticas, el cual creo que se da a toda escala. O sea, hoy día la crisis que existe en la Democracia Cristiana es un ejemplo de aquello, la recomposición de partidos de derecha, el surgimiento de Republicanos o el Team Patriota, o también la reestructuración en el progresismo o en la alianza de Gobierno, que hoy se constituye como una alianza única, más allá de la diversidad que representa. Entonces, hay una rearticulación y un rearme de los actores políticos, el que además creo que es otro síntoma de este momento de inflexión política que vivimos en Chile, caracterizado por el surgimiento de nuevos actores, la generación de discursos populistas, la puesta en cuestión de mínimos civilizatorios, y este ánimo de destitución social y de mantención de una crisis política, democrática y de representación de la cual tenemos que hacernos cargo.

-¿Cómo observa la reestructuración de su propio sector, conociendo por ejemplo la reciente fuga de más de 50 militantes de Comunes hacia Convergencia Social –liderados por la diputada Emilia Schneider–, y asumiendo posibles nuevas alianzas al interior del Gobierno? ¿Podría dicha reestructuración influir negativamente en el liderazgo del Mandatario y en la continuidad de la ruta constitucional?
-Pienso que el desafío de entregar certidumbres y seguridades, es un esfuerzo que debe liderar el Gobierno y el Presidente como Jefe de Estado, pero creo que es una responsabilidad de todas las fuerzas democráticas. Y en esa necesidad de entrega de certezas y de certidumbres, también hay una vocación transformadora que se representa en el rol que el Gobierno cumple, pero también en el momento que vive nuestra democracia, en el cómo somos capaces de generar un nuevo ciclo político en Chile, desde los espacios de representación, entendiéndolo como un mecanismo de transformación de las realidades, en el marco de muchas incertidumbres.

El cómo la política logra dar certezas, en un momento de incertidumbre, creo que es el gran desafío que tenemos las diversas fuerzas de representación, obligadas también a una nueva rearticulación, a un rearme o revisión de los propios fundamentos al interior de los partidos y al interior de las diversas instituciones públicas.

-Ahora bien, y a propósito de la agenda anticorrupción que ustedes como bancada de RD, con el apoyo de otros sectores, han impulsado en la Cámara, ¿en que podrían aportar proyectos como el de municipio transparente –que cuenta con el apoyo del Ejecutivo– y de fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de Contraloría, para evitar casos como el del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba?
-Creo que el caso del exalcalde de RN Raúl Torrealba es muy ilustrativo de lo que ocurre hoy en muchos municipios del país, solo que este resulta ser a niveles escandalosos, donde los antecedentes que se han conocido dan cuenta de cómo se han ido estableciendo mecanismos y dinámicas para defraudar, y cómo instancias de fiscalización, ya sea por falta de competencias u otros motivos, no han logrado ponerle freno. Y ahí creo que el Congreso debe tomar esa posta y ocuparse de fortalecer las medidas contra la corrupción (…). Hoy necesitamos que los partidos tengan pronunciamientos contra esto y necesitamos que el Congreso Nacional mejore la legislación para poder prevenir casos como los que hoy día estamos viendo.

-Finalmente, ¿es parte de su preocupación que los partidos asuman mayor responsabilidad a la hora de sancionar a sus militantes que han sido salpicados por hechos de corrupción? ¿Le parece ético el hecho de que, por ejemplo, en la reciente elección de Fiscal Nacional en el Senado, uno de los voceros de la UDI sea el senador Iván Moreira, quien fue imputado vy posteriormente sobreseído– por facilitar boletas ideológicamente falsas, en el marco del Caso Penta?
-Considero sumamente complejo cuando tenemos parlamentarios que han sido condenados por casos de corrupción, donde además esos parlamentarios tienen un rol que jugar a la hora de definir, por ejemplo, al próximo Fiscal Nacional. Cuando tenemos elementos como ese, finalmente lo que se enloda es la confianza en las instituciones, y el Congreso Nacional no ha estado a la altura, y cuando además no se observa una sanción política y moral por parte de los colegas parlamentarios o por parte de los partidos a los que estas figuras representan, aumenta la gravedad, porque aumenta la sensación de complicidad y también la sensación de desafección por parte de la ciudadanía, de estos procesos. Son varios los nombres que hemos conocido en condiciones similares: Moreira, Zalaquett, Jovino Novoa, Jaime Orpis, por nombrar a algunas personas con afinidad política, y cuyas organizaciones no sancionan su actuar.