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Foto: Víctor Huenante, Agencia Uno.
Parlamentarios oficialistas señalan que La Moneda no está impulsando una reforma de la policía uniformada por cierta «deferencia» con la oposición, al estar en medio de tratativas para llegar a un acuerdo transversal en materia de seguridad. Lo cierto –apuntan observadores– es que, más allá de las iniciativas, la publicitada reforma de Carabineros hasta ahora se ha quedado solo en palabras. Algo que no es exclusivo del Gobierno del Presidente Boric, sino que ha sido el «karma» de todas las administraciones anteriores, donde la «piedra de tope» ha resultado ser siempre la misma: la voluntad política de enfrentarse a una institución de la cual depende más de lo que se piensa. De hecho, la “Comisión para la reforma de las policías” no ha mantenido reuniones, y la “Unidad Consultiva para la reforma” ha llevado a cabo solo dos.
El lunes 19 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric fue parte de la ceremonia de egreso en la Escuela de Carabineros. «Desde que asumimos como Gobierno hemos estado sosteniendo (…) un trabajo colaborativo con Carabineros de Chile y también con la PDI. Quiero que sepan que cuentan con todo nuestro respaldo para resguardar el Estado de derecho”, dijo cuando tomó la palabra.
En su primera Cuenta Pública, el 1 de junio de este año, el Jefe de Estado anunció –dentro de sus propuestas de mejoras en justicia y seguridad– la reforma de Carabineros de Chile, precisando que llevarla a cabo significaría “mejorar la seguridad del país, y es renovar una institución que cumple un rol fundamental en el Estado».
Un mes después, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches –con la presencia del subsecretario de dicha cartera, Manuel Monsalve, y del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara–, informó los lineamientos generales del proceso de reforma del área señalada y presentó a los miembros que integrarían la “Comisión para la reforma de las policías” y la “Unidad Consultiva para la reforma”. Ese día se explicó que trabajarían bajo cinco principios: la subordinación a la autoridad civil; eficacia policial; transparencia y probidad; enfoque de género; y enfoque de derechos humanos.
Tal disposición respondía al impulso inicial del actual Gobierno y que fue fijado por el propio Presidente como «un tema prioritario». Pidió a Interior y a las subsecretarías de la cartera que se tomara lo que había dejado el equipo de Sebastián Piñera y que se le pusiera acelerador a una reforma que, además, requirió se hiciera en coordinación con Carabineros.
Desde entonces, la publicitada reforma de la policía uniformada se ha quedado solo en palabras. Algo que no es exclusivo del Gobierno del Presidente Boric, sino que ha sido el «karma» de todas las administraciones anteriores, donde la «piedra de tope» ha resultado ser siempre la misma: la voluntad política de enfrentarse a una institución de la cual depende más de lo que se piensa. De hecho, la “Comisión para la reforma de las policías” no ha mantenido ningún encuentro, y la “Unidad Consultiva para la reforma” solo lo ha hecho en dos ocasiones.
La “Comisión para la reforma de las policías” está integrada por la ministra del Interior y los subsecretarios de la cartera, además de los titulares de Hacienda, de Justicia, y de la Mujer y la Equidad de Género. Asimismo, autoridades como el general director de Carabineros de Chile, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, la defensora de la Niñez, el presidente de la Corte Suprema, entre otras. Esta instancia no ha mantenido reuniones. Según quienes son parte de ella, no ha habido ninguna citación aparte del día de la inauguración.
Consultada la Subsecretaría del Interior dirigida por Manuel Monsalve, se abstuvo de hacer declaraciones. Explicaron que casi el total del equipo está desplegado en función de los incendios en la Región de Valparaíso.
Conforman la “Unidad Consultiva para la reforma” especialistas de distintas universidades, como la U. Católica, la U. de Santiago, un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH), integrantes de centros de estudios de diferentes tendencias políticas, como Instituto Libertad y Nodo XXI, un gobernador, un alcalde, y las cabezas de las comisiones de Seguridad en la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.
La instancia se ha celebrado dos veces. Sobre esto, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, respondió que están «trabajando con sentido de urgencia porque la seguridad es nuestra prioridad. Como nos pidió el Presidente Gabriel Boric, estamos avanzando en la Reforma a las policías».
“Espero que, una vez que se termine el Acuerdo por la Seguridad, estas comisiones empiecen a funcionar con mayor rapidez, porque la tramitación de una reforma de Carabineros puede ser bastante larga, y creo que efectivamente durante 2023 debe ser discutida y presentada para lograr su aprobación”, plantea el diputado Matías Ramírez (PC).
“Evidentemente el Gobierno ha tomado como prioridad tener una agenda de seguridad que busque dar tranquilidad a la población más inmediata”, admite el diputado.
Explica, además, que entiende que el Ejecutivo ha buscado un acuerdo amplio y que, en ese sentido, conocen que “la oposición es reacia a una reforma a las policías”. Sin embargo, subraya que se debe actuar según las «necesidades y lo que fueron los compromisos en campaña. El programa de Gobierno habla de una reforma importante de las policías”, puntualiza.
Parlamentarios oficialistas consultados señalaron en reserva que entendían que, durante una negociación con la derecha, a través de la mesa de seguridad que está liderando la ministra del Interior, Carolina Tohá, por un tema de deferencia el Gobierno no debía empujar una reforma de las policías. Esto, por ser la iniciativa una temática que despierta contradicciones entre ambos bloques.
El diputado independiente cercano al Partido por la Democracia (PPD) y que es parte de la mesa conformada por la ministra Tohá, Jaime Araya, plantea que “puede salir como parte del acuerdo el que se priorice una reforma a Carabineros”.
Agrega que, con la búsqueda de un acuerdo en seguridad, “no se han paralizado las otras líneas de acción que tenía que llevar adelante el Gobierno” y dio como ejemplo los cinco proyectos que ingresó el Ejecutivo esta semana a raíz de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, anunciada este martes 20 de diciembre por el Primer Mandatario.
Los parlamentarios oficialistas consultados aseguraron que la reforma de las policías no era un tema que habían olvidado, junto con precisar que, “más allá de las deferencias, esperamos que sea un eje que se empiece a mover de manera mucho más rápida a partir de 2023”.
Fuentes gubernamentales niegan una pausa en el avance en la reforma de las policías y explican que existe una coordinación entre equipos técnicos de las subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito, dirigida por Daniela Cañas –quien es jefa de la División Jurídica y Legislativa de Prevención del Delito–, que se reúnen semanalmente para avanzar en la señalada reforma
Según un documento al que tuvo acceso El Mostrador acerca del avance de estos equipos, se ha buscado trabajar sobre “carrera y profesionalización», abarcando la redefinición de políticas de ingreso y un plan de incentivos para la profesionalización y perfeccionamiento.
Por otra parte, se especifican las principales líneas de trabajo que ha mantenido el Ejecutivo con las instituciones policiales, que son incluir de forma explícita el concepto de legitimidad como articulador de la planificación policial, para incrementar la eficiencia y eficacia en los ámbitos operativos y administrativos; fortalecer el enfoque de derechos humanos de manera transversal sobre los distintos ejes que componen el plan estratégico; incluir, también, el enfoque de género de manera transversal sobre los distintos ejes; y fortalecer el enfoque de transparencia y probidad en los procesos internos.
Al interior del Congreso, parlamentarios que son parte de la base de Gobierno cuentan que, una vez firmado el acuerdo en materia de seguridad, van a empezar a impulsar de nuevo una reforma de las policías. Afirman que es parte de “la identidad de Apruebo Dignidad”, y que fue un tema impulsado por el programa gubernamental.
Y es que explican que es una demanda que se remonta a años atrás. Solo basta recordar que el 26 de enero de 2020 –en medio de las protestas tras el 18 de octubre de 2019–, llegó hasta la Dirección General de Carabineros un grupo de militantes del Frente Amplio con un cartel que decía «Para un nuevo Chile una nueva policía». Entre quienes lo sostenían, estaban la actual ministra de Bienes Nacionales y en ese entonces cabeza de Comunes, Javiera Toro; la nueva embajadora de México, Beatriz Sánchez (Ind.); los diputados Maite Orsini (RD) y Gonzalo Winter (CS); y el parlamentario, ahora del Partido Liberal y presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic.
El 5 de marzo de 2020, Gabriel Boric, siendo diputado, tuiteó que el “Gobierno de Chile debe comenzar la reforma a la institución ya”.
Aunque actualmente al interior del Gobierno se habla de “reforma a las policías», en un principio el programa de Gabriel Boric proponía –entre las páginas 214 y 215– una “refundación de las policías de manera progresiva», a la vez que se establecía un plazo estimado de implementación «gradual» de diez años.
Tenía como ejes el control civil sobre la actividad policial; la descentralización de las políticas de prevención, otorgando más atribuciones a los gobernadores y alcaldes; el fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de la estructura militarizada y de la autonomía institucional.
Se proponía “escalafón único, en el que los techos de crecimiento en la carrera profesional de policías no varíen en función de la capacidad de pago, sino que del mérito funcionario”, que los procesos de formación dependieran del Gobierno, y planes conjuntos como el de derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Leiva, señala que es fundamental efectuar una reforma estructural para producir un aumento de la legitimidad de la actual policía y mejorar la percepción: “Carabineros mejor formados y orientados, sin lugar a dudas van a dar mejores resultados”.
“La mayor correlación entre escalafón único, entre que exista mayor movilidad, que los ascensos no estén determinados única y exclusivamente por la antigüedad, sino también por la capacidad, por la preparación, esos temas hay que tratarlos en profundidad en la reforma”, detalla.
La diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, sostiene que se les cuestiona “por plantear la necesidad de generar cambios en la institución de Carabineros”, cuando explica que esto va de la mano con «fortalecer la institución de Carabineros”.
Puntualiza que la preocupación es que tengan mejores herramientas para perseguir “adecuadamente” el delito, y que esto “es una convicción que vamos a seguir defendiendo”.
Jaime Araya (Ind.-PPD) subraya que “es fundamental una reforma de Carabineros que permita una policía que tenga la capacidad y la preparación para responder de manera adecuada a los desafíos que implica enfrentar las nuevas formas de criminalidad, especialmente el crimen organizado. Dotarlos de las mejores herramientas materiales y niveles de formación», agrega.
El compromiso transversal por la seguridad “verá la luz muy prontamente, antes de fin de año”, dijo el Presidente el martes 20 de diciembre en La Moneda, en el marco de la presentación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Tras sus palabras, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que «el trabajo se inició con el objetivo de sacar el acuerdo a fin de año y yo creo que lo vamos a sacar a fin de año».
La secretaria de Estado explicó que «hay una gran cantidad de acuerdos que se han logrado y hay materias que todavía tenemos que pulir. Esa es la tarea que tenemos estos días con una mesa técnica, y la próxima semana cerrar con el pleno de los participantes”.
Según un parlamentario que ha estado presente en las reuniones que comenzaron el 21 de noviembre, desde la izquierda se planteó que el Gobierno “debe apurar” la “Comisión para la reforma de las policías” y la “Unidad Consultiva para la reforma”.
Y en línea con lo expresado por la titular del Interior, la misma fuente explicó que existen temas en los que hay mayor acuerdo y que el equipo técnico de la señalada cartera les estaría dando bajadas. Sin embargo, parlamentarios que son parte de la mesa y que fueron consultados por El Mostrador, advierten que todavía están lejos de arribar a un acuerdo y no saben si se cumplirá el plazo que espera la ministra Tohá.
“Hay un sector del oficialismo al que no le gusta abordar ciertas materias, que para nosotros son fundamentales. Como el control migratorio, el control preventivo, ampliar el plazo de detención, la defensoría de las víctimas”, explica el diputado Andrés Longton (RN), que ha sido parte de las tratativas.
Y es que, de acuerdo a quienes han participado de las conversaciones, hay dos temáticas que traban el avance: migración y la actualización a la Ley Antiterrorista. Esto, además de la molestia que produjo en la derecha que el Gobierno presentara esta semana un plan contra el crimen organizado en medio de las tratativas por seguridad. En reserva advertían que, tras ese movimiento del Ejecutivo, empezarían a mover sus propios proyectos de ley en el Congreso sin esperar al fin del acuerdo.
Desde el inicio de las conversaciones de la derecha con Tohá –el 14 de noviembre tuvieron su primera reunión con la ministra—, pusieron como tema primordial la implementación de cambios a la Ley Antiterrorista, respecto a lo cual la mayor parte del oficialismo no ha mostrado señales de querer avanzar.
Al interior de las huestes oficialistas aseguran que las palabras del Presidente en La Araucanía en noviembre, cuando dijo que “ha habido actos de carácter terrorista», les jugaron en contra, ya que reforzaron la idea de la derecha y la pusieron en tabla.
Desde la oposición, en tanto, cuentan que pusieron sobre la mesa un proyecto de Ley Antiterrorista que contaba con actualizaciones para “mejorar la investigación», como la tipificación de las conductas que caben dentro de la misma de manera más clara, al tiempo que se establecían técnicas especiales de investigación y se proponían penas más altas que las de crimen organizado, entre otros puntos. Y –según una fuente– estarían esperando la respuesta de los representantes en la mesa de la alianza de Gobierno.
Uno de los negociadores del oficialismo relata que, en una reunión hace dos semanas, representantes de la oposición pidieron que se le pusiera urgencia a una reforma a la Ley Antiterrorista propuesta por Sebastián Piñera. La persona que estaba representando al Gobierno en la cita habría respondido que el plan lanzado por el Presidente Boric el martes, sobre crimen organizado, habilitaría herramientas especiales de investigación cuando se trate de un delito terrorista. La misma fuente detalla que, para el funcionamiento de este punto, se necesita tipificar con claridad cuáles son las conductas consideradas terroristas, para lo cual se había conversado que, durante el primer cuatrimestre del próximo año, se proponga una comisión para elaborar una nueva legislación Antiterrorista.
Precisamente sobre la Ley Antiterrorista, y en dicha línea, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó –en entrevista con La Tercera el sábado 24 de diciembre– que el “Gobierno está disponible para tener una legislación que cumpla con estándares internacionales y lo que conversamos con los parlamentarios es que había que darse el primer semestre del 2023 para construir una propuesta más transversal y así, en el segundo semestre, tener un proyecto de ley o una indicación a las iniciativas que ya hay en el Congreso para tener una nueva norma”.
Quienes son parte de las conversaciones explican que el modus operandi consiste en dos representantes por partido, los que se hacen parte de las reuniones de un eje temático, como control, persecución, sanción y otros. Algunos dicen que este diseño genera dificultad en los avances, por no hallarse representado el total de los partidos en cada tema.
Además, aseguran que las reuniones son muy amplias, algunas veces con más de treinta personas, y que «en una hora no se logra avanzar lo suficiente en las conversaciones», precisan. Frente a esto, cuentan que el Gobierno está diseñando encuentros más pequeños, donde haya un representante por coalición. Sin embargo, un negociador oficialista señala que la comunicación con la derecha no ha sido eficiente y que podrían interpretar esta nueva modalidad como “patada en la guata”.
