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Crédito: Agencia Uno
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que aplique una multa de 3.500 Unidades Tributarias Anuales ($2.568 millones) al Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por perjudicar a sus clientes hipotecarios tras ejecutar una «infracción anticompetitiva» en 2017 en una licitación pública a la que convocó para elegir, por dos años y por cuenta y cargo de sus clientes, «el seguro de desgravamen colectivo y su corretaje». El jefe (s) de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, sostuvo que BCI infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la antes mencionada licitación, pues «excluyó arbitrariamente la propuesta que ofrecía la prima más baja, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, y declaró ganadora a una propuesta más costosa».
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que aplique una multa a beneficio fiscal de 3.500 Unidades Tributarias Anuales, o sea, $2.568 millones, al Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por perjudicar a sus clientes hipotecarios.
La Fiscalía sostuvo que el banco realizó una «infracción anticompetitiva» en 2017 en una licitación pública a la que convocó para elegir, por dos años y por cuenta y cargo de sus propios clientes hipotecarios, «el seguro de desgravamen colectivo y su corretaje».
A raíz de esto, la FNE sostuvo en el alegato que BCI debe ser sancionado por dos motivos. Primero, por la posición de dominio que tenía respecto de sus clientes como ente licitante y único incumbente, a través de la filial BCI Corredores.
Y segundo, por el «comportamiento injustificado que tuvo en la licitación de 2017 y que causó un perjuicio a sus clientes, lo cual implicó que BCI recibiera ingresos que no le correspondían».
El jefe (s) de Litigios de la Fiscalía Nacional Económica, Eduardo Aguilera, sostuvo que BCI infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la antes mencionada licitación, pues «excluyó arbitrariamente la propuesta que ofrecía la prima más baja, presentada por la aseguradora Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, y declaró ganadora a una propuesta más costosa».
Esto «fue en directo perjuicio de los deudores hipotecarios de este banco que eran parte de la póliza colectiva, quienes debieron asumir una prima superior a aquella ofrecida por la mejor oferta», complementó.
Lo anterior «implicó que durante los dos años de vigencia de la póliza pagaran por el seguro de desgravamen un sobreprecio de UF 66.827, que equivalen a $2.344 millones actuales. Lo anterior, sin considerar los casi 30 mil clientes que se sumaron a la cartera hipotecaria de BCI entre septiembre de 2017 y agosto de 2019».
BCI «logró beneficiarse económicamente obteniendo de modo mensual, durante dos años, ingresos que no habría recibido si la licitación hubiese operado en condiciones competitivas y se hubiese asignado la misma a la oferta más baja», concluyó Aguilera.
